La Fiscalía General de Ecuador solicitó este viernes la prisión preventiva de Luisa González, principal dirigente opositora y excandidata presidencial de Revolución Ciudadana (RC), junto con otros miembros de la formación vinculada al expresidente Rafael Correa. La petición se enmarca en el caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos destinado a financiar la campaña electoral de 2023.
Según la acusación, una estructura organizada habría enviado dinero en efectivo desde Venezuela, dividido en montos pequeños y oculto de los controles electorales, para financiar al binomio integrado por González y Andrés Arauz. La investigación también alcanza a Arauz, asilado en México, y a Correa, quien permanece exiliado en Bélgica. La Fiscalía no ha informado todavía de una sentencia ni de una condena, por lo que las acusaciones deberán ser examinadas durante el proceso judicial.
Una causa con impacto electoral
La operación incluyó allanamientos y un despliegue de uniformados, mientras González, detenida el jueves, denunció una persecución política y acusó al Gobierno de Daniel Noboa de atacar las libertades. Correa respaldó esa posición y llamó a su partido a mantenerse unido.
El caso trasciende la situación individual de González porque profundiza la confrontación entre el correísmo y Noboa. Revolución Ciudadana ya había sido suspendida por el Tribunal Contencioso Electoral y quedó excluida de las elecciones locales del 29 de noviembre. La solicitud de prisión preventiva añade una presión judicial decisiva sobre la principal fuerza opositora, aunque su alcance político dependerá de que los tribunales sustenten las acusaciones con pruebas verificables y respeten las garantías del debido proceso.
