Miles de estudiantes y otros manifestantes volvieron a marchar este miércoles 14 de octubre por Tirana, en una segunda jornada de disturbios que amplió el foco de las movilizaciones: de las demandas por el costo y las condiciones de la educación a un rechazo más generalizado a la corrupción y al Gobierno del primer ministro, Edi Rama. Los enfrentamientos dejaron edificios públicos y comercios dañados, mientras las autoridades desplegaron más de 2.000 agentes en la capital.
La violencia se concentró en el centro de la ciudad. Según medios albaneses, manifestantes incendiaron las dos primeras plantas del Ministerio de Educación y prendieron fuego a una garita de seguridad. Después forzaron la entrada al Ministerio de Finanzas, rompieron ventanas y sacaron mobiliario a la calle para quemarlo. También ardieron dos bancos; un testigo citado por Reuters vio fuego en una sucursal de Raiffeisen Bank cercana al Ministerio de Educación.
Frente a la oficina del primer ministro, la Policía utilizó granadas aturdidoras y cañones de agua para dispersar a los grupos que arrojaban piedras. Hubo intentos de entrar en la sede de la Comisión Electoral, que fueron repelidos. Los manifestantes destrozaron semáforos, cámaras de vigilancia, mobiliario urbano y escaparates; medios locales informaron además de ataques contra oficinas de la Presidencia del Parlamento.
Una agenda que desbordó las aulas
El malestar estudiantil incluye el deterioro de las instalaciones universitarias, el costo de los estudios, la falta de ayudas económicas y las escasas oportunidades laborales después de graduarse. Las movilizaciones se inscriben en una ola de protestas iniciada a fines de mayo, cuando activistas salieron en defensa de un humedal del sur de Albania amenazado por un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump. La controversia alimentó acusaciones de falta de transparencia y corrupción, aunque esas denuncias no equivalen por sí mismas a una determinación judicial.
Con el paso de los meses, las demandas se extendieron contra Rama y su Gobierno. El primer ministro obtuvo un cuarto mandato en las elecciones de mayo de 2025, pero ahora afronta un fuerte descontento por la percepción de corrupción entre altos funcionarios. El rechazo político tampoco se limita al oficialismo: las protestas alcanzan al conservador Partido Democrático, principal fuerza opositora. Esa amplitud muestra que la movilización reúne agravios distintos, aunque no necesariamente una agenda política compartida.
Las universidades de Elbasan y Shkodër suspendieron las clases en solidaridad con las protestas. En Tirana, una estudiante afirmó que los manifestantes no se detendrían hasta que Rama renunciara; otros corearon consignas de dimisión. Sin embargo, el Gobierno sostiene que hay intereses políticos detrás de los disturbios y cuestiona que todos los participantes sean estudiantes. La diferencia entre una protesta social y una movilización partidista se ha convertido así en parte de la disputa pública.
Llamamientos a la calma y balance de los choques
El presidente Bajram Begaj y el Gobierno pidieron que el derecho a protestar se ejerza sin violencia. Begaj defendió la protesta pacífica como fundamento democrático y advirtió también que la respuesta policial debe respetar la ley y la proporcionalidad. La Delegación de la Unión Europea en Albania expresó preocupación por la escalada y reclamó una actuación policial proporcionada.
La jornada del miércoles siguió a más de ocho horas de enfrentamientos el martes. En esa primera noche, la Policía empleó gases lacrimógenos y cañones de agua mientras se atacaban edificios públicos y comercios; algunos manifestantes saquearon oficinas financieras y más tarde irrumpieron en el Ayuntamiento. Cuarenta personas fueron detenidas. Según el Ministerio de Salud, necesitaron atención médica seis policías, ocho manifestantes, tres periodistas y dos transeúntes.
La extensión de los reclamos explica parte de la persistencia de la protesta, pero los ataques e incendios introducen un riesgo distinto: pueden debilitar el respaldo a las demandas estudiantiles y aumentar la confrontación con las autoridades. La evolución dependerá tanto de la respuesta del Gobierno a las quejas sobre educación y corrupción como de que las fuerzas de seguridad mantengan límites legales y los manifestantes eviten nuevos actos violentos.
