La campaña del presidente brasileño y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, solicitó este domingo al Tribunal Superior Electoral (TSE) ampliar durante dos horas el horario de votación de la segunda vuelta presidencial en todo el país. El pedido fue presentado después de que el Partido de los Trabajadores (PT) denunciara interrupciones y reducciones en el transporte público que, según su equipo jurídico, habrían impedido o dificultado el desplazamiento de electores en distintos estados.
La jornada electoral estaba prevista para concluir a las 17.00 horas locales, equivalentes a las 20.00 GMT. En un recurso calificado de “urgentísimo”, la defensa de Lula pidió que la votación se prolongara hasta dos horas adicionales y que se identificara y detuviera en el momento a los responsables de las irregularidades denunciadas. El planteamiento busca evitar que los problemas de movilidad tengan un efecto desigual sobre la participación y sobre el resultado de una elección caracterizada por una estrecha competencia.
El argumento del Partido de los Trabajadores
El PT sostuvo que las dificultades para acceder a los centros de votación se registraron en varias ciudades y que la respuesta debía tener alcance nacional. La formación citó los casos de Salvador, Teresina y São Paulo, donde, según su recurso, ciudadanos habrían esperado sin éxito la llegada de autobuses. Para el partido, esas situaciones constituyen un obstáculo electoral comparable, aunque hayan ocurrido en municipios diferentes.
“El elector de Salvador, Teresina o São Paulo que esperó en vano el autobús sufrió el mismo obstáculo que el de cualquier otra ciudad en la que se redujo la flota”, afirmó la organización en el documento presentado ante el TSE. Con ese razonamiento, la campaña de Lula sostiene que una eventual compensación no debería limitarse a localidades específicas, sino aplicarse por igual a todos los votantes afectados.
La solicitud no se limita a una ampliación administrativa del horario. También plantea una investigación inmediata sobre la conducta de quienes hubieran incumplido las reglas electorales o alterado deliberadamente la disponibilidad del transporte. La acusación es políticamente sensible porque cualquier retraso en el acceso a las urnas puede afectar de manera especial a electores que dependen del servicio público y que disponen de menos alternativas para trasladarse.
Denuncias en ciudades clave
El PT acusó además a algunos alcaldes opositores a Lula de no haber cumplido una orden de la Justicia Electoral que obligaba a los municipios a mantener el transporte público funcionando a plena capacidad, como en un día laboral, y ofrecerlo de forma gratuita. La medida había sido concebida para reducir las barreras económicas y logísticas a la participación, especialmente en una segunda vuelta en la que cada voto podía resultar determinante.
Las denuncias se concentraron, entre otros lugares, en São Paulo y Salvador. São Paulo es la ciudad más poblada de Brasil, mientras que Salvador ocupa el quinto lugar en población y es la capital del estado de Bahía. En ambas se reportaron problemas relacionados con la falta de autobuses municipales, aunque la información disponible no establece por sí sola el alcance exacto de las interrupciones ni cuántos votantes habrían quedado imposibilitados de sufragar.
En Salvador, la Justicia Electoral ordenó la captura del secretario municipal de Movilidad, Pablo Souza, por sospechas de que habría retirado autobuses durante la segunda vuelta con el propósito de perjudicar a Lula. La acusación deberá ser investigada por las autoridades competentes y no equivale a una condena. La ciudad está gobernada por un partido de centro derecha aliado con el expresidente Jair Bolsonaro, un contexto político que ha intensificado las sospechas y la disputa pública en torno al servicio de transporte.
El reclamo del sector bolsonarista
La campaña de Flávio Bolsonaro, hijo mayor del expresidente Jair Bolsonaro y rival de Lula en la segunda vuelta, también solicitó ampliar el horario de votación, aunque su petición tendría un alcance más limitado. Según medios locales, el senador pidió extender la jornada en ciudades de São Paulo, Paraná y Santa Catarina, donde atribuyó las dificultades de los votantes a las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas.
La coincidencia entre ambos equipos en reclamar más tiempo de votación refleja que el problema de la movilidad no fue presentado únicamente como una denuncia partidaria. Sin embargo, las causas señaladas son diferentes: el PT apunta a posibles incumplimientos o decisiones políticas de administraciones municipales, mientras que la campaña de Bolsonaro alude principalmente a condiciones meteorológicas adversas. La autoridad electoral deberá determinar si las incidencias fueron suficientemente amplias y verificables para justificar una medida extraordinaria.
Una elección marcada por el empate técnico
La controversia se produce en una elección presidencial especialmente ajustada. Lula y Flávio Bolsonaro se enfrentan este domingo en una segunda vuelta cuyos sondeos situaban a ambos en un empate técnico. En ese escenario, cualquier variación en la participación puede adquirir relevancia, sobre todo en zonas donde el transporte público es indispensable para llegar a los centros de votación.
El antecedente de Salvador ayuda a dimensionar la importancia política del conflicto. En la primera vuelta, Lula obtuvo allí el 65 % de los votos, frente al 27 % conseguido por Flávio Bolsonaro. La ciudad se convirtió, por tanto, en un territorio electoralmente favorable al candidato del PT, aunque administrado por un sector político alineado con su adversario. La disputa sobre los autobuses se inserta así en una tensión más amplia entre gobiernos municipales, campañas presidenciales y autoridades electorales.
La decisión del TSE tendrá que equilibrar dos exigencias: proteger el derecho de los ciudadanos a votar cuando existan obstáculos comprobados y preservar la uniformidad de las reglas durante una jornada nacional. Una extensión general del horario podría ofrecer una solución amplia para los afectados, pero también modificaría la organización del escrutinio y exigiría criterios claros para evitar nuevas controversias. Mientras el tribunal analiza los recursos, las denuncias sobre transporte añaden un nuevo foco de incertidumbre a una segunda vuelta ya marcada por la polarización y la estrechez de las previsiones electorales.
