Los socios parlamentarios del Gobierno de Pedro Sánchez han comenzado a concretar sus movimientos ante las elecciones generales del 29 de noviembre. Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) prevé situar a Gabriel Rufián al frente de su lista al Congreso, mientras el PSOE y Frente Amplio negocian candidaturas conjuntas al Senado en determinadas provincias para contener la ventaja que el sistema electoral suele otorgar al Partido Popular en la Cámara Alta. Las decisiones se adoptan con plazos inmediatos: el acuerdo sobre coaliciones deberá comunicarse antes del 16 de octubre y los órganos internos de los partidos tienen previsto aprobar las listas el día 20.
La estrategia revela que la campaña no se decidirá únicamente en torno a los liderazgos nacionales. La distribución territorial de los votos, especialmente en las provincias que eligen cuatro senadores, puede determinar la composición del Senado. En ese escenario, la coordinación entre fuerzas progresistas busca evitar que la fragmentación del voto facilite al PP la obtención de tres escaños, una consecuencia habitual cuando la candidatura más votada concentra el apoyo de una mayoría relativa.
Rufián afronta el último trámite interno
La candidatura de Gabriel Rufián podría quedar formalmente encarrilada este domingo, durante una reunión de la Ejecutiva Nacional de ERC, el partido presidido por Oriol Junqueras. Aunque los detalles definitivos se perfilarán en los próximos días mediante los congresos regionales, la previsión es que los órganos internos de la formación republicana aprueben las listas al Congreso y al Senado el 20 de octubre.
La continuidad de Rufián no había estado garantizada. El portavoz parlamentario había mantenido discrepancias con la dirección republicana sobre la conveniencia de construir alianzas con otras fuerzas de izquierda y antifascistas en el conjunto de España. Su posición reflejaba una discusión de mayor alcance para ERC: cómo preservar un perfil político propio en Cataluña y, al mismo tiempo, participar en una estrategia estatal capaz de influir en la correlación de fuerzas después de las elecciones.
Rufián había reclamado unas “mínimas condiciones” para volver a encabezar la candidatura. Junqueras, sin embargo, había defendido públicamente que era el “mejor candidato” de ERC. La posible ratificación del portavoz cerraría, al menos de forma provisional, una disputa interna que podía haber añadido incertidumbre a una campaña marcada por la necesidad de movilizar a un electorado progresista y soberanista con intereses no siempre coincidentes.
Negociación para evitar la dispersión en el Senado
En paralelo, el PSOE y Frente Amplio celebraron este domingo una reunión para estudiar listas conjuntas al Senado, según Antena 3. La coalición Frente Amplio agrupa a las formaciones que hasta ahora estaban integradas en Sumar. Las conversaciones se centran especialmente en las provincias donde la suma del voto de izquierdas podría impedir que el PP convierta una ventaja limitada en una mayoría amplia de representantes.
El Senado introduce una lógica distinta a la del Congreso. En muchas circunscripciones se eligen cuatro senadores y los votantes pueden repartir sus papeletas entre candidatos. En la práctica, la candidatura más votada suele obtener tres escaños y la segunda, uno. Por eso, la presentación de listas separadas puede reducir las posibilidades de las fuerzas progresistas incluso cuando su apoyo conjunto se aproxima o supera al de la derecha.
La negociación, por tanto, no supone necesariamente una alianza general para todas las instituciones ni para todas las provincias. Los socialistas aseguran que estudian distintas alternativas tanto para el Congreso como para el Senado. El carácter selectivo de los posibles acuerdos responde a una lógica electoral precisa: concentrar recursos y votos allí donde la coordinación pueda modificar el reparto de escaños, sin borrar las diferencias políticas entre los partidos en el resto del territorio.
Sánchez convierte el voto de los nacionalizados en eje de precampaña
La disputa electoral se ha extendido también al derecho de sufragio de alrededor de 400.000 ciudadanos nacionalizados mediante la llamada ley de nietos. Pedro Sánchez aprovechó su segundo acto de precampaña, celebrado en Ponferrada, para pedir al Tribunal Supremo que levante la suspensión cautelar de su derecho a votar. El Alto Tribunal adoptó esa medida el pasado 8 de septiembre a petición del PP y Vox y debe decidir ahora si la mantiene o la revoca.
La resolución adquiere especial relevancia porque coincide con el cierre del censo electoral previsto para este lunes. El momento procesal reduce el margen para corregir cualquier cambio y convierte la decisión judicial en un asunto con impacto directo sobre la organización de las elecciones. No se trata solo de una controversia jurídica: también afecta a la planificación de la campaña, a la movilización de los partidos y a la percepción de legitimidad del proceso entre los ciudadanos concernidos.
Sánchez calificó de “atropello” la iniciativa del PP y Vox y sostuvo que “en una democracia el derecho al voto no se prohíbe, se garantiza”. También rechazó las acusaciones de la derecha sobre una supuesta “fabricación de votantes” por parte del Gobierno. El presidente recordó que muchos de los afectados son descendientes de exiliados y cuestionó que se les impida participar después de haber votado en elecciones anteriores.
El Ejecutivo sitúa así la controversia en el terreno de la igualdad política y la memoria del exilio, mientras sus adversarios la plantean como una cuestión relacionada con las condiciones de incorporación al censo. La decisión del Supremo determinará el alcance inmediato del conflicto, pero la discusión ya se ha integrado en la campaña: Sánchez ha llamado a la ciudadanía a “llenar las urnas” el 29N y ha advertido de que, si no lo hace, “ganan los de arriba”.
Con ERC perfilando a su cabeza de lista, el PSOE y Frente Amplio explorando pactos territoriales y el Gobierno enfrentado a una disputa sobre el censo, la precampaña entra en una fase de definiciones rápidas. Los próximos días deberán resolver candidaturas, coaliciones y derechos electorales al mismo tiempo, tres factores que pueden influir tanto en la movilización del voto como en el reparto final de poder entre Congreso y Senado.
