Las protestas convocadas por sindicatos de trabajadores y estudiantes volvieron a ocupar este sábado las calles de París y de numerosas ciudades francesas, pese al refuerzo policial, las prohibiciones dictadas en varios municipios y los cambios de recorrido comunicados a última hora. La jornada mantuvo la presión social sobre el Gobierno de Emmanuel Macron, aunque registró una participación nacional inferior a la del sábado anterior según los datos oficiales.
El Ministerio del Interior cifró en 410.000 el número de participantes en todo el país, frente a los 550.000 contabilizados una semana antes. La Confederación General del Trabajo (CGT), sin embargo, elevó la cifra a 800.000 personas, el mismo nivel que atribuyó a la movilización precedente. En París, las autoridades estimaron la asistencia en 110.000 manifestantes, mientras que los organizadores hablaron de 250.000. La coincidencia de la cifra gubernamental con la de la semana pasada sugiere, en cualquier caso, una capacidad de convocatoria sostenida pese a la meteorología adversa y a las restricciones administrativas.
Servicios públicos y poder adquisitivo, en el centro de las marchas
Las reivindicaciones volvieron a concentrarse en la defensa de los servicios públicos, la falta de recursos en el sistema educativo, la pérdida de poder adquisitivo y la justicia social. A estas demandas se sumaron las críticas por la respuesta policial desplegada desde septiembre, cuando comenzaron las primeras protestas estudiantiles, y por las limitaciones al derecho de manifestación aprobadas o anunciadas durante la última semana.
El movimiento estudiantil había puesto inicialmente el foco en la ausencia de profesores sin sustitución, el deterioro de los centros y la reforma del acceso a la educación superior. Los bloqueos de institutos y universidades quedaron después parcialmente desplazados del debate por los episodios de violencia registrados en los márgenes de varias marchas. La discusión pública se trasladó así desde las condiciones de la enseñanza hacia el equilibrio entre seguridad, orden público y libertad de reunión.
Un recorrido modificado en París a pocas horas de la marcha
La organización de la protesta parisina estuvo marcada por un conflicto entre los sindicatos y la Prefectura de Policía. El recorrido pactado inicialmente entre las plazas de la Bastilla y de la Nación fue sustituido el viernes, a solo un día de la manifestación, por un itinerario alternativo situado en los límites exteriores de la ciudad. Los organizadores recurrieron la decisión ante la justicia, pero el tribunal desestimó el recurso el sábado por la mañana al considerar que no disponía de tiempo suficiente para examinar las alegaciones.
Los sindicatos terminaron aceptando el trazado impuesto para evitar, según explicaron, poner en peligro a los manifestantes ante el riesgo de enfrentamientos con la policía. Nicolas Hervieu, especialista en derecho público y libertades en Sciences Po y la Universidad de Évry, criticó en la red X la práctica de comunicar las prohibiciones o modificaciones “muy tarde”. A su juicio, esa dinámica dificulta el control judicial y puede permitir que la autoridad pública evite una revisión efectiva de sus decisiones, en contradicción con los principios establecidos por el Consejo de Estado.
Thomas Vachern, secretario confederal de la CGT, acusó al Gobierno de intentar generar un “caos generalizado” mediante distracciones, división social y decisiones adoptadas con plazos que impedirían a la justicia pronunciarse con eficacia. El Ejecutivo, por su parte, ha defendido las medidas como una respuesta preventiva a los incidentes de las jornadas anteriores y a la necesidad de proteger a la población y los comercios.
Marchas mayoritariamente pacíficas y choques al final
En términos generales, las manifestaciones se desarrollaron sin incidentes graves. No obstante, al término de algunos cortejos se produjeron cargas policiales y momentos de tensión en París, Marsella y Rennes. En Lyon, donde las autoridades habían prohibido toda manifestación, también se registraron enfrentamientos.
En la capital, la policía utilizó un cañón de agua y gases lacrimógenos para dispersar a grupos que permanecían en las inmediaciones de la Puerta de Vincennes después de finalizar la marcha. Los manifestantes lanzaron proyectiles contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con granadas lacrimógenas. Estos episodios, concentrados en la fase final de las movilizaciones, reforzaron la posición del Gobierno, que vincula las restricciones con la prevención de altercados, pero también alimentaron las denuncias sindicales sobre un uso desproporcionado de la fuerza y sobre la reducción del espacio disponible para protestar.
Un amplio dispositivo de seguridad y otra protesta en Orleans
El ministro del Interior, Laurent Núñez, anunció el despliegue de 70.000 policías y gendarmes en todo el país, 10.000 más que el sábado 17 de octubre. El dispositivo incluyó efectivos locales, compañías republicanas de seguridad, unidades móviles de la Gendarmería, helicópteros, vehículos blindados y unidades de élite reservadas para situaciones excepcionales. Núñez se encontraba en el centro de las críticas por la respuesta considerada insuficiente por las autoridades tras los disturbios de la jornada anterior.
La ciudad de Orleans acogió además una movilización diferenciada contra Agrupación Nacional, coincidiendo con el congreso del partido de Marine Le Pen. La prefectura cifró la asistencia en 11.000 personas y los organizadores en 26.000. Jordan Bardella fue reelegido sin oposición como presidente de la formación, mientras que Le Pen tiene previsto inaugurar el domingo su campaña presidencial con un discurso. La coincidencia de ambas convocatorias convirtió a Orleans en uno de los principales focos de vigilancia del fin de semana.
La disputa sobre el derecho a manifestarse
El debate institucional se intensificó después de que Macron afirmara el jueves, tras un consejo de seguridad, que la recomendación general era no celebrar manifestaciones durante los días siguientes. El presidente añadió que se rechazarían las solicitudes presentadas por personas u organizaciones consideradas sin legitimidad y sostuvo que, cuando no se tratara de sindicatos, las autoridades intentarían prohibirlas siempre que fuera posible.
Estas declaraciones se produjeron después de que varias ciudades impusieran toques de queda nocturnos y restricciones localizadas. En Marsella y Limoges, las prohibiciones generales para este sábado fueron suspendidas por la justicia. En Burdeos, las autoridades vetaron las manifestaciones en el centro urbano tras invocar la preocupación de los comerciantes por los daños y las alteraciones registrados la semana anterior. La persistencia de las marchas, pese a ese marco restrictivo, mantiene abierta una cuestión que supera la disputa inmediata sobre la seguridad: hasta dónde puede llegar el poder ejecutivo para limitar una protesta sin vaciar de contenido el derecho constitucional a manifestarse.
