La Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales establece que los responsables de animales de compañía y de silvestres en cautividad deben educarlos y manejarlos con métodos que no les causen sufrimiento, maltrato, ansiedad o miedo. La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado en marzo de 2023 y vigente en España desde septiembre de ese año, reúne además obligaciones sobre alojamiento, cuidados veterinarios y protección frente a situaciones que pongan en peligro su vida.
La regulación se aplica en un contexto de amplia convivencia con animales: uno de cada tres hogares tiene al menos uno, y los registros de las comunidades autónomas contabilizan más de trece millones identificados. La cifra ofrece una referencia sobre el alcance de las responsabilidades que recoge la ley, aunque no determina por sí sola cuántos animales cumplen cada obligación ni cómo se aplica la norma en cada caso.
El artículo 24 fija deberes cotidianos
El artículo 24 establece las obligaciones generales de los propietarios. Entre ellas figura mantener a los animales en condiciones de vida dignas que protejan su bienestar, sus derechos y su desarrollo saludable. La exigencia incluye a los ejemplares que, por sus características o especie, viven permanentemente en jaulas, acuarios, terrarios u otros espacios similares: estos deben contar con dimensiones adecuadas, naturalización y enriquecimiento ambiental.
En materia de educación y manejo, el texto legal centra la obligación en los efectos que los métodos pueden tener sobre el animal. No basta con que una técnica persiga corregir una conducta: debe evitar el sufrimiento y el maltrato y no provocar estados de ansiedad o miedo. La ley formula así un criterio general, pero el fragmento citado no detalla técnicas concretas ni establece cómo valorar cada método en circunstancias particulares.
Protección también frente a riesgos y enfermedades
El artículo prohíbe dejar a los animales solos dentro de vehículos cerrados cuando estén expuestos a condiciones térmicas u otras circunstancias capaces de poner su vida en peligro. La previsión atiende a un riesgo ligado al entorno y a la responsabilidad directa de quien está a cargo, sin limitarse a las condiciones habituales del hogar.
La obligación sanitaria comprende proporcionar los cuidados necesarios para preservar la salud y cumplir los tratamientos que establezca la normativa específica. También exige facilitar reconocimientos veterinarios con la periodicidad que se determine reglamentariamente y documentarlos, cuando corresponda, en el registro de identificación pertinente. La frecuencia de esas revisiones no queda concretada en el artículo citado, sino que depende de su desarrollo reglamentario.
El alcance práctico de estas disposiciones depende, por tanto, de su aplicación y de las reglas específicas que las complementen. El texto combina principios generales —como garantizar una vida digna y evitar el miedo— con deberes verificables, entre ellos la identificación de los cuidados veterinarios y la adecuación de los espacios. Para los propietarios, la norma convierte el bienestar en una responsabilidad continuada que abarca la convivencia diaria, el alojamiento y la atención de la salud.
