La Comunidad del Caribe (CARICOM) atraviesa una tensión que va más allá de las diferencias coyunturales entre gobiernos. Sus Estados miembros están adoptando respuestas cada vez más divergentes ante el peso de Estados Unidos en el hemisferio, y esa dispersión empieza a afectar el principal activo que el bloque puede ofrecer a sus integrantes: la capacidad de actuar juntos frente a potencias mucho más grandes.
Un bloque creado para coordinar, ahora obligado a elegir
Fundada en 1973, la CARICOM reúne a 15 naciones con una estructura política y económica marcada por la pequeñez territorial, la vulnerabilidad externa y una historia reciente de descolonización. Salvo Haití, independiente desde 1804, los otros 14 Estados soberanos alcanzaron la independencia entre las décadas de 1960 y 1980. Esa experiencia explica que el tratado constitutivo del bloque otorgue a la coordinación de la política exterior un lugar central.
Sin embargo, la coordinación se vuelve más difícil cuando la relación con Washington deja de ser interpretada de una sola manera. Para algunos gobiernos, Estados Unidos representa una fuente indispensable de seguridad, inversión y acceso político. Para otros, su predominio regional constituye precisamente el factor que hace necesario reforzar el derecho internacional, el multilateralismo y la igualdad soberana. Un tercer grupo intenta cooperar con Washington sin quedar atrapado por sus prioridades.
La diferencia no equivale a una división simple entre países favorables y contrarios a Estados Unidos. Es, más bien, una disputa sobre el modo en que los pequeños Estados pueden conservar margen de decisión en un sistema internacional más competitivo: reformando las reglas desde las instituciones colectivas o adaptándose pragmáticamente a quienes ya concentran el poder.
Mottley y Persad-Bissessar encarnan dos respuestas opuestas
La primera ministra de Barbados, Mia Mottley, se ha convertido en una de las principales exponentes de una estrategia de transformación multilateral. Su enfoque parte de que la autonomía de los países caribeños no depende únicamente de negociar individualmente con Washington, sino de fortalecer los mecanismos internacionales capaces de limitar las asimetrías y ampliar la voz de los Estados pequeños.
La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, representa una orientación distinta, centrada en el aprovechamiento pragmático del poder. En esta lógica, la relación con Estados Unidos puede aumentar la capacidad de acción nacional si se ajustan las prioridades de seguridad y desarrollo a los intereses de la potencia dominante. La cooperación deja de ser solo una necesidad geográfica y se convierte en una herramienta deliberada de posicionamiento.
Ambas posturas responden a una misma realidad: ningún Estado caribeño posee por sí solo suficiente peso para modificar el equilibrio regional. La divergencia surge al definir dónde se obtiene mayor autonomía. Para Mottley, la respuesta está en la acción colectiva y las instituciones; para Persad-Bissessar, en la capacidad de convertir la cercanía con Washington en ventajas concretas. La primera busca transformar el entorno de poder; la segunda procura operar eficazmente dentro de él.
El mapa diplomático se organiza en tres estrategias
Las declaraciones nacionales pronunciadas durante el Debate General del 81.º período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas permiten observar un continuo de respuestas. Guyana y Trinidad y Tobago se acercan con mayor claridad al bandwagoning, es decir, al alineamiento con la potencia predominante. En ambos casos, la seguridad, el desarrollo económico y el posicionamiento internacional aparecen cada vez más vinculados a una relación estrecha con Washington.
Haití ocupa una posición particular: su alineamiento está condicionado más por la necesidad que por una elección estratégica plenamente libre. La fragilidad de sus condiciones internas reduce el margen para una política exterior autónoma. Bahamas, Jamaica y Belice, en cambio, mantienen una vía intermedia: colaboran estrechamente con Estados Unidos cuando coinciden los intereses, pero preservan espacios de maniobra mediante la CARICOM y los organismos multilaterales.
Dominica, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Surinam muestran una forma más pronunciada de hedging. Estos países combinan compromisos prácticos con Washington y resistencia ante aspectos específicos de su agenda. La flexibilidad es aquí un recurso de supervivencia diplomática: permite evitar una ruptura con la potencia regional sin convertir la cooperación en dependencia política automática.
Barbados, Granada, San Vicente y las Granadinas, y Antigua y Barbuda se sitúan más cerca de un equilibrio blando o institucional. Su defensa de la soberanía, el derecho internacional y el multilateralismo busca contener el alcance de Estados Unidos sin recurrir a una confrontación directa. La clasificación, inspirada en el marco de Stephen M. Walt, describe tendencias predominantes y no identidades diplomáticas inamovibles.
La paradoja: más margen nacional, menos influencia regional
La diversidad de estrategias puede beneficiar a cada gobierno por separado. Un Estado puede obtener cooperación en seguridad, otro preservar independencia discursiva y un tercero aprovechar simultáneamente vínculos con Washington y con las instituciones internacionales. En un entorno multipolar, esa flexibilidad reduce el costo de apostar por una sola relación y permite responder a necesidades nacionales muy diferentes.
Pero el beneficio individual tiene un precio colectivo. La CARICOM gana influencia cuando consigue presentar posiciones comunes sobre soberanía, desarrollo, seguridad o gobernanza global. Si sus miembros llegan divididos a las negociaciones, la potencia externa puede tratar cada relación por separado y disminuir el valor de la coordinación regional. La asimetría, que el bloque buscaba compensar mediante la acción conjunta, vuelve a reproducirse dentro de la propia organización.
La invasión estadounidense de Granada en 1983 ya había demostrado que el consenso caribeño podía quebrarse ante una crisis de soberanía. La presión actual es diferente: no se concentra en un único acontecimiento, sino en una competencia prolongada entre grandes potencias y en una política hemisférica estadounidense más asertiva. El desafío para la CARICOM consiste en mantener una base común sin negar las necesidades de seguridad y desarrollo que empujan a algunos gobiernos hacia Washington.
El futuro de la organización dependerá menos de eliminar esas diferencias que de impedir que se conviertan en una parálisis permanente. La CARICOM funciona como un laboratorio de las opciones disponibles para los pequeños Estados: alinearse, equilibrar o resistir mediante instituciones. Su dilema central permanece intacto: las estrategias divergentes pueden ampliar el margen de maniobra de sus miembros, pero también pueden reducir la influencia diplomática colectiva que justifica la existencia del bloque.
