La aprobación unánime por la Asamblea Nacional francesa del proyecto de ley integral contra la violencia sexista y sexual marca un avance político, pero todavía no garantiza una transformación efectiva. El texto debe superar ahora el examen del Senado y, después, traducir sus compromisos en personal, servicios y financiación. La distancia entre esos tres pasos —consenso parlamentario, aprobación definitiva y aplicación— determinará si la reforma cambia la respuesta cotidiana a las víctimas.
La iniciativa nació de la movilización de organizaciones feministas y de defensa de la infancia tras el asesinato de Lyhanna. Ese origen ayuda a explicar tanto la amplitud de la propuesta como la presión para que no quede reducida a una declaración de principios. Durante seis días de debate, el proyecto pasó de 69 a más de 110 artículos: incorporó medidas sobre investigación de denuncias, unidades policiales especializadas, una jurisdicción específica, detección escolar y atención a menores víctimas.
De la denuncia a una respuesta institucional
El punto de partida de la reforma es un problema que no se resuelve únicamente aumentando las penas: una denuncia puede perderse entre la falta de pruebas recopiladas, la evaluación apresurada o la ausencia de acompañamiento. La obligación de establecer requisitos mínimos de investigación busca reducir ese riesgo y hacer más consistente la actuación inicial. Si se aplica con formación y supervisión, puede mejorar la calidad de los expedientes antes de que lleguen a los tribunales.
La especialización policial y judicial responde a una dificultad relacionada: los casos de violencia sexual y sexista requieren conocimientos específicos para evaluar testimonios, indicios y contextos de coerción. Una unidad especializada puede evitar que cada víctima tenga que explicar repetidamente lo ocurrido a equipos distintos, mientras que una jurisdicción dedicada podría acumular experiencia y criterios más estables. Pero concentrar competencias no basta si las unidades carecen de plantilla o si su creación deja sin recursos a los servicios generales.
La propuesta también desplaza parte de la prevención hacia la infancia. Las entrevistas escolares previstas para detectar situaciones de violencia, con periodicidad anual a partir de 2032, reconocen que la escuela puede ser un espacio de identificación temprana. El itinerario específico de atención para menores apunta a que detectar no equivale a proteger: hace falta que, tras una revelación, existan profesionales capaces de evaluar el riesgo, coordinarse con las familias cuando corresponda y conectar al menor con apoyo médico, psicológico y jurídico.
El consenso de la Asamblea no elimina las fracturas
La unanimidad de la votación transmite una señal de respaldo amplio, impulsada por ocho grupos que abarcan desde los comunistas hasta Los Republicanos. Sin embargo, no debe confundirse con un acuerdo cerrado sobre cada componente. La ponente socialista Céline Thiébault-Martínez lamentó que desaparecieran artículos dirigidos a proteger a mujeres extranjeras, a las que calificó de especialmente vulnerables. Esa supresión revela una tensión importante: una ley puede presentarse como integral y, aun así, dejar fuera a personas que afrontan barreras adicionales para pedir ayuda.
La situación administrativa, la dependencia económica o el temor a consecuencias migratorias pueden dificultar que una mujer denuncie o permanezca en un proceso. Cuando las protecciones no contemplan esas circunstancias, el acceso formal a la justicia no se convierte necesariamente en acceso real. La discusión sobre el alcance de esas garantías será, por tanto, una medida concreta de hasta dónde llega la ambición inclusiva del texto, más allá del número de artículos aprobados.
El Senado constituye la siguiente prueba. La cámara alta, dominada por la derecha y el centro, podría revisar disposiciones que sus defensores consideran avances esenciales. La coalición impulsora ya ha pedido vigilancia durante esta etapa. La negociación puede mejorar la precisión jurídica, pero una rebaja sustancial de las medidas de investigación, especialización o atención a menores modificaría el equilibrio del proyecto. También importa el calendario: un debate demasiado tardío podría retrasar su aprobación definitiva hasta un periodo políticamente sensible, en vísperas de las elecciones presidenciales.
La promesa se medirá en el presupuesto
La financiación es el desafío inmediato más tangible. El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, estimó que la aplicación plena costaría a largo plazo entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales, además de los 1.500 millones que ya se gastan cada año. Precisó que se trata de una estimación, no de un compromiso presupuestario. Esa diferencia importa: sin partidas asignadas, objetivos verificables y una distribución clara entre administraciones, el coste anunciado no garantiza que haya más investigadores, personal escolar o plazas de atención.
La cifra obliga a distinguir entre financiar nuevas estructuras y sostenerlas en el tiempo. Crear una unidad especializada exige selección y formación de agentes; abrir un circuito de atención para menores requiere coordinación estable entre escuela, salud y justicia. Si el dinero se concentra en el lanzamiento y no cubre salarios, cobertura territorial y seguimiento, el acceso dependerá del lugar de residencia y la reforma reproducirá desigualdades que pretendía corregir.
Por eso, los debates presupuestarios de 2027 serán parte sustantiva de la discusión sobre la ley, no un trámite posterior. La ejecución podría evaluarse con indicadores como los tiempos de respuesta, la proporción de denuncias investigadas con los requisitos previstos, la disponibilidad de unidades especializadas y la continuidad de la atención a menores. Publicar esos datos permitiría comprobar si los recursos llegan a los servicios y detectar dónde fallan antes de que la aplicación se vuelva meramente formal.
La aprobación parlamentaria abre una oportunidad para reorganizar la respuesta pública a la violencia, desde la primera denuncia hasta la protección prolongada. Su impacto dependerá de que el Senado preserve medidas centrales y de que el Gobierno respalde las obligaciones con recursos suficientes. Si ambas condiciones se cumplen, la reforma puede reducir discontinuidades entre instituciones y mejorar la detección temprana. Si no, la unanimidad de este martes quedará como un respaldo político sin capacidad equivalente para cambiar la experiencia de las víctimas.
