La presidenta peruana Keiko Fujimori presentó lineamientos para responder a la violencia entre estudiantes y a las agresiones contra integrantes de la comunidad educativa. La propuesta combina sanciones graduales, la posibilidad de expulsar a alumnos y la restitución de facultades disciplinarias a los docentes, incluida la calificación de conducta. También plantea restricciones sobre teléfonos, apariencia personal y otras infracciones. El anuncio concentra en una misma política tres problemas distintos: cómo proteger a quienes sufren violencia, cómo sostener la autoridad en el aula y cómo evitar que la disciplina se convierta en castigo arbitrario.
El Gobierno justifica la medida con la necesidad de recuperar la tranquilidad y proteger el aprendizaje de la mayoría. Fujimori sostuvo que las faltas deben recibir respuestas firmes, pero proporcionales, y que los estudiantes que incurran en infracciones leves tendrán oportunidades de corregir su comportamiento. Esa combinación será decisiva: el éxito no dependerá solo de la severidad de las sanciones anunciadas, sino de que existan reglas claras, procedimientos verificables y apoyos capaces de prevenir la repetición de las conductas.
La palabra «orden» reúne faltas muy diferentes
La lista de infracciones graves mencionada por la Presidencia incluye agresiones físicas leves sin lesión, violencia psicológica, consumo o posesión de sustancias prohibidas, retrasos reiterados y uso indebido de dispositivos. También contempla la reincidencia en tres o más infracciones leves durante el año. No son situaciones equivalentes: una agresión exige protección inmediata y evaluación del daño; un retraso puede reflejar problemas de transporte, cuidado familiar o asistencia; el uso del teléfono puede ser una infracción de convivencia, pero también involucrar pruebas de acoso o amenazas.
La primera cuestión práctica es, por tanto, cómo clasificar cada caso. Si categorías amplias como «conducta inadecuada» o «uso indebido» quedan sujetas a interpretaciones distintas, dos estudiantes pueden recibir respuestas muy diferentes por hechos similares. La gradualidad anunciada solo tendrá sentido si cada nivel de sanción está asociado a criterios observables, registro de incidentes, derecho a ser escuchado y mecanismos de revisión. Sin estas garantías, la discreción que se pretende devolver a los docentes puede traducirse en desigualdad entre escuelas o dentro de una misma escuela.
Hay una segunda tensión en la política: la diferencia entre restaurar autoridad y medir obediencia. La formación escolar requiere límites, pero una nota de conducta puede mezclar aspectos difíciles de comparar, como el cumplimiento de normas, la participación en clase y la respuesta a conflictos. Si esa calificación afecta la trayectoria académica o se aplica sin criterios públicos, puede penalizar de forma desproporcionada a estudiantes con necesidades educativas, problemas emocionales o dificultades de aprendizaje. La medida necesita precisar qué evalúa y qué consecuencias tendrá esa nota; la información presentada no detalla esos extremos.
La protección no termina cuando se anuncia una expulsión
En casos de acoso escolar o violencia sexual, Fujimori llamó a estudiantes a comunicar lo ocurrido a docentes o directivos y afirmó que el presunto responsable sería puesto a disposición del Ministerio Público y de la Policía Nacional. La señal de que estas conductas deben tomarse en serio puede facilitar que se denuncien. Pero el paso desde una comunicación escolar hasta una intervención externa requiere protocolos que protejan a la víctima, preserven la confidencialidad y eviten la exposición innecesaria de menores.
Una respuesta inmediata no debería confundirse con una conclusión anticipada sobre la responsabilidad. La escuela debe actuar para detener el riesgo y cuidar a las personas afectadas, mientras las instancias competentes investigan los hechos. Si se difunden acusaciones, se interroga repetidamente a la víctima o se impone una sanción sin valorar la evidencia, el procedimiento puede causar nuevos daños y desalentar futuras denuncias. La protección efectiva exige canales conocidos, personal preparado, comunicación con las familias y seguimiento después de la intervención inicial.
Las expulsiones plantean otro desafío. Apartar a un alumno puede ser necesario ante un riesgo serio o persistente, pero no resuelve por sí mismo las causas de la violencia ni garantiza que el estudiante pueda continuar su educación. Para que la sanción no se convierta en una interrupción indefinida de la escolaridad, hacen falta decisiones individualizadas, alternativas educativas y coordinación con las familias y los servicios correspondientes. El anuncio de «suspensiones definitivas» no precisa cómo se protegerá la continuidad educativa ni qué condiciones permitirán revisar una decisión.
El aula necesita respaldo, no solo nuevas atribuciones
Los docentes aparecen en el centro del cambio. La Presidencia describe una situación en la que algunos maestros no podían llamar la atención de sus alumnos y estaban «arrinconados». Recuperar capacidad para orientar y corregir puede fortalecer la convivencia, especialmente cuando las reglas anteriores no ofrecían herramientas comprensibles o respaldo institucional. Sin embargo, conceder nuevas facultades sin formación, acompañamiento directivo y procedimientos comunes puede dejar a cada profesor resolviendo en solitario conflictos que requieren intervención especializada.
También importa la carga de aplicación. Registrar incidentes, escuchar a estudiantes, notificar a sus responsables y justificar sanciones consume tiempo que compite con la enseñanza. Si el sistema no facilita formatos simples, orientación y apoyo de equipos escolares, la política puede producir cumplimiento documental desigual: centros con mayor capacidad administrativa aplicarán procedimientos más completos, mientras otros dependerán de decisiones informales. Esa diferencia afectaría tanto a los docentes como a la protección de los estudiantes.
Para las familias, el interés principal será saber qué conducta está prohibida, qué sanción corresponde y cómo reclamar si consideran que la decisión fue injusta. Una norma comprensible puede reducir disputas y mejorar la cooperación entre hogar y escuela. Una norma ambigua, por el contrario, puede hacer que cada sanción se convierta en una disputa sobre autoridad, trato desigual o discriminación. La transparencia no debilita la disciplina; permite que su aplicación sea defendible.
Presentación, uniforme y teléfono: decisiones con efectos distintos
Las restricciones anunciadas sobre maquillaje, uñas pintadas, cabello largo o teñido y largo de las faldas amplían el alcance de la reforma más allá de la violencia y la seguridad. La higiene y la presentación pueden formar parte de acuerdos escolares, pero la cuestión es si cada regla tiene una relación clara con el aprendizaje, la convivencia o la seguridad. Cuando una política de disciplina regula la apariencia, aumenta el riesgo de que la atención se desplace de las agresiones y el acoso hacia la vigilancia cotidiana del cuerpo y la imagen de los estudiantes.
Las reglas sobre teléfonos también requieren precisión. Limitar su uso durante la clase puede reducir interrupciones, pero los dispositivos pueden servir para pedir ayuda o conservar evidencia de una agresión. La expresión «uso indebido» debe distinguir entre una interrupción y una conducta que pone a alguien en peligro. Si la norma se aplica sin excepciones razonables ni procedimientos para preservar pruebas, una herramienta destinada a mejorar la convivencia podría complicar la denuncia de incidentes.
Esta variedad de asuntos revela un riesgo de diseño: tratar toda desobediencia como parte de un mismo problema de orden. La seguridad frente al acoso, la puntualidad y el uniforme requieren herramientas y respuestas distintas. Una política más eficaz separaría esos objetivos, explicaría por qué existe cada regla y mediría si produce el resultado buscado. De lo contrario, la expansión de prohibiciones puede dar una impresión de control sin reducir las conductas que amenazan la integridad de los estudiantes.
La aplicación dirá más que el anuncio
La información difundida no incluye cifras sobre la frecuencia de agresiones, el número de centros afectados, los recursos disponibles para aplicar los lineamientos ni los indicadores con los que se evaluarán. Esa ausencia impide estimar el alcance del problema o anticipar el impacto cuantitativo de la reforma. También deja abierta una pregunta clave: ¿cómo distinguir una reducción real de la violencia de una caída de las denuncias, si los estudiantes dejan de confiar en los canales de reporte?
En el corto plazo, cabe esperar que la aplicación genere diferencias entre centros según la claridad de sus reglamentos y el apoyo de sus equipos directivos. Si se publican protocolos detallados, se capacita a docentes y se comunican vías de apelación, la gradualidad podría convertirse en una herramienta de prevención. Si prevalece una lógica centrada en sancionar, aumentará la probabilidad de decisiones inconsistentes y de conflictos entre escuelas, alumnos y familias. La adopción de los lineamientos, por sí sola, no permite saber cuál de esos escenarios prevalecerá.
La evaluación debería observar no solo cuántas sanciones se imponen, sino también qué ocurre con las víctimas, si las agresiones se repiten, cuánto tiempo tardan las escuelas en responder y si las medidas afectan de forma desigual a determinados grupos de estudiantes. Estos datos permitirían revisar reglas que no funcionen y distinguir entre una intervención eficaz y una política que simplemente desplaza el conflicto fuera del aula. Sin información pública y comparable, será difícil corregir errores o atribuir responsabilidades.
El debate de fondo no enfrenta disciplina con derechos, sino dos formas de entender la autoridad escolar. Una depende del temor a la expulsión y de la obediencia inmediata; la otra se apoya en reglas previsibles, protección efectiva y consecuencias proporcionales. La propuesta peruana incorpora elementos de ambas: habla de firmeza, pero también de gradualidad y oportunidades para corregir. Su legitimidad dependerá de que la práctica conserve ese equilibrio y de que el Estado respalde a docentes y estudiantes con procedimientos, recursos y garantías que todavía deben concretarse.
