La ONU ha condenado el ataque con dron contra un centro de desplazados en Wad Al Mahi, en el sureste de Sudán, que dejó al menos 30 muertos, entre ellos mujeres y niños, según las autoridades locales. La agresión, atribuida a las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), golpeó a personas que ya habían abandonado sus hogares para escapar de los combates en el estado del Nilo Azul.
Denise Brown, coordinadora humanitaria de Naciones Unidas en Sudán, calificó las muertes de “sin sentido” y reclamó que los responsables rindan cuentas. En un comunicado difundido este sábado, advirtió de que el ataque representa un “flagrante desprecio” por el derecho internacional humanitario, cuyas normas obligan a proteger a la población civil, a los trabajadores humanitarios y a quienes buscan refugio durante un conflicto.
Un refugio convertido en objetivo
El ataque se produjo el día anterior contra un albergue destinado a personas desplazadas por la guerra. El gobernador de Wad al Mahi, Mahjub al Sheij, afirmó a la televisión estatal sudanesa que un dron perteneciente a las FAR había tenido como blanco el centro y había matado a 26 mujeres y cuatro niños. La comunicación de la ONU mencionó inicialmente la muerte de al menos 24 mujeres y cuatro menores, una diferencia que refleja la incertidumbre habitual en las primeras horas después de una ofensiva en una zona aislada y sometida a combates.
Más allá de la variación en el recuento, la naturaleza del lugar atacado es el dato central: no se trataba de una posición militar identificada, sino de un espacio que acogía a civiles desplazados. Al Sheij describió la acción como “cobarde”, mientras que el Gobierno local alertó de que atacar albergues agrava una situación humanitaria ya extremadamente precaria. La falta de alimentos, atención sanitaria, agua segura y protección convierte estos centros en lugares especialmente vulnerables, incluso cuando fueron creados precisamente para reducir los riesgos de la huida.
La ofensiva llega tras nuevos combates en el Nilo Azul
Las víctimas habían llegado a Wad Al Mahi después de escapar de las hostilidades registradas en Geissan y Kurmuk, dos localidades del Nilo Azul donde el Ejército regular y las FAR mantienen enfrentamientos intensos. Naciones Unidas sostiene que varias zonas del estado han sufrido ataques continuos durante las últimas semanas, una dinámica que ha obligado a miles de civiles a desplazarse y ha expuesto a muchos más a la muerte, las heridas y nuevas privaciones.
El momento del ataque coincide con una escalada militar en la región. Las tropas gubernamentales han anunciado avances importantes en localidades próximas a la frontera con Etiopía, un área cuyo valor estratégico se ha incrementado por su posición fronteriza y por las rutas de movilidad de población y suministros. En ese contexto, el desplazamiento civil no es una consecuencia secundaria de la guerra: se ha convertido en uno de sus principales efectos y, al mismo tiempo, en un factor que puede alterar el control territorial y la capacidad de las partes para sostener sus operaciones.
El riesgo de que la protección civil quede en el papel
La denuncia de Brown no se limita a condenar una atrocidad concreta. Su llamamiento apunta a un problema más amplio: la distancia entre las obligaciones jurídicas asumidas por los actores armados y la ausencia de mecanismos efectivos para hacerlas cumplir. Cuando un centro de desplazados puede ser alcanzado sin que exista una investigación creíble o una consecuencia visible, la protección prevista por el derecho internacional humanitario pierde capacidad disuasoria y los civiles quedan expuestos a una repetición de los ataques.
Las autoridades locales han pedido a las organizaciones humanitarias y a la comunidad internacional que asuman sus responsabilidades en la protección de los desplazados. Sin embargo, la asistencia por sí sola no puede resolver el problema si las rutas de acceso siguen amenazadas y los refugios son tratados como objetivos militares. La respuesta internacional deberá combinar ayuda inmediata, presión diplomática y documentación rigurosa de los hechos para evitar que la emergencia se reduzca a una sucesión de balances de víctimas.
Una guerra que desborda las fronteras de Sudán
El conflicto entre las FAR y el Ejército regular comenzó el 15 de abril de 2023 y ha transformado Sudán en el escenario de una de las mayores crisis humanitarias y de desplazamiento del mundo. Naciones Unidas calcula que más de 14 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares dentro o fuera del país. Estados Unidos estima que el número de muertos podría alcanzar los 150.000, aunque la fragmentación territorial y las dificultades para verificar los fallecimientos impiden establecer un balance definitivo.
La tragedia de Wad Al Mahi muestra cómo la guerra se extiende más allá de las ciudades disputadas y alcanza espacios destinados a quienes ya han perdido sus casas. Cada nuevo desplazamiento aumenta la presión sobre comunidades con recursos limitados y sobre una red de ayuda que opera en condiciones cada vez más peligrosas. La advertencia de la ONU adquiere así un alcance concreto: respetar las normas humanitarias no es una concesión política, sino la condición mínima para impedir que la población civil quede atrapada entre la ofensiva armada y el abandono internacional.
