La pregunta decisiva de las próximas elecciones israelíes no es únicamente qué partido obtendrá más escaños, sino quién puede participar en la decisión colectiva. El mapa electoral descrito para los comicios del próximo martes revela una paradoja central: Israel organiza una elección parlamentaria en un territorio políticamente fragmentado, donde la ciudadanía, la residencia, la ocupación militar y la pertenencia nacional no coinciden. Más de 7,2 millones de personas podrán votar, pero millones de habitantes sometidos de una u otra forma al poder israelí quedarán excluidos.
El eslogan elegido por Beniamin Netanyahu, “Derecha o Palestina”, condensa esa lógica de confrontación. No presenta la elección como una disputa ordinaria entre programas económicos o modelos institucionales, sino como un plebiscito sobre la identidad nacional y el control territorial. El mensaje puede ser eficaz para movilizar a la derecha, pero también convierte a una parte de la población en una amenaza electoral antes incluso de que se abran las urnas.
Un sistema único para un territorio dividido
La ley electoral israelí establece una circunscripción única para todo el país. Los votantes no eligen representantes de distritos locales, sino listas nacionales que compiten por los escaños de la Knéset. Al menos once partidos tienen, según las encuestas citadas, posibilidades de obtener representación. El resultado previsiblemente se distribuirá entre tres espacios: la coalición gubernamental formada por el Likud y los partidos de extrema derecha y ultraortodoxos; una oposición sionista moderada; y las formaciones árabes.
La circunscripción única debería, en teoría, permitir que los distintos grupos sociales estén presentes en proporción a su peso demográfico. Sin embargo, ese principio sólo funciona entre quienes poseen ciudadanía israelí. El sistema no integra a todos los habitantes del espacio bajo control israelí, sino a una comunidad electoral delimitada por la nacionalidad. La consecuencia es que la representación parlamentaria puede ser proporcional dentro del cuerpo ciudadano y, al mismo tiempo, profundamente desigual respecto del conjunto de la población gobernada.
Entre los electores habrá cerca de seis millones de judíos y unos 1,2 millones de árabes israelíes, aproximadamente uno de cada seis votantes. Estos últimos son los palestinos que permanecieron dentro de las fronteras originales de Israel en 1948 y sus descendientes. Su participación está reconocida legalmente, pero sigue siendo políticamente incómoda para la derecha. En 2015, Netanyahu advirtió durante la jornada electoral de que los ciudadanos árabes acudían “en masa” a votar. La frase no fue un detalle retórico: transformó el ejercicio de un derecho democrático en una amenaza para el bloque que aspiraba a gobernar.
La controversia reapareció este año cuando la Comisión Electoral Central vetó las dos listas árabes. El Tribunal Supremo anuló la decisión a principios de octubre y permitió que concurrieran. El episodio muestra que el conflicto no se limita a la competición entre partidos. También alcanza la definición de quién puede presentar una alternativa política legítima y hasta dónde llega la tolerancia institucional hacia partidos que representan a una minoría nacional enfrentada al consenso sionista dominante.
Jerusalén Este: residencia sin ciudadanía
La situación de Jerusalén Este expone con especial claridad la distancia entre residencia y participación política. Allí viven unos 350.000 palestinos. Tras la ocupación de la parte oriental de la ciudad en 1967, Israel les concedió la residencia permanente, pero no la ciudadanía. Su documento de identidad azul les permite vivir en la ciudad, acceder a determinados servicios y votar en las elecciones municipales, pero no participar en los comicios parlamentarios nacionales.
La mayoría boicotea las elecciones municipales, una decisión que expresa el rechazo a legitimar la anexión israelí de Jerusalén Este, considerada ilegal por gran parte de la comunidad internacional. Al mismo tiempo, la ausencia de ciudadanía les impide intervenir en la elección del Gobierno y del Parlamento que determinan buena parte de las políticas que afectan a su vida cotidiana. Pueden solicitar la nacionalidad, pero el procedimiento es largo y está rodeado de obstáculos burocráticos.
El resultado es una forma de exclusión difícil de encajar en las categorías habituales. No se trata de una población extranjera situada fuera de la jurisdicción israelí, ni de una minoría ciudadana con representación incompleta. Son residentes permanentes de una ciudad que Israel considera parte de su capital, pero no forman parte del cuerpo electoral que decide quién gobernará esa ciudad y el territorio al que está integrada administrativamente.
La retirada de los carteles del Likud en la calle Saladino, menos de doce horas después de su colocación, adquiere así un significado que va más allá del vandalismo o de la disputa propagandística. El propietario palestino de un bar cercano resume la sensación de muchos residentes: gane quien gane, el escenario es deprimente porque nadie les ha preguntado qué opinan. La frase refleja una desafección política producida no sólo por la falta de confianza en los partidos, sino por la imposibilidad formal de intervenir en el proceso nacional.
El voto que sí cuenta: los colonos de Cisjordania
La asimetría resulta aún más visible en Cisjordania. Las urnas llegarán a más de 200 asentamientos israelíes, considerados ilegales según el derecho internacional, donde viven cerca de medio millón de colonos. En cambio, los aproximadamente tres millones de palestinos residentes a pocos kilómetros, bajo la administración de la Autoridad Palestina, no podrán votar en las elecciones israelíes.
La diferencia no depende de la distancia geográfica, sino de la ciudadanía y de la estructura jurídica creada en el territorio ocupado. Los colonos participan plenamente en las elecciones nacionales del Estado que mantiene el control militar y administrativo sobre buena parte de Cisjordania. Los palestinos, aunque sus movimientos, seguridad y condiciones económicas están afectados por decisiones israelíes, quedan fuera del proceso parlamentario. Esta separación produce dos comunidades políticas superpuestas en un mismo espacio físico.
El peso electoral de los asentamientos es desproporcionado respecto de su tamaño. Poder Judío, de Itamar Ben Gvir, y Sionismo Religioso, de Bezalel Smotrich, encuentran allí una base natural de apoyo. Ambos partidos concurren esta vez por separado y defienden abiertamente la anexión de Cisjordania. Sus líderes votarán en Kiryat Arba y Kedumim, las colonias donde viven. La elección no sólo determinará quién ocupa los ministerios: también puede fortalecer o debilitar el proyecto de convertir una realidad territorial provisional en una soberanía formal.
La primera conclusión analítica es que los asentamientos no son únicamente un asunto de política exterior o de seguridad. Se han convertido en una infraestructura electoral. Cada nueva comunidad incorpora ciudadanos israelíes con derecho a votar en la circunscripción nacional, mientras la población palestina que la rodea permanece excluida. El crecimiento de los asentamientos modifica, por tanto, el equilibrio político interno de Israel al mismo tiempo que transforma el territorio disputado.
Un ejército con urnas en varios frentes
Las Fuerzas de Defensa de Israel también ilustran la amplitud territorial de esta elección. Desde el miércoles, el Ejército ha desplegado unas 850 mesas, una cuarta parte de ellas móviles, para atender a sus efectivos en 40 posiciones de la franja de Gaza, en el sur del Líbano, en nueve bases de Siria y a bordo de varios buques de guerra. Cada urna será escoltada por un oficial armado y el sistema de doble sobre busca impedir que un soldado vote dos veces.
La logística electoral refleja una realidad estratégica: Israel vota mientras mantiene personal militar desplegado fuera de sus fronteras reconocidas y en zonas de conflicto activo. El voto de los soldados es una garantía de continuidad institucional, pero también recuerda hasta qué punto la seguridad domina la vida política del país. En una campaña construida alrededor de la dicotomía entre “derecha” y “Palestina”, la presencia de urnas en Gaza, Líbano y Siria normaliza la idea de que la soberanía electoral y la actividad militar forman parte de un mismo espacio.
Para el Gobierno, facilitar el voto a los militares es una cuestión de igualdad democrática y de reconocimiento al servicio armado. Para sus críticos, la extensión de la infraestructura electoral a posiciones militares situadas en territorios disputados puede reforzar la percepción de que la ocupación y la guerra se han integrado en la rutina institucional. La controversia no invalida el procedimiento, pero sí plantea una pregunta incómoda: cuánto puede expandirse un sistema electoral antes de que la administración de la seguridad termine definiendo sus fronteras prácticas.
La diáspora y el conflicto por el electorado ausente
La exclusión no afecta sólo a quienes viven bajo ocupación o sin ciudadanía. La mayoría de los aproximadamente 630.000 israelíes residentes en el extranjero tampoco podrá votar desde sus países de residencia. La ley sólo autoriza el voto en embajadas y consulados al personal diplomático, unas 4.800 personas. El resto deberá viajar a Israel para ejercer su derecho.
Una organización estadounidense que fleta vuelos calcula que más de 50.000 ciudadanos regresarán para votar. El perfil mayoritario de ese grupo, laico, liberal y con estudios superiores, inquieta al Likud, que llegó a llevar a la organización ante los tribunales. El ministro de Comunicaciones, Shlomo Karhi, afirmó en agosto: “Quien no vive aquí, que no venga”. La frase revela una concepción territorial del derecho político: la ciudadanía formal se considera insuficiente cuando el elector no comparte diariamente las consecuencias de las decisiones gubernamentales.
Sin embargo, ese argumento contiene una contradicción. Israel permite a los ciudadanos residentes en el extranjero conservar su nacionalidad, sus vínculos legales y, en muchos casos, sus obligaciones económicas y familiares. Negarles un mecanismo ordinario de voto no elimina su pertenencia política; sólo encarece el acceso al derecho. El coste del viaje convierte la participación en una posibilidad más accesible para quienes tienen recursos y tiempo, lo que introduce una desigualdad socioeconómica en el electorado exterior.
La batalla por esos vuelos muestra que las elecciones también se disputan antes de la jornada electoral, mediante la definición de quién es considerado un elector legítimo. Para el Likud, la movilización de ciudadanos expatriados puede alterar un equilibrio parlamentario estrecho. Para sus promotores, se trata de facilitar la participación de israelíes que siguen vinculados al país. El conflicto evidencia que, cuando el margen entre bloques es reducido, incluso decenas de miles de votos pueden adquirir un valor estratégico desproporcionado.
La participación árabe, entre la representación y el veto
Los partidos árabes afrontan una doble presión. Por un lado, necesitan movilizar a una población que ha experimentado discriminación, desconfianza y frustración ante la limitada capacidad de sus representantes para cambiar las políticas nacionales. Por otro, deben defender su legitimidad en un sistema donde parte de la derecha presenta su voto como una amenaza al carácter judío del Estado.
La baja participación árabe puede reducir su peso parlamentario incluso cuando la población mantiene el derecho formal a votar. La abstención, en este contexto, no puede interpretarse automáticamente como apatía. Puede expresar una evaluación racional: si los partidos árabes son excluidos de las coaliciones de Gobierno y sus propuestas quedan fuera del centro de la agenda, algunos electores pueden concluir que votar no modifica las decisiones esenciales. Pero esa retirada tiene un efecto paradójico: reduce la capacidad de negociación del bloque árabe y facilita que otros partidos definan la política sin su intervención.
La anulación judicial del veto a las listas árabes preserva la competencia electoral, aunque no resuelve el problema político de fondo. La intervención del Tribunal Supremo confirma que existen contrapesos institucionales, pero también que la participación de una minoría nacional depende de una disputa jurídica periódica. Si el acceso a la representación se convierte en un asunto recurrente ante los tribunales, la confianza en las urnas se debilita y el conflicto de identidad desplaza a la deliberación sobre vivienda, empleo, educación o servicios públicos.
Lo que puede cambiar después de las urnas
El resultado más probable, según la configuración descrita, no es una resolución del conflicto sino una nueva negociación entre bloques. Una coalición integrada por el Likud, la extrema derecha y los partidos ultraortodoxos tendría incentivos para acelerar medidas favorables a los asentamientos, endurecer la política hacia los partidos árabes y avanzar en la anexión de partes de Cisjordania. La separación de Poder Judío y Sionismo Religioso podría complicar la aritmética parlamentaria, pero no necesariamente reducir la influencia de sus demandas si ambos partidos se convierten en piezas indispensables.
Una oposición sionista moderada podría intentar recuperar el centro mediante una agenda de seguridad más pragmática y una relación menos confrontativa con los ciudadanos árabes. Su dificultad será demostrar que el cambio de tono implica también un cambio de política. Si mantiene las mismas líneas rojas territoriales y excluye de antemano a los partidos árabes de cualquier acuerdo, puede moderar el discurso sin alterar la estructura de poder que produce la exclusión.
El primer riesgo es una escalada de la polarización electoral. Cuando el adversario se presenta como una amenaza existencial, los partidos tienen pocos incentivos para reconocer sus intereses legítimos. El segundo es territorial: una mayor normalización de los asentamientos o un paso hacia la anexión podría aumentar la tensión con la población palestina, debilitar a la Autoridad Palestina y elevar el coste de seguridad para Israel. El tercero es institucional: los vetos a listas, las impugnaciones judiciales y las acusaciones de interferencia pueden convertir cada elección en una prueba de resistencia del sistema.
Existe además un riesgo menos visible, pero decisivo: que la desigualdad electoral se vuelva permanente y deje de percibirse como una anomalía temporal. Si los colonos votan en las elecciones israelíes, los residentes palestinos de Jerusalén Este siguen sin ciudadanía y los palestinos de Cisjordania continúan fuera del cuerpo electoral, la división entre derechos civiles y control territorial se consolidará. En ese escenario, la estabilidad formal de las urnas podría coexistir con una crisis creciente de legitimidad.
Las elecciones, por tanto, no sólo medirán la fuerza de Netanyahu o el tamaño de cada bloque. También pondrán a prueba la definición práctica de la democracia israelí: si se entiende como un mecanismo de representación para los ciudadanos del Estado o como un sistema capaz de responder políticamente por todos los habitantes sobre los que ejerce poder. La desaparición de los carteles de la calle Saladino no resuelve esa pregunta. Sólo muestra que, para una parte de la población, la campaña electoral ya ha llegado a un lugar donde el voto nacional sigue siendo inaccesible.
