Para quienes viven en Costa Rica, la apertura del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) plantea una pregunta concreta: ¿una prisión de máxima seguridad puede hacer más segura la vida en las calles? El Gobierno de Laura Fernández apuesta por que sí. El centro, construido por 35 millones de dólares junto a La Reforma, cerca de San José, tiene capacidad para 5.100 personas consideradas de alta peligrosidad. Pero inaugurarlo es apenas el comienzo; su efecto dependerá de cómo se gestione y de si forma parte de una política de seguridad más amplia.
Una respuesta ante cifras que inquietan
La preocupación no es abstracta. Costa Rica registró 873 homicidios en 2025, la tercera cifra más alta de su historia, después de 876 en 2024 y del récord de 905 en 2023. La tasa de 2025 fue de 16,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para las familias, comerciantes y personas que se desplazan a diario, esos datos alimentan el temor a la violencia y la expectativa de que el Estado pueda contenerla.
El CACCO busca apartar de la población penitenciaria general a los reclusos más peligrosos y reducir su capacidad de coordinar delitos desde prisión. Su diseño contempla cinco módulos, con 17 celdas cada uno y hasta 60 personas por celda. Esa escala permite concentrar a muchos internos, pero también vuelve crucial la supervisión cotidiana: la seguridad no se mide solo por muros y plazas, sino por el control efectivo, la prevención de abusos y la capacidad de impedir que las redes criminales sigan operando.
El tamaño no garantiza resultados
La referencia es el CECOT de El Salvador, asociado a la política de mano dura de Nayib Bukele. Fernández lo considera un modelo en seguridad, mientras el expresidente costarricense Rodrigo Chaves describió la nueva prisión como un «monumento triste». La comparación expresa la urgencia política, pero no demuestra que copiar una infraestructura produzca los mismos resultados en otro país. El contexto institucional, las reglas de detención, las investigaciones policiales y el sistema judicial también influyen en que una cárcel contribuya a reducir la violencia.
Para quienes viven cerca de La Reforma, la construcción puede representar una promesa de mayor control, pero también hace más visible la responsabilidad del Estado de vigilar las condiciones dentro del recinto. Para el resto de la población, el indicador relevante no será la capacidad anunciada, sino si con el tiempo disminuyen los homicidios y otros delitos, y si las autoridades explican de manera verificable qué resultados atribuyen al centro.
Qué conviene mirar ahora
La apertura no cambia por sí sola la seguridad inmediata de los barrios ni garantiza que bajen los homicidios. Sí crea una herramienta nueva cuyo desempeño podrá evaluarse con datos: incidentes dentro de prisión, comunicaciones delictivas detectadas, investigaciones y evolución de la violencia fuera de los muros. La ciudadanía puede exigir que esos resultados se publiquen y que la política penitenciaria se complemente con prevención, investigación y justicia eficaz. La promesa de protección solo tendrá valor cotidiano si se traduce en menos víctimas y en instituciones capaces de rendir cuentas.
