Entre 30.000 y 50.000 personas, según la policía y el sindicato socialista FGTB, marcharon este viernes por Bruselas contra el plan de ajuste del Gobierno federal. La movilización, respaldada por los principales sindicatos y acompañada por trabajadores, estudiantes y docentes, constituye el cuarto gran desafío social del año al Ejecutivo de Bart De Wever.
Presión antes del presupuesto
La protesta llega durante la negociación presupuestaria en la que la coalición Arizona busca reunir unos 10.000 millones de euros adicionales. Los sindicatos rechazan modificar la indexación automática de los salarios, elevar el IVA o introducir el cómputo anual de la jornada laboral. Como alternativa, plantean recaudar unos 21.000 millones mediante una mayor contribución de las rentas del capital y de las grandes fortunas, además de reducir gastos considerados ineficaces.
La disputa entra ahora en una fase decisiva: Bélgica debe presentar su plan presupuestario a la Comisión Europea antes del 15 de octubre y De Wever expondrá la próxima semana su balance ante el Parlamento federal. La exigencia europea de consolidación fiscal limita el margen del Gobierno, pero también alimenta el argumento sindical de que el ajuste no debe trasladarse a trabajadores y beneficiarios sociales.
La FGTB ya tiene mandato para convocar una huelga general durante la semana del 23 de noviembre si el Ejecutivo cruza sus líneas rojas. La central cristiana CSC mantiene una posición más cauta y esperará el resultado de las conversaciones, aunque se sumó a la marcha tras visitar las sedes de los cinco partidos de la coalición. La diferencia de estrategia no elimina la amenaza: si fracasa el cónclave presupuestario, el conflicto podría pasar de la calle a una paralización nacional.
La jornada estuvo marcada además por huelgas en el transporte, con unos 140 vuelos cancelados en el aeropuerto de Bruselas, mientras que para el lunes se prevén nuevos paros ferroviarios y en los servicios públicos. Cerca de la estación Central se registraron enfrentamientos entre jóvenes y policías, que utilizaron agua y gas lacrimógeno. El episodio añade tensión a una protesta cuyo alcance político dependerá de si el Gobierno logra aprobar el ajuste sin fracturar a la coalición ni ampliar la movilización social.
