La Ley de la Vivienda, publicada este miércoles en la Gaceta Oficial, entrará en vigor en siete días, frente a los 90 previstos inicialmente. La norma elimina la confiscación estatal de inmuebles de emigrados y abre el sector a mipymes, inmobiliarias, cooperativas y financiación hipotecaria, aunque mantiene un papel central para la Administración.
Los cubanos podrán poseer hasta dos viviendas y otra destinada al descanso. Si se excede el límite, la Dirección Municipal de la Vivienda podrá disponer la pérdida del último inmueble adquirido. En el caso de viviendas abandonadas y declaradas en ruina, la pérdida del derecho no será automática: requiere una solicitud de la Administración y la intervención de un tribunal.
Plazos y obligaciones
La ley fija en quince años el periodo de ciertas obligaciones vinculadas a viviendas subvencionadas, contado desde su primera asignación estatal. Las transmisiones posteriores no reinician el plazo; al cumplirse, cesan el reintegro del subsidio y el derecho preferente de adquisición del Estado. Además, algunos ocupantes y arrendatarios tendrán cinco años para solicitar la propiedad, o pasarán al régimen de arrendamiento estatal.
La rápida entrada en vigor y la incorporación de actores privados amplían las vías de construcción y acceso, pero no suponen una retirada del Estado: los organismos públicos conservan competencias sobre asignación, protección habitacional y regulación del mercado.
