Cientos de jóvenes portugueses pasaron la noche del sábado al domingo acampados en la plaza del Rossio, en el centro de Lisboa, para exigir alquileres asequibles y una política de vivienda pública más ambiciosa. La movilización convirtió uno de los espacios principales de la capital en un campamento improvisado y trasladó a Portugal una forma de protesta juvenil que ya se ha extendido por Madrid, Oporto y otras ciudades europeas.
Alquileres al límite
Los manifestantes responsabilizan al Gobierno conservador de Luís Montenegro de favorecer a los propietarios y al sector inmobiliario frente a quienes no pueden asumir el coste de la vivienda. João Veloso, uno de los portavoces de la acampada, reclamó límites a las rentas, la retirada de la nueva legislación sobre arrendamientos y el uso de inmuebles públicos para ampliar la oferta de alquiler asequible.
El conflicto refleja una brecha creciente entre los ingresos y el precio de la vivienda. Los organizadores sostienen que muchos jóvenes no pueden emanciparse incluso teniendo empleo, mientras los propietarios pueden elevar las rentas en cien o doscientos euros de un año para otro. Su diagnóstico apunta a que dejar la solución en manos del mercado no está conteniendo la crisis, sino trasladando sus costes a las nuevas generaciones.
La acampada comenzó tras una manifestación de la Confederación General de los Trabajadores Portugueses contra la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de la vida. La Policía cifró en al menos 2.500 las personas reunidas durante la tarde, aunque la asistencia disminuyó por la noche. La protesta se desarrolló bajo una presencia policial discreta y continuó pese a las advertencias sobre la imposibilidad de mantenerla hasta la madrugada.
Los cánticos dirigidos a Montenegro, incluida la amenaza simbólica de ocupar su vivienda, muestran que el problema habitacional se ha convertido también en un desafío político para el Ejecutivo. La protesta de Lisboa llega pocos días después del desalojo policial de una acampada en Oporto, cuya actuación fue denunciada por los participantes, y eleva la presión para que el Gobierno concrete medidas que vayan más allá de facilitar la actividad inmobiliaria.
