La Asamblea Nacional de Francia aprobó por unanimidad este martes 13 de octubre el proyecto de ley integral contra la violencia sexista y sexual, que ahora será examinado por el Senado. Sus promotores temen que la cámara alta, de mayoría conservadora, reduzca algunas de las medidas incorporadas durante el debate. La financiación es otro punto decisivo: el Gobierno estima que aplicar la ley podría costar entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales a largo plazo, además de los 1.500 millones que ya se destinan cada año a políticas existentes.
La aprobación parlamentaria cierra una etapa de seis días de debate en la Asamblea, pero no garantiza que el texto llegue intacto a su aprobación definitiva ni que cuente con recursos suficientes. La discusión presupuestaria para 2027, iniciada este martes, deberá aclarar cuánto dinero se asignará a las medidas. En la práctica, el alcance de la reforma dependerá tanto de su recorrido en el Senado como de la capacidad del Ejecutivo para convertir sus disposiciones en servicios y estructuras operativas.
Un texto ampliado y con medidas de aplicación
La propuesta, impulsada tras el asesinato de Lyhanna y la movilización de una coalición feminista y de organizaciones en defensa de la infancia, pasó de 69 artículos iniciales a más de 110 a lo largo de su tramitación. La ponente socialista Céline Thiébault-Martínez describió el resultado como un texto “magnífico” para combatir la violencia contra mujeres y niños, aunque lamentó que se eliminaran disposiciones destinadas a proteger a mujeres extranjeras, a quienes calificó de especialmente vulnerables.
Entre las medidas aprobadas figuran requisitos mínimos de investigación para evitar que las denuncias se desestimen con demasiada rapidez, la creación de unidades policiales especializadas y de un tribunal especializado, y un itinerario de atención para menores víctimas. El proyecto también prevé entrevistas obligatorias en los centros escolares para detectar situaciones de violencia; a partir de 2032, estas serían anuales.
El conjunto apunta a intervenir en distintas fases: desde la detección temprana y la recepción de denuncias hasta la atención de menores y el tratamiento judicial. Esa amplitud explica tanto el crecimiento del texto como el desafío de aplicarlo. Crear unidades, establecer procedimientos y ofrecer atención especializada requiere personal, coordinación y financiación sostenida; la aprobación de los artículos, por sí sola, no asegura que esos recursos estén disponibles en todo el país.
La financiación, una prueba inmediata
El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, situó el coste anual a largo plazo entre 3.000 y 4.000 millones de euros, además de los gastos actuales, cifrados en 1.500 millones al año. La ponente advirtió que se trata de una estimación, no de un compromiso presupuestario, e instó al Gobierno a demostrar que quiere que la ley se aplique.
La diferencia entre una previsión de costes y una partida aprobada deja abierta una cuestión central: qué medidas se financiarán, con qué calendario y mediante qué recursos. Los debates sobre el presupuesto estatal y el de la Seguridad Social, que comienzan tras la votación, serán el primer espacio para concretar esas decisiones. Si los créditos no acompañan las nuevas obligaciones, la reforma podría establecer procedimientos sin capacidad suficiente para ejecutarlos. Si la financiación se incorpora de forma verificable, en cambio, el texto tendrá más posibilidades de traducirse en cambios efectivos en la atención y la investigación de los casos.
El Senado y el calendario legislativo
La ley será debatida previsiblemente en el Senado en enero. La cámara alta, dominada por la derecha y los centristas, tiene un perfil más conservador que la Asamblea, lo que alimenta la preocupación de los defensores del proyecto por una posible rebaja de las medidas. La coalición que lo impulsó ha pedido vigilancia durante esta segunda fase, según Anne-Cécile Mailfert, de la Fundación de las Mujeres.
El texto fue promovido por ocho grupos políticos, desde los comunistas hasta Los Republicanos. Antes de la votación final, los diputados volvieron a pronunciarse sobre varias disposiciones a petición del Gobierno, que consideraba que algunos resultados no reflejaban adecuadamente la distribución de fuerzas en la cámara. Los votos de Agrupación Nacional y de La Francia Insumisa seguían en suspenso hasta la decisión sobre el conjunto del proyecto, que finalmente recibió apoyo unánime.
El Gobierno asegura que busca adelantar la fecha de examen en el Senado. La premura responde también a un riesgo de calendario: un debate demasiado tardío podría impedir que la ley se apruebe definitivamente antes de las elecciones presidenciales. Sin embargo, acelerar el trámite no elimina las diferencias políticas ni la disputa presupuestaria. El próximo examen medirá si la mayoría senatorial mantiene el alcance aprobado por los diputados; el presupuesto mostrará, a su vez, si el compromiso legislativo cuenta con medios para sostenerse.
