Más de medio millón de personas marcharon este 23 de octubre por Buenos Aires para exigir al Gobierno de Javier Milei que aplique la Ley 27.795 de financiamiento universitario, mientras el presidente recibía en Washington el premio “Global Champion of Free Enterprise”, concedido por la Cámara de Comercio de Estados Unidos. La movilización, convocada por las 64 universidades nacionales y los sindicatos docentes y no docentes, se extendió también a Córdoba, Rosario, Mendoza y otras grandes ciudades, y se convirtió en la quinta protesta masiva contra el congelamiento de los recursos del sistema público.
La jornada expuso una contradicción central del conflicto: mientras Milei era distinguido por representantes del empresariado estadounidense por su defensa de la libertad económica, una multitud reclamaba en Argentina el cumplimiento de una ley aprobada por el Congreso y respaldada posteriormente por los tribunales. La protesta superó ampliamente el ámbito universitario. Camioneros, empleados estatales, jubilados y organizaciones de personas con discapacidad se sumaron a una concentración que tuvo como eje la defensa de la educación pública, pero que también expresó un malestar social más amplio.
Una ley vigente que permanece congelada
La Ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025 con dos objetivos principales: recuperar parte del poder adquisitivo perdido por los salarios docentes y no docentes debido a la inflación, y actualizar las becas estudiantiles. El 10 de septiembre, Milei la vetó por completo, pero el Congreso anuló el veto al reunir las mayorías de dos tercios requeridas por la Constitución: Diputados lo hizo el 17 de septiembre y el Senado, el 2 de octubre.
Ante ese revés legislativo, el Gobierno promulgó la norma el 21 de octubre mediante el Decreto 759, aunque suspendió su aplicación hasta que el Congreso identificara las fuentes de financiamiento. El resultado es una situación jurídicamente paradójica: la ley está formalmente vigente, pero sus beneficios no se ejecutan. Para las universidades y los sindicatos, esa maniobra equivale a un segundo veto, aplicado mediante un decreto posterior a la ratificación parlamentaria.
El Gobierno sostiene que la aplicación de la norma generaría un gasto sin financiamiento cercano a 2,5 billones de pesos, unos 1.600 millones de dólares, equivalentes al 0,3 % del producto interno bruto. El argumento fiscal es el fundamento de su resistencia, aunque el conflicto dejó de ser únicamente presupuestario cuando el Ejecutivo decidió mantener suspendida una ley que sobrevivió al veto presidencial y fue defendida por resoluciones judiciales.
La disputa llegó a la Corte Suprema
A pedido del Consejo Interuniversitario Nacional, el juez federal Martín Cormick ordenó en diciembre que el Estado pagara los aumentos salariales y actualizara las becas. La Cámara de Apelaciones confirmó la medida en marzo y la Corte Suprema hizo lo mismo en junio. El Gobierno, sin embargo, mantuvo su negativa y llegó a intentar recusar a los jueces del máximo tribunal con el argumento de que su actividad como profesores universitarios podía afectar su imparcialidad.
El 6 de octubre, Cormick declaró inconstitucional la cláusula del Decreto 759 que suspendía la aplicación de la ley. Además, impuso al jefe de Gabinete, Diego Santilli, una multa de 100.000 pesos por cada día de demora en el cumplimiento. La sanción, cercana a 65 dólares por jornada, tiene un efecto principalmente simbólico y no ha logrado modificar la posición oficial. La falta de ejecución de los fallos convirtió el reclamo universitario en una prueba relevante sobre la capacidad de las instituciones para hacer cumplir sus propias decisiones.
Salarios, becas y funcionamiento
Los sindicatos calculan que la aplicación de la ley permitiría un ajuste salarial de alrededor del 35 % para el personal docente, además de reforzar las becas y actualizar los gastos operativos de las universidades. No se trata de una expansión extraordinaria del sistema, sino de una recomposición parcial después de años de inflación y deterioro de los ingresos. Las universidades advierten que la pérdida acumulada afecta tanto a la permanencia de los trabajadores como a la posibilidad de que los estudiantes de menores recursos continúen sus carreras.
Por eso, el alcance de la protesta excede la discusión sobre una partida concreta. La disputa define qué lugar ocupará la universidad pública dentro del modelo económico y social que impulsa Milei. Sus críticos sostienen que la combinación de desfinanciamiento, congelamiento salarial y presión sobre el gasto puede reducir progresivamente la oferta pública en beneficio de las instituciones privadas. El Gobierno no ha presentado, según el texto analizado, una política alternativa detallada para compensar ese deterioro, pero su resistencia a financiar la ley refuerza esa interpretación.
Una batalla con consecuencias políticas
El movimiento universitario se consolidó como el principal espacio de movilización opositora al Gobierno. Su capacidad para convocar a sectores heterogéneos lo convierte en una caja de resonancia del descontento, aunque todavía no en una fuerza suficiente para cambiar el rumbo oficial. La comparación con las protestas estudiantiles chilenas de 2011 resulta útil por una razón: en ambos casos, la defensa de la educación pública puede concentrar demandas sociales que exceden a los estudiantes.
Su límite está en la debilidad del campo progresista para transformar la protesta en una alternativa electoral creíble. El kirchnerismo no logra ofrecer una identidad renovada para ese malestar, mientras el antikirchnerismo continúa siendo una de las referencias políticas más fuertes del país. En ese contexto, las marchas pueden aumentar el costo político de las decisiones del Gobierno sin necesariamente alterar su programa.
La confrontación también revela una fractura generacional. La universidad pública representa para una parte de la juventud una idea comunitaria de la sociedad y una relación de confianza con el Estado. En otra parte de los jóvenes, especialmente entre quienes estudian en instituciones privadas o trabajan en condiciones informales, arraigan el individualismo y el rechazo a las estructuras políticas tradicionales. Esa división explica por qué la disputa universitaria será importante de cara a 2027: no solo decidirá cómo se financian las universidades, sino también qué proyecto de Estado logrará interpelar a la próxima generación.
