La participación de ciudadanos dominicanos en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania ha abierto un debate que trasciende las circunstancias particulares de cada caso: el uso generalizado del término “mercenario”. La palabra aparece con frecuencia en reportajes, entrevistas y comentarios públicos, pero su empleo como una descripción automática de cualquier extranjero que combate en una guerra carece de precisión jurídica.
Desde la perspectiva del Derecho Internacional Humanitario, la condición de mercenario no se determina por la nacionalidad, el pago recibido ni la simple presencia en el campo de batalla. El artículo 47 del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949 establece una serie de requisitos concretos que deben concurrir de manera simultánea. Por ello, atribuir esa categoría requiere examinar los hechos individuales, la forma de reclutamiento, la relación contractual y la estructura militar en la que se integra cada persona.
El punto decisivo está en la definición jurídica
El artículo 47 contempla, entre otros elementos, que la persona haya sido especialmente reclutada para combatir, participe directamente en las hostilidades, actúe esencialmente con el propósito de obtener un beneficio privado y reciba una compensación material sustancialmente superior a la correspondiente a combatientes de rango y funciones similares. También exige que no sea nacional de una parte en conflicto, que no resida en territorio controlado por ella y que no forme parte de sus Fuerzas Armadas ni haya sido enviada oficialmente por otro Estado.
La enumeración no funciona como una lista orientativa. Se trata de condiciones acumulativas: si falta una de ellas, no puede afirmarse jurídicamente que la persona reúne la definición internacional de mercenario. Esta exigencia explica por qué el concepto tiene un alcance mucho más restringido que el utilizado habitualmente en el lenguaje político o periodístico.
Reclutamiento y promesas laborales bajo escrutinio
Las informaciones conocidas indican que varios dominicanos habrían viajado a Rusia tras recibir ofertas para desempeñar labores de seguridad u otras actividades remuneradas, sin que inicialmente se les presentara la participación directa en operaciones militares como el objetivo principal. Algunos reportajes sostienen que, una vez en territorio extranjero, esas personas habrían sido colocadas en circunstancias distintas de las prometidas.
Si esos señalamientos fueran confirmados, el modo de reclutamiento tendría una importancia central. Una captación basada en engaño, información incompleta o promesas laborales ajenas al combate puede debilitar la conclusión de que hubo un reclutamiento específicamente dirigido a participar en hostilidades. No elimina por sí sola todas las preguntas jurídicas, pero obliga a diferenciar entre quien se incorpora voluntariamente como combatiente y quien llega bajo condiciones que luego son modificadas.
La prueba relevante no se limita a los contratos. También podrían resultar determinantes las comunicaciones utilizadas para captar a los trabajadores, las condiciones ofrecidas, el entrenamiento recibido, los documentos de incorporación, las órdenes de mando y la naturaleza concreta de las tareas asignadas. Sin ese conjunto de elementos, cualquier conclusión definitiva corre el riesgo de apoyarse en una inferencia incompleta.
Una incorporación formal cambiaría el análisis
La situación jurídica podría ser distinta si alguno de los dominicanos hubiera sido incorporado formalmente a las Fuerzas Armadas rusas, integrado a una cadena de mando estatal y sometido al régimen disciplinario de una organización militar. En ese escenario, la persona podría aproximarse jurídicamente a la categoría de miembro de las fuerzas armadas o combatiente, aunque la valoración final dependería de las circunstancias documentadas.
La existencia de una remuneración tampoco resuelve el asunto. Los miembros de las fuerzas armadas reciben salarios, beneficios o compensaciones sin que ello los convierta en mercenarios. La diferencia reside en la combinación de factores prevista por el Derecho Internacional Humanitario: el propósito del reclutamiento, el vínculo institucional, la función desempeñada, el nivel de pago y la relación con las partes enfrentadas.
La doctrina especializada ha insistido en el carácter excepcional de la figura. Los análisis atribuidos a autores como Antonio Cassese y Diana Hernández Hoyo coinciden con una idea básica: no todo combatiente extranjero es un mercenario. La nacionalidad extranjera puede ser un dato relevante para el examen, pero no sustituye la comprobación del resto de los requisitos.
El costo de una calificación apresurada
Calificar a una persona como mercenaria no es una simple descripción retórica. La etiqueta puede afectar su reputación, influir en la manera en que se interpreta su situación ante las autoridades y condicionar la percepción pública sobre posibles víctimas de engaño, coacción o trata. También puede desviar la atención de preguntas más urgentes, como quién realizó el reclutamiento, qué promesas fueron formuladas y bajo qué condiciones se produjo el desplazamiento.
La discusión pública es legítima, pero pierde calidad cuando sustituye la verificación por afirmaciones categóricas. El conocimiento de una entrevista, una fotografía o un relato parcial no basta para reconstruir la situación jurídica de una persona involucrada en un conflicto internacional. Tampoco la remuneración permite deducir automáticamente la existencia de mercenarismo.
La respuesta responsable exige separar tres planos: los hechos que han sido confirmados, las versiones pendientes de investigación y las consecuencias jurídicas que podrían derivarse de cada escenario. Hasta que se acrediten todos los elementos exigidos por el artículo 47, no existe base suficiente para llamar mercenarios a todos los dominicanos vinculados a las fuerzas rusas. La precisión terminológica no es un detalle académico: es una garantía necesaria para comprender sus responsabilidades, sus derechos y las circunstancias que los llevaron a la guerra.
