Los disturbios continuaron este domingo en París y Milán, dos de las principales capitales políticas y económicas de Europa, mientras las movilizaciones contra el aumento del costo de vida derivaban en enfrentamientos con la policía, saqueos y graves daños materiales. En Francia, las autoridades informaron de casi 2.400 detenidos y unos 1.000 agentes heridos tras la jornada del sábado. En Italia, alrededor de 200 personas fueron arrestadas desde el comienzo de los incidentes.
La dimensión de la violencia convirtió una protesta social extendida en un problema inmediato de orden público. En París, cientos de personas se concentraron sin autorización en la plaza de la República, en el centro de la ciudad. Las fuerzas de seguridad intentaron dispersarlas con gases lacrimógenos y granadas aturdidoras, mientras en las redes sociales circulaban llamados a mantener la movilización y a prolongarla hasta “agotar a los policías”, según relató Ali, un joven de 26 años presente en la concentración.
París intenta recuperar el control tras una jornada excepcional
La Federación de Comercio y Distribución estimó que al menos 1.500 establecimientos resultaron dañados en todo el territorio francés el sábado. La cifra permite medir el alcance económico de una jornada que no se limitó a choques aislados entre manifestantes y agentes: calles comerciales fueron afectadas, negocios sufrieron destrozos y numerosos trabajadores quedaron expuestos a interrupciones y pérdidas difíciles de absorber para pequeños comercios.
Las autoridades describieron lo ocurrido como un caos “sin precedentes” y comenzaron a preguntarse cómo pudo alcanzar semejante escala. La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, anunció una comisión parlamentaria que investigará tanto la violencia como la actuación de las fuerzas de seguridad. La oposición y varios alcaldes cuestionaron la respuesta policial, especialmente después de que dos adolescentes de 17 años sufrieran lesiones graves: uno perdió una mano en Saint-Étienne tras la explosión de una granada lanzada por agentes y otra joven perdió un ojo en Mulhouse.
El presidente Emmanuel Macron encargó al ministro del Interior, Laurent Nuñez, que extraiga “todas las lecciones necesarias” en materia de información y anticipación. La instrucción revela una preocupación que va más allá de la represión inmediata: el Estado busca determinar si fallaron los sistemas de inteligencia, la coordinación entre los cuerpos de seguridad o la evaluación de una protesta que inicialmente estaba vinculada a una demanda económica.
En Milán, la protesta también terminó frente a los comercios
En Milán, los enfrentamientos se repitieron por segundo día consecutivo alrededor de la plaza del Duomo. Grupos de jóvenes lanzaron botellas y otros objetos contra vehículos policiales, mientras la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los concentrados. Un supermercado de Via Torino fue saqueado y también se registraron daños en contenedores, bicicletas y monopatines de uso compartido.
La violencia comenzó el sábado al margen de una manifestación autorizada contra el encarecimiento de la vida. Situaciones similares, aunque de menor intensidad, fueron reportadas en otras ciudades del norte de Italia, entre ellas Bolonia y Turín. El alcalde milanés, Giuseppe Sala, afirmó haber visto escaparates rotos, comercios saqueados y ciudadanos atemorizados. A su juicio, el episodio forma parte de un fenómeno que se está extendiendo en distintas ciudades y que recibe impulso de un contexto internacional cada vez más inestable.
La primera ministra Giorgia Meloni convocó una reunión de seguridad para el lunes. Su gobierno, una coalición entre la derecha y la extrema derecha que enfrentará elecciones en 2027, intenta proyectar autoridad frente a un escenario que combina malestar social, ataques a bienes privados y una creciente presión sobre las fuerzas policiales. Meloni definió a los responsables como “vándalos” que utilizan las manifestaciones para sembrar el caos y advirtió que protestar es un derecho, pero devastar las ciudades no lo es.
Una protesta económica con causas que desbordan las fronteras
El aumento del costo de vida constituye el punto de partida común en Francia e Italia. La presión sobre los hogares se ha intensificado por el encarecimiento de bienes y servicios, en un contexto influido también por la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, la rápida transformación de las marchas en disturbios muestra que la inflación no es la única explicación: la frustración acumulada, la desconfianza hacia las instituciones y la capacidad de las redes sociales para convocar y coordinar grupos dispersos también están modificando la dinámica de la protesta.
En Francia, el malestar se suma a las movilizaciones de jóvenes que desde finales de septiembre reclaman mejores condiciones en los liceos. Macron pidió escuchar sus demandas “sin prejuicios y sin minimizar las dificultades”, aunque sostuvo que el gobierno está haciendo todo lo posible frente al encarecimiento de la vida. La incorporación de estudiantes a las protestas amplía el conflicto generacional y dificulta encuadrarlo únicamente como una disputa entre sindicatos, partidos y autoridades.
El riesgo político crece al mismo ritmo que la violencia
Las imágenes de París y Milán recorrieron el mundo y provocaron reacciones internacionales que trasladaron el debate desde la economía hacia la inmigración, la seguridad y la capacidad del Estado. El presidente estadounidense Donald Trump vinculó los disturbios franceses con la inmigración y reclamó normas migratorias más estrictas. El mandatario salvadoreño Nayib Bukele, cuya política de seguridad ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos, afirmó que su país había superado en un año un problema mucho más grave.
Estas intervenciones reflejan una disputa política más amplia: cada episodio de violencia urbana puede ser utilizado para defender respuestas más duras, aun cuando las causas originales estén relacionadas con salarios, precios, educación o servicios públicos. El desafío para París y Milán consiste en restablecer la seguridad sin deslegitimar las demandas sociales que dieron origen a las movilizaciones. Una respuesta centrada únicamente en la fuerza podría contener las calles durante algunas horas, pero también aumentar la desconfianza y alimentar nuevas protestas. La investigación parlamentaria francesa y la reunión convocada por el gobierno italiano serán, por eso, pruebas de la capacidad institucional para distinguir entre el derecho a manifestarse y la violencia organizada sin reducir todo el conflicto a una cuestión policial.
