La Pre-COP31 concluyó en Fiji con una exigencia central para la próxima cumbre climática mundial: proteger de manera prioritaria a los países y comunidades más vulnerables, mantener el límite de 1.5 grados Celsius y acelerar la llegada de recursos para enfrentar los impactos que ya están ocurriendo. La reunión, celebrada del 5 al 8 de octubre en Nadi y con actividades de alto nivel en Tuvalu, reunió a líderes, ministros y negociadores de más de 100 países.
El encuentro confirmó que la discusión climática dejó de concentrarse únicamente en las metas futuras de reducción de emisiones. Para los pequeños Estados insulares del Pacífico y para numerosas naciones en desarrollo, el problema se expresa ahora en pérdidas agrícolas, inseguridad hídrica, daños a la infraestructura, desplazamientos y riesgos crecientes para la seguridad alimentaria. La emergencia ya forma parte de las decisiones económicas y sociales que los gobiernos deben tomar en el presente.
Cuatro prioridades para la negociación mundial
La Declaración de Taku Pakasoa condensó las principales demandas de los países del Pacífico. La primera es conservar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius, una meta que consideran indispensable para reducir los riesgos existenciales que enfrentan varias islas. El aumento de la temperatura intensifica las olas de calor, altera los patrones de lluvia y acelera la elevación del nivel del mar, factores que pueden comprometer territorios habitables y economías enteras.
La segunda prioridad es simplificar y ampliar el acceso al financiamiento climático. Los países vulnerables sostienen que los mecanismos actuales continúan siendo lentos, burocráticos y difíciles de utilizar para gobiernos con capacidades institucionales limitadas. La diferencia entre aprobar recursos y hacerlos llegar a una comunidad puede determinar si una población logra construir defensas, asegurar agua potable o recuperar sus medios de vida después de un desastre.
El documento también subrayó el papel de los océanos en la respuesta climática y reclamó una participación efectiva de las comunidades afectadas en las decisiones internacionales. La inclusión no se plantea únicamente como un principio político. Las poblaciones que viven en zonas expuestas poseen conocimientos sobre gestión del agua, protección costera, agricultura y recuperación ante emergencias que pueden mejorar el diseño de las políticas de adaptación.
Una advertencia con implicaciones para Guatemala
Aunque Guatemala está distante del Pacífico, los problemas discutidos en Fiji tienen equivalentes directos en el país. Las sequías recurrentes en el Corredor Seco, las tormentas tropicales, la inseguridad alimentaria y la vulnerabilidad de las comunidades rurales muestran que la adaptación no puede permanecer subordinada a las políticas de mitigación. Reducir emisiones es indispensable, pero no evita por sí solo los daños asociados a un clima que ya cambió.
Para Guatemala, la lección más concreta es la necesidad de orientar mayores recursos hacia la seguridad hídrica, la protección de los sistemas agrícolas y la infraestructura resistente a eventos extremos. También resulta decisivo fortalecer los sistemas de alerta temprana, la planificación territorial y las capacidades municipales de respuesta. Cuando estas medidas no existen, un fenómeno meteorológico se transforma con mayor facilidad en una crisis humanitaria y económica.
La urgencia es mayor porque los costos no se distribuyen de manera uniforme. Las comunidades rurales, los hogares con menores ingresos y las poblaciones que dependen directamente de la agricultura suelen contar con menos alternativas para recuperarse. Por eso, la adaptación debe evaluarse no solo por el número de obras construidas, sino por su capacidad para reducir desigualdades y proteger a quienes tienen menos recursos para absorber las pérdidas.
El financiamiento sigue siendo el punto crítico
Uno de los principales obstáculos identificados en la reunión es la distancia entre los compromisos internacionales y la realidad local. Los países vulnerables necesitan fondos previsibles, accesibles y adecuados para proyectos de largo plazo, pero con frecuencia se enfrentan a procedimientos complejos, requisitos técnicos y trámites que retrasan la ejecución. Esa demora reduce la eficacia de las respuestas y obliga a las comunidades a enfrentar cada temporada de lluvias o sequía con soluciones parciales.
La demanda de Fiji y de otros Estados del Pacífico coincide con una preocupación histórica de Guatemala: los países que menos contribuyeron a las emisiones globales suelen enfrentar algunos de los impactos más severos. La justicia climática, en ese contexto, no consiste solamente en transferir recursos, sino en garantizar que estos lleguen a los territorios expuestos y se utilicen con transparencia, participación comunitaria y objetivos verificables.
La experiencia presentada en la Pre-COP31 también cuestiona una visión que reduce a las comunidades vulnerables al papel de víctimas. En distintas localidades se desarrollan iniciativas de adaptación, conservación de recursos naturales y fortalecimiento de la resiliencia comunitaria. Esas prácticas pueden aportar soluciones más ajustadas a cada territorio, siempre que los gobiernos las integren en sus políticas y les proporcionen respaldo técnico y financiero.
Del territorio amenazado al liderazgo climático
Los líderes del Pacífico insistieron en que sus países no quieren ser definidos únicamente por el riesgo de desaparecer o sufrir daños irreversibles. Aspiran a ser reconocidos como fuentes de liderazgo e innovación frente a la crisis climática. Esa posición tiene relevancia para América Latina, donde los países vulnerables pueden dejar de ocupar un lugar pasivo en las negociaciones y utilizar su experiencia para impulsar reglas de financiamiento y adaptación más eficaces.
La advertencia de Fiji llega antes de una etapa decisiva para la diplomacia climática. Si las emisiones no disminuyen con mayor rapidez y el apoyo para la adaptación no aumenta, crecerán las pérdidas humanas, sociales y económicas. Pero la reunión también dejó una posibilidad política concreta: convertir la vulnerabilidad en capacidad de negociación, fortalecer la resiliencia desde las comunidades y exigir que las decisiones globales respondan a quienes ya viven en la primera línea del cambio climático.
