La nueva doctrina escolar anunciada por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, busca responder a la violencia entre estudiantes y a las agresiones contra integrantes de la comunidad educativa. Los lineamientos prevén sanciones graduales, recuperan la posibilidad de suspensiones definitivas y devuelven a los docentes facultades para corregir conductas y asignar una nota de comportamiento. El alcance real de la reforma dependerá, sin embargo, menos de la severidad de sus anuncios que de cómo se aplique en cada centro y de las garantías que acompañen las decisiones disciplinarias.
Una respuesta que puede proteger el aprendizaje
En aulas donde el acoso, las agresiones y las interrupciones reiteradas impiden enseñar, una autoridad docente reconocida puede mejorar las condiciones de aprendizaje. La posibilidad de actuar ante infracciones, en vez de tolerarlas por falta de herramientas, también puede dar a estudiantes y familias una ruta más clara para pedir intervención. La gradualidad anunciada —amonestaciones y sanciones leves antes de medidas mayores— apunta, al menos en principio, a corregir comportamientos sin tratar todas las faltas como equivalentes.
La disposición a denunciar el bullying y el acoso sexual es otro aspecto relevante. Si el alumnado confía en que comunicar una agresión activará una respuesta oportuna, puede reducirse el silencio que favorece la repetición y deja aisladas a las víctimas. La coordinación prevista con la Policía y el Ministerio Público en situaciones graves reconoce que ciertos hechos exceden la capacidad de resolución escolar. Pero para que esa derivación sea efectiva, los colegios necesitarán protocolos que protejan a quien denuncia y eviten convertir una acusación en un juicio informal ante compañeros.
La sanción no sustituye la prevención
La promesa de expulsiones definitivas plantea una tensión central: apartar a un agresor puede brindar alivio inmediato a quienes comparten el aula, pero también interrumpir su educación y trasladar el problema a otro entorno sin resolver sus causas. El efecto dependerá de qué conductas conduzcan a esa medida, qué evidencia se exija y si existen alternativas proporcionales. Una respuesta firme frente a la violencia no requiere que todas las infracciones se interpreten del mismo modo ni que la exclusión sea la herramienta principal.
La nota de conducta y la facultad de corregir pueden restablecer la capacidad de intervención de los maestros, pero también abren espacio a criterios desiguales. Si no hay reglas comprensibles, registro de incidentes y posibilidad de revisión, una evaluación puede depender de apreciaciones subjetivas o castigar de forma más intensa a estudiantes con distintas necesidades o contextos. El desafío institucional será distinguir entre violencia que pone en riesgo a otros, indisciplina persistente y faltas menores, y explicar por qué una medida concreta es adecuada en cada caso.
Uniformidad en las normas, diferencias en los efectos
Las restricciones anunciadas sobre maquillaje, uñas, cabello y largo de las faldas desplazan parte del debate desde la seguridad hacia la presentación personal. La higiene puede ser una preocupación legítima en la vida escolar, pero reglas sobre apariencia requieren criterios claros para no derivar en fiscalización selectiva o conflictos que consuman tiempo de enseñanza. Si la aplicación se concentra en la imagen del alumnado mientras faltan recursos para atender agresiones, la reforma podría percibirse como más disciplinaria que protectora.
También existe una brecha posible entre la norma y la capacidad cotidiana de cumplirla. Investigar reportes, escuchar a las partes, documentar decisiones y acompañar a víctimas demanda tiempo y personal. En centros que no dispongan de orientación especializada o protocolos operativos, la responsabilidad puede recaer casi por completo en docentes y directores, precisamente quienes necesitan apoyo para actuar con consistencia. Sin capacitación y canales de apelación, la misma conducta podría recibir respuestas distintas según el colegio.
La medida de éxito será la confianza
La reforma tendrá efectos duraderos si logra que las aulas sean más seguras sin desalentar la denuncia ni expulsar del sistema a quienes podrían corregir su conducta. Para evaluar ese equilibrio no bastará contar sanciones: también importará si disminuyen las agresiones, si las víctimas reciben protección, si las decisiones se revisan con imparcialidad y si los estudiantes permanecen vinculados a la educación. La autoridad escolar puede contribuir a recuperar la convivencia, pero su legitimidad dependerá de límites verificables, aplicación proporcional y seguimiento de los resultados.
