La liberación de las 39 personas detenidas tras la protesta por el agua en Guadalajara no ha despejado su situación legal. La Fiscalía de Jalisco suspendió temporalmente algunas investigaciones, pero no las archivó de forma definitiva; además, siete personas comparecieron ante un juez: dos fueron vinculadas a proceso por lesiones y deben firmar cada quince días, mientras que la situación de otras cinco se resolverá en una nueva audiencia. La diferencia entre recuperar la libertad y quedar libre de cargos es central: mantiene abierta la posibilidad de nuevas diligencias y prolonga la incertidumbre para los involucrados.
En el caso de las otras 32 personas, liberadas entre domingo y lunes, la Fiscalía se reservó el derecho de continuar las carpetas. Esa decisión conserva margen de actuación para el Ministerio Público, pero deja a las personas sin una respuesta clara sobre si serán llamadas de nuevo o acusadas. Para quienes enfrentan un proceso, una eventual sentencia condenatoria podría implicar prisión, según explicó Denisse Montiel, directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad). El resultado dependerá de las pruebas y del desarrollo judicial, no únicamente de la detención inicial.
La pausa fiscal y el costo de la incertidumbre
La suspensión temporal puede permitir que las autoridades revisen antecedentes antes de decidir si prosiguen, pero su duración y alcance importan. Sin plazos o información comprensible sobre cada expediente, las personas afectadas pueden tener dificultades para organizar su trabajo, atender citatorios y preparar su defensa. El caso de Samuel Morales, repartidor de comida por aplicación, ilustra esa dimensión: además de una audiencia pendiente, podría enfrentar cargos por lesiones y desobediencia o resistencia de particulares. Para trabajadores con ingresos variables, comparecencias y asesoría legal pueden generar costos concretos, aunque todavía no haya una condena.
La incertidumbre también puede afectar la confianza pública. Si las carpetas se mantienen abiertas sin una explicación oportuna de los indicios que las sostienen, la percepción de que la investigación funciona como presión puede crecer. Pero archivar sin examinar pruebas tampoco respondería a las obligaciones de investigar delitos. La salida institucional requiere decisiones individualizadas, motivadas y comunicadas, con acceso a defensa y revisión judicial. Así se reduce el riesgo de que una suspensión administrativa se convierta, en la práctica, en una sanción indefinida sin sentencia.
Investigar a la policía sin limitarse a los agentes identificados
La revisión de la actuación policial ofrece una oportunidad para determinar si hubo uso excesivo de la fuerza y corregir protocolos. Dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco fueron presentados ante Asuntos Internos y separados de sus funciones mientras se determina su responsabilidad; Protección Civil y Bomberos también anunció que revisará la actuación de un elemento que lanzó chorros de agua contra manifestantes. Son medidas iniciales, no conclusiones: por sí solas no establecen responsabilidad penal ni esclarecen quién ordenó los operativos.
Amnistía Internacional ha planteado que la investigación sea independiente y abarque tanto a quienes ejercieron violencia como a quienes dieron órdenes o dejaron de intervenir. Esa perspectiva es relevante porque revisar solo a agentes identificados puede omitir la cadena de mando y las decisiones operativas que hicieron posible el uso de la fuerza. También se ha pedido indagar la presunta intervención de grupos de choque. Si esa hipótesis se examina, debe hacerse con pruebas y sin convertirla en una explicación automática que deslegitime la protesta o atribuya responsabilidad colectiva a quienes participaron.
Atención a víctimas y garantías de investigación
Algunas personas que dicen haber sido golpeadas o lesionadas aún valoran si presentarán denuncias o quejas. La prioridad que el Cepad atribuye a la atención médica y psicológica responde a necesidades inmediatas; el temor a represalias y las consecuencias de iniciar procedimientos pueden, a su vez, inhibir la búsqueda de justicia. Si no hay mecanismos confiables para recibir testimonios, resguardar datos y evitar contactos intimidatorios, la falta de denuncias podría confundirse con falta de daños y debilitar la reconstrucción de los hechos.
La petición de la presidenta Claudia Sheinbaum a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para realizar una investigación profunda puede aportar escrutinio y ampliar la documentación. Su efecto dependerá de la independencia práctica, el acceso a información y la disposición de las autoridades locales a colaborar. La intervención de un organismo nacional no sustituye la investigación penal de la Fiscalía ni garantiza por sí sola sanciones; sí puede ayudar a identificar patrones, contrastar versiones y hacer visibles omisiones.
La credibilidad dependerá de resultados verificables
El gobernador Pablo Lemus reconoció que hubo irregularidades en la actuación de las autoridades, y el Cepad pidió retirar los cargos y cerrar las investigaciones contra los manifestantes. La coherencia entre ese reconocimiento y las decisiones posteriores será una medida de credibilidad pública. El desistimiento puede ser adecuado si no existe sustento para acusar, pero debe distinguirse de una revisión completa de posibles abusos policiales: cerrar unas carpetas no resuelve las responsabilidades de otros actores ni repara daños.
El principal riesgo es que ambos frentes avancen de manera desigual: que los expedientes contra manifestantes sigan abiertos mientras las indagatorias sobre policías se limitan a medidas internas sin conclusiones públicas. El escenario más favorable es una revisión pronta, transparente y con garantías para todas las partes, que esclarezca responsabilidades individuales y permita impugnar decisiones. Hasta que haya resoluciones, el caso seguirá siendo una prueba para el debido proceso y para la capacidad de las instituciones de investigar una protesta sin confundir control del orden público con rendición de cuentas.
