La inauguración del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) llega en un momento en que la violencia homicida ocupa un lugar central en el debate costarricense. El país registró 905 homicidios en 2023, su máximo histórico; en 2024 contabilizó 876 y en 2025, 873. Aunque las cifras más recientes suponen una reducción respecto del pico, siguen siendo elevadas y sostienen la presión sobre las autoridades para ofrecer respuestas visibles y eficaces.
En ese contexto, la nueva cárcel, levantada junto al complejo penitenciario de La Reforma, a unos 25 kilómetros de San José, representa más que una obra de infraestructura. El Gobierno la presenta como un instrumento para contener a los reclusos considerados más peligrosos y como una señal de autoridad frente al crimen organizado. Su coste, 35 millones de dólares, y sus 5.100 plazas la sitúan en el centro de una discusión que combina seguridad pública, capacidad penitenciaria y límites del poder estatal.
De la alarma criminal a la respuesta carcelaria
El aumento de los homicidios durante la última década ha cambiado la escala de la preocupación pública. Las cifras oficiales citadas sitúan la tasa de 2025 en 16,7 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Ese indicador no explica por sí solo las causas de la violencia, pero sí muestra por qué la seguridad se ha convertido en una prioridad política: cuando los asesinatos persisten en niveles históricamente altos, crecen las demandas de protección y el margen para medidas de impacto inmediato.
La respuesta costarricense se inspira en el Centro de Confinamiento del Terrorismo de El Salvador, símbolo de la estrategia de Nayib Bukele contra las pandillas. El intercambio político entre ambos países también ha sido explícito: Rodrigo Chaves visitó esa prisión y Bukele recorrió la principal cárcel costarricense en 2024, cuando advirtió de síntomas de criminalidad similares a los que había afrontado su país. Laura Fernández, que considera a Bukele un referente en seguridad, inauguró ahora el proyecto impulsado por Chaves durante su presidencia.
La referencia salvadoreña aporta una imagen reconocible de control y severidad, pero no demuestra que un modelo pueda trasladarse sin ajustes. Las organizaciones criminales, las instituciones y las garantías legales varían entre países. Por eso, la comparación resulta útil como contexto político, no como prueba de que replicar la arquitectura o el régimen de una prisión produzca los mismos resultados sobre el crimen.
Capacidad, aislamiento y control efectivo
El CACCO se organiza en cinco módulos habitacionales, cada uno con 17 celdas. Según los datos difundidos, cada módulo tiene capacidad para 1.020 personas y el centro suma 5.100 plazas. Las celdas están equipadas con literas triples y pueden alojar hasta 60 internos. Esa escala podría facilitar la separación de determinados presos y reducir su capacidad de coordinar actividades desde el encierro, siempre que la clasificación de internos sea rigurosa y la supervisión cotidiana funcione.
Pero una prisión de alta capacidad también plantea una cuestión operativa: alojar a más personas no equivale automáticamente a ejercer un control más eficaz. El resultado depende del número y la formación del personal, de los protocolos de comunicación, de la inteligencia penitenciaria y de la coordinación con las investigaciones policiales y judiciales. Si esos componentes no crecen junto con la infraestructura, el nuevo centro puede concentrar riesgos en lugar de reducirlos. La capacidad física es una condición; la gestión es la que determina su efecto.
También importa cómo se evitan errores de clasificación. Un sistema que encierre bajo el mismo régimen a personas con perfiles y niveles de riesgo distintos puede favorecer contactos criminales y dificultar la rehabilitación. La contención de reclusos peligrosos exige criterios verificables, revisiones periódicas y mecanismos para detectar abusos. Sin esos contrapesos, una medida concebida para proteger a la población puede debilitar la confianza en las instituciones y abrir disputas legales.
La seguridad fuera de los muros
El argumento más fuerte a favor de aislar a líderes criminales es que las órdenes y amenazas pueden seguir circulando desde prisión. Si el centro limita de manera efectiva esas comunicaciones, podría contribuir a desarticular operaciones y proteger a quienes viven bajo intimidación. Sin embargo, ese posible beneficio depende de resultados comprobables: menos coordinación delictiva, mejores investigaciones y una reducción sostenida de la violencia, no solo de la capacidad de ocupar celdas.
Además, los homicidios no responden únicamente a lo que sucede dentro de las cárceles. La prevención en los barrios, la persecución de redes, la protección de testigos y la capacidad de esclarecer los asesinatos condicionan la seguridad tanto como el encierro. Una megacárcel puede formar parte de esa política, pero no sustituye las herramientas que permiten investigar quién ordena los crímenes, cómo se financian las redes y qué facilita su expansión.
El costo de convertir una prisión en emblema
Las palabras de Fernández sobre un «antes y un después» y la definición de Chaves de la obra como un «monumento triste» revelan la doble función del proyecto: infraestructura penitenciaria y símbolo político. Esa dimensión puede afianzar el apoyo público a medidas firmes, pero también eleva las expectativas. Si los homicidios no bajan, el Gobierno tendrá que explicar qué parte de su estrategia funciona y qué cambios hacen falta; atribuir la brecha a una falta de severidad podría desplazar el debate sin resolver las causas.
El desafío de largo plazo será evaluar el CACCO con indicadores que excedan su ocupación: incidentes en prisión, capacidad para impedir comunicaciones criminales, evolución de los homicidios y respeto de las garantías legales. La nueva cárcel puede ampliar las herramientas del Estado, pero su éxito no se medirá por el tamaño del recinto ni por su parecido con el modelo salvadoreño. Se medirá por si contribuye, junto con políticas policiales, judiciales y preventivas, a que la seguridad mejore de forma sostenida.
