La cuarta movilización de estudiantes y docentes contra el Gobierno de Javier Milei terminó el jueves en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad en Buenos Aires. La protesta, convocada para exigir que se aplique la Ley de Financiamiento Universitario, dejó al menos 25 detenidos y ocho agentes heridos, según el Ministerio de Seguridad Nacional. El choque en torno al Congreso convirtió una disputa sobre salarios y presupuestos en una prueba de fuerza política y judicial.
Un fallo pendiente, una ley sin ejecución
El reclamo central es que el Ejecutivo cumpla la norma aprobada por el Parlamento, que prevé actualizar por inflación los salarios docentes desde diciembre de 2023, recomponer las becas estudiantiles y aumentar los fondos para el funcionamiento de las universidades. Milei vetó la ley, pero el Congreso la ratificó en octubre de 2025. Desde entonces, varias decisiones judiciales, incluida una de la Corte Suprema en junio, han instado al Gobierno a aplicarla.
El Ejecutivo sostiene que la legislación no define de qué partidas saldrían los recursos. El portavoz presidencial, Adrián Ravier, afirmó que la ley está «interrumpida» mientras el Gobierno decide cómo proceder, y negó que simplemente se esté incumpliendo. La diferencia no es menor: enfrenta la obligación que los tribunales atribuyen al Estado con la objeción fiscal del Gobierno, mientras las universidades esperan medidas concretas.
El deterioro presupuestario alimenta la protesta
El Centro de Investigación de Economía Nacional de la Universidad de Buenos Aires calcula que los recursos universitarios cayeron un 40,5% en términos reales al comparar el primer semestre de este año con el mismo periodo de 2023. Aunque el Gobierno dispuso aumentos presupuestarios desde la llegada de Milei al poder, las instituciones los consideran insuficientes frente a la inflación y a las necesidades acumuladas.
La presión se refleja en las condiciones de trabajo y de estudio. Representantes sindicales denuncian que docentes deben sumar empleos o abandonar sus cargos; informes del sector estiman que al menos 10.000 docentes e investigadores renunciaron desde diciembre de 2023. Estudiantes, por su parte, describen falta de aulas y turnos, y dificultades para reparar instalaciones. Estas consecuencias cotidianas ayudan a explicar por qué la disputa presupuestaria moviliza a sectores que no comparten necesariamente las mismas demandas políticas.
De la marcha al enfrentamiento
La movilización, en la que participaron estudiantes, docentes y sindicatos, reclamó la ejecución de la sentencia y exhibió consignas en defensa de la universidad pública. Alrededor del Congreso, algunos manifestantes arrancaron adoquines y fragmentos de acera y los arrojaron contra los agentes; la policía respondió con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Según la agencia Afp, policías motorizados y efectivos de infantería despejaron la zona al caer la tarde.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, calificó en X a los participantes violentos como «los mismos de siempre» y los acusó de buscar el caos. Esa versión oficial se refiere a los incidentes, pero no resuelve el desacuerdo de fondo: la protesta combina un reclamo laboral y presupuestario respaldado por decisiones judiciales con episodios de violencia que desplazan la discusión hacia el orden público.
Una disputa que excede las universidades
Los organizadores también convocaron a marchar contra un megadecreto de Milei que, entre otras medidas, elimina restricciones a la venta de tierras rurales a extranjeros. Así, la protesta universitaria se conecta con un rechazo más amplio a la agenda del Ejecutivo. Pero el resultado de la pulseada inmediata dependerá de si el Gobierno define cómo financiar la ley o mantiene su objeción: mientras esa respuesta no llegue, los fallos judiciales, el deterioro de los recursos y nuevas movilizaciones seguirán alimentando el conflicto.
