La República Dominicana avanza hacia una administración tributaria más moderna, pero la transición no afecta a todos los contribuyentes en igualdad de condiciones. La entrada en vigor de la facturación electrónica, prevista en la Ley núm. 32-23, ha expuesto una brecha que va más allá del acceso a una plataforma digital: mientras las grandes empresas pueden integrar nuevos sistemas con departamentos especializados, muchas micro y pequeñas empresas deben asumir el cambio con recursos financieros, tecnológicos y humanos limitados.
El 15 de noviembre marca el nuevo límite
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) otorgó una prórroga general de seis meses a los contribuyentes clasificados como pequeños, micro y no clasificados. Con esa decisión, el plazo para completar su incorporación al sistema fue trasladado hasta el 15 de noviembre de 2026. El ajuste reconoce que una parte importante del tejido empresarial todavía enfrenta dificultades para cumplir con las exigencias técnicas y administrativas del nuevo régimen.
Sin embargo, la extensión del calendario no equivale a una solución estructural. El tiempo adicional puede aliviar la presión inmediata, pero solo será útil si se emplea para corregir obstáculos concretos: falta de equipos, conectividad irregular, desconocimiento de los procedimientos, ausencia de personal capacitado y escasa asistencia técnica. De lo contrario, el vencimiento del nuevo plazo podría producir una concentración de incumplimientos y aumentar la exposición de los pequeños negocios a sanciones.
La gratuidad no elimina el costo de cumplir
La DGII dispone de un facturador gratuito, una herramienta que puede reducir la barrera económica asociada a la adquisición de un software especializado. Pero confundir el precio de la plataforma con el costo total de la transformación sería un error. Para utilizarla se necesita, como mínimo, un dispositivo adecuado, conexión estable a internet, conocimientos básicos de gestión digital y capacidad para registrar correctamente las operaciones.
En una microempresa, esos requisitos pueden alterar la rutina completa del negocio. El propietario quizá sea al mismo tiempo vendedor, administrador, responsable de compras y encargado de llevar las cuentas. La capacitación no representa únicamente horas de aprendizaje: también implica apartar tiempo de la actividad productiva o pagar a otra persona para que asuma temporalmente esas tareas. A esto se suman la eventual contratación de soporte técnico, la actualización de equipos y la adaptación de los controles internos.
La diferencia con una gran compañía no es solo de escala, sino de capacidad de absorción. Una empresa con departamentos contables y tecnológicos puede distribuir la carga del cambio entre varias áreas. Un pequeño negocio familiar, en cambio, puede percibir la digitalización como una obligación que compite directamente con su liquidez y su continuidad operativa.
Modernizar sin convertir la sanción en una amenaza
La facturación electrónica ofrece ventajas relevantes para el sistema tributario. Facilita la trazabilidad de las operaciones, reduce el uso de documentos físicos, mejora la disponibilidad de información y fortalece los mecanismos de control. También puede ayudar a los propios negocios a ordenar sus registros, conocer mejor sus ingresos y formalizar procesos que antes dependían de anotaciones dispersas o documentos en papel.
Esos beneficios, no obstante, dependen de que el sistema sea utilizado correctamente. Si el cumplimiento se aborda principalmente desde la sanción, las empresas con menor capacidad podrían concentrar sus esfuerzos en evitar errores formales, sin aprovechar las posibilidades de gestión que ofrece la herramienta. La Ley núm. 32-23 contempla infracciones y penalidades vinculadas a las obligaciones de facturación electrónica, por lo que la aplicación del régimen deberá guardar proporción con la situación concreta de cada contribuyente.
La fiscalización es una atribución legítima de la Administración tributaria, pero su eficacia no se mide únicamente por el número de infracciones detectadas. También debe evaluarse por la capacidad de prevenirlas. Orientación previa, advertencias claras, períodos razonables de adaptación y canales de respuesta accesibles pueden generar más cumplimiento que una política centrada en castigar a quienes todavía no han logrado completar la transición.
El éxito dependerá de la asistencia, no solo de la cobertura
El reto de la DGII consiste en que la incorporación al sistema no sea una meta estadística, sino un proceso real de aprendizaje y adopción. Que un contribuyente aparezca registrado no garantiza que emita comprobantes correctamente, conserve sus soportes, responda a los requerimientos técnicos o entienda las consecuencias de cada operación.
Por eso, la política pública necesita distinguir entre los distintos segmentos empresariales. Las mipymes requieren capacitación accesible, materiales comprensibles, asistencia oportuna y soluciones ajustadas a negocios con poca infraestructura. También sería conveniente evaluar de forma permanente los problemas reportados por los usuarios, identificar los puntos donde se repiten los errores y adaptar las herramientas antes de que las dificultades se conviertan en incumplimientos generalizados.
La facturación electrónica puede contribuir a una economía más formal, transparente y organizada, pero ese resultado no está garantizado por la tecnología en sí misma. La modernización tributaria será sostenible si consigue elevar la capacidad de los pequeños negocios en lugar de aumentar su vulnerabilidad. Proteger a las mipymes no significa frenar la reforma; significa crear las condiciones para que puedan cumplirla, convertirla en una mejora de su gestión y mantenerse activas dentro de la economía nacional.
