Francia vivió una de las jornadas más violentas desde el inicio de las movilizaciones contra la crisis educativa y el aumento del costo de vida. En Limoges, manifestantes encapuchados incendiaron un patrullero, rompieron los accesos e ingresaron al palacio comunal, un edificio histórico de 143 años. El fuego destruyó gran parte del techo y de la fachada, mientras los bomberos trabajaban para impedir el colapso total.
Una crisis que dejó de ser sectorial
El prefecto Maurice Barate calificó la destrucción como una “catástrofe para el patrimonio” local. Según su reporte, el tejado se derrumbó sobre las plantas inferiores y dos tercios de la fachada desaparecieron. La dimensión del daño convierte el episodio en algo más que un enfrentamiento callejero: evidencia que la protesta alcanzó edificios y servicios públicos que representan al Estado en el territorio.
El ministro del Interior, Laurent Núñez, informó que ya había 400 detenidos, mientras el presidente Emmanuel Macron prometió sanciones severas. Las autoridades estimaron entre 30.000 y 60.000 manifestantes en París y entre 90.000 y 170.000 en todo el país. En Marsella fueron atacadas una comisaría y el Ayuntamiento; en Lyon, la Oficina de Turismo sufrió daños e incendio. También se registraron lanzamientos de material pirotécnico contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos.
Las movilizaciones comenzaron en liceos e institutos del norte de París por la falta de docentes, la suspensión de clases y el deterioro edilicio. La incorporación de sindicatos, trabajadores, agricultores y “chalecos amarillos” amplió el conflicto hacia el costo del combustible, la pérdida de poder adquisitivo y el debilitamiento de la salud, el transporte y la educación. Esa convergencia explica la rápida expansión nacional, pero la violencia y la destrucción elevan el riesgo de que el reclamo social quede subordinado a la disputa por el orden público.
