Las elecciones presidenciales brasileñas quedaron ayer marcadas por los problemas del transporte público en una decena de ciudades y por la respuesta tardía de las autoridades electorales, en un contexto de empate técnico entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. Las dificultades para llegar a los colegios electorales afectaron especialmente a barrios populares y periféricos, donde la participación podía resultar decisiva para inclinar una contienda de resultado incierto.
Alrededor de 160 millones de ciudadanos estaban llamados a votar en unos comicios considerados determinantes para el rumbo político de Brasil y con repercusiones internacionales. Las encuestas difundidas durante los últimos días situaban a los dos candidatos prácticamente igualados. En ese escenario, los votos de quienes no acudieron a la primera vuelta, celebrada tres semanas antes, adquirieron un peso extraordinario. La campaña de Lula calculaba que una participación elevada podía compensar su desventaja en determinados sectores del electorado.
El transporte se convierte en un factor electoral
La Constitución brasileña establece la gratuidad del transporte público durante las jornadas electorales. La medida busca reducir el efecto de la desigualdad territorial en ciudades extensas y facilitar el desplazamiento de los votantes que viven lejos de sus centros de votación, una circunstancia especialmente relevante en el interior del país y en las periferias metropolitanas.
Sin embargo, durante la jornada se registraron interrupciones y una oferta insuficiente de autobuses en varias ciudades. No estaba claro si los problemas respondían a decisiones administrativas destinadas a obstaculizar la movilización de determinados votantes, como denunciaron sectores de la izquierda, o si eran consecuencia de las fuertes tormentas que afectaron a São Paulo y otras zonas del sureste. La falta de información concluyente alimentó las sospechas y dificultó separar las responsabilidades políticas de las contingencias operativas.
Las acusaciones recordaron episodios de las elecciones de 2022, cuando el ayuntamiento de Salvador de Bahía, gobernado por aliados del bolsonarismo, restringió la circulación de autobuses en zonas populares. En aquella ocasión, las autoridades electorales ordenaron detener al secretario municipal de Transporte. El antecedente hizo que las incidencias de ayer fueran interpretadas desde el comienzo como una posible amenaza a la igualdad del voto, aunque todavía no se había establecido una relación directa entre las fallas del servicio y una estrategia coordinada.
Un cierre retrasado y más margen para la disputa
Tras las protestas de ambas campañas, las autoridades electorales decidieron prolongar la votación hasta las nueve de la noche, las dos de la madrugada en España. La medida pretendía permitir que votaran las personas afectadas por los retrasos, pero fue comunicada cuando ya habían pasado varias horas desde el inicio de la jornada. Ese desfase aumentó la incertidumbre sobre el cómputo y sobre la aceptación de un resultado que podía resolverse por una diferencia mínima.
El analista Oliver Stuenkel, de la Fundación Getulio Vargas, advirtió de que cada hora de incertidumbre reducía la probabilidad de que el candidato derrotado reconociera rápidamente el resultado. A su juicio, los problemas logísticos podían elevar el riesgo de tensiones postelectorales porque no solo afectaban a la participación, sino también a la percepción de legitimidad del proceso.
La composición y la actuación del Tribunal Supremo Electoral añadieron otro elemento de desconfianza. Su presidente, Kassio Nunes Marques, es considerado cercano a Flávio Bolsonaro, según diversos sectores de la oposición. Las críticas se intensificaron por su supuesta lentitud al recibir y procesar la información sobre el transporte. La tertuliana Miriam Leitão, del grupo Globo, lo responsabilizó de la confusión por no haber tomado una decisión a tiempo.
El jurista Thiago Bottino sostuvo que las irregularidades no bastaban por sí solas para invalidar las elecciones, aunque reconoció que podían deteriorar la confianza pública. La cuestión central, según Stuenkel, no era únicamente quién ganara, sino si los votantes de cada bando considerarían legítimo al gobierno resultante. La experiencia de 2022, cuando las denuncias de fraude de sectores bolsonaristas desembocaron en un intento de ruptura institucional, hacía especialmente sensible cualquier disputa sobre el recuento.
Una campaña definida por la participación
La preocupación por el transporte golpeó con más fuerza a la campaña de Lula, que dependía de movilizar a una parte importante de los aproximadamente 33 millones de electores que no habían votado en la primera vuelta. Muchos de ellos viven en áreas con conexiones deficientes y necesitan el transporte público para desplazarse. En una elección igualada, una caída de la participación en esos distritos podía modificar el resultado sin que cambiara de forma sustancial la preferencia declarada por los candidatos.
El último sondeo de Datafolha difundido el sábado reflejó precisamente esa fragilidad. La encuesta otorgó a Flávio una ventaja de dos puntos, del 51% al 49%, apenas un día después de registrar un empate del 50% para cada candidato. El margen se encontraba dentro de los límites de la incertidumbre estadística, pero tuvo un impacto inmediato en el ambiente de las campañas y redujo el optimismo que todavía conservaba el Partido de los Trabajadores.
Flávio Bolsonaro votó en la zona norte de Río de Janeiro con un mensaje de moderación y cambio. “Ha llegado la hora del cambio, Brasil ya no puede más”, afirmó, apelando al descontento de un electorado que, según las encuestas, mantiene altos niveles de rechazo hacia ambos aspirantes. Su estrategia buscó presentar una imagen menos vinculada al bolsonarismo más radical y atraer a ciudadanos insatisfechos con la situación económica y política.
Lula depositó su voto en un barrio industrial de São Paulo donde trabajó en su juventud y perdió un dedo en un accidente laboral. La campaña petista confiaba en que el comentario de Flávio durante el debate del viernes, cuando llamó al presidente “Nueve dedos”, movilizara a trabajadores y votantes sensibles a la trayectoria sindical del dirigente. Lula respondió que su rival nunca había trabajado, en un intercambio que volvió a subrayar la dimensión personal y social de una campaña marcada por la polarización.
El recuento no solo debía determinar la identidad del próximo presidente, sino también medir la capacidad de las instituciones brasileñas para administrar una elección estrecha en un clima de desconfianza. La transparencia en la explicación de las fallas, la publicación ordenada de los resultados y la aceptación de los mecanismos legales de impugnación serán decisivas para evitar que una diferencia reducida se transforme en una crisis política.
