La Asamblea Nacional de Francia aprobó por unanimidad el proyecto de ley integral contra la violencia sexista y sexual. El respaldo abre el paso a la revisión del Senado, pero no garantiza que el texto llegue intacto a la aprobación definitiva ni que cuente con los recursos necesarios para aplicarse. La iniciativa afronta así dos pruebas distintas: conservar sus medidas en una cámara más conservadora y traducirlas en compromisos presupuestarios.
Una votación unánime, con un texto aún en disputa
La votación tuvo lugar el martes 13 de octubre, después de seis días de debate que concluyeron el viernes. Antes de pronunciarse sobre el conjunto, los diputados volvieron a votar varias disposiciones a petición del Gobierno, que consideraba que algunos resultados no reflejaban adecuadamente la correlación de fuerzas en el hemiciclo. Ese trámite deja ver que la unanimidad final no elimina las controversias sobre artículos concretos.
El proyecto, impulsado por ocho grupos políticos, pasó de 69 a más de 110 artículos durante su examen. La ponente socialista Céline Thiébault-Martínez lo calificó de “magnífico” para combatir la violencia contra mujeres y niños, aunque lamentó la eliminación de disposiciones destinadas a proteger a mujeres extranjeras, a quienes describió como especialmente vulnerables. La ampliación del texto, por tanto, convive con una pérdida específica que sus promotores consideran relevante.
De la denuncia a la protección
Entre las medidas previstas figuran requisitos mínimos de investigación para evitar que las denuncias se archiven con demasiada rapidez, unidades policiales especializadas y la creación de un tribunal especializado. El proyecto también contempla entrevistas obligatorias en los centros escolares para detectar situaciones de violencia —anuales a partir de 2032— y un itinerario de atención para menores víctimas.
El alcance de estas propuestas depende de que las instituciones puedan sostenerlas. Las nuevas obligaciones requieren personal formado, coordinación entre servicios y procedimientos que funcionen de manera continuada. Por eso, el debate financiero no es un apéndice técnico: condiciona si las garantías escritas en la ley se convierten en respuestas efectivas para quienes denuncian o necesitan protección.
La siguiente batalla se libra en el presupuesto
El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, estimó que la ley costaría a largo plazo entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales, además de los 1.500 millones que ya se gastan cada año. La cifra fue presentada como una estimación, no como un compromiso presupuestario. Thiébault-Martínez pidió al Gobierno demostrar que desea que la reforma se aplique, mientras los debates sobre el presupuesto de 2027 y el de la Seguridad Social ofrecen el primer espacio para precisar los recursos.
La diferencia entre una previsión de gasto y una asignación concreta es decisiva: sin financiación identificable, medidas como la especialización policial o la atención a menores pueden quedar sujetas a capacidades desiguales entre territorios. La ley establece una dirección, pero su impacto dependerá también de cómo se distribuyan los medios y de si se mantienen en el tiempo.
El Senado y el calendario, bajo observación
El texto pasará ahora al Senado, donde se prevé debatirlo en enero. Sus defensores temen que la mayoría de derecha y centrista suavice las disposiciones aprobadas por la Asamblea. La coalición que promovió la iniciativa pide vigilancia durante esta segunda etapa, según Anne-Cécile Mailfert, de la Fundación de las Mujeres. El Gobierno busca adelantar el examen, aunque un calendario demasiado ajustado podría dificultar que la aprobación definitiva llegue antes de las elecciones presidenciales.
La ley surgió de la movilización de una coalición feminista y de organizaciones en defensa de la infancia tras el asesinato de Lyhanna. Su recorrido parlamentario muestra que el acuerdo sobre la necesidad de combatir la violencia no resuelve por sí solo las disputas sobre protección, prioridades y gasto público. La próxima medida de su alcance será doble: qué artículos sobreviven a la revisión senatorial y qué recursos quedan efectivamente comprometidos.
