La fiscalía brasileña reclama 540 millones de reales, equivalentes a unos 108 millones de dólares, a Shell Brasil por los daños provocados por las inundaciones que devastaron Rio Grande do Sul entre abril y mayo de 2024. La acción civil pública, presentada junto con el Instituto Preservar, busca atribuir a la filial local responsabilidad ambiental y climática por los perjuicios materiales y morales colectivos derivados de una catástrofe que dejó casi 200 muertos, desplazó a cerca de medio millón de personas y produjo pérdidas materiales sin precedentes en el sur del país.
El expediente plantea una cuestión que puede modificar el alcance de los litigios climáticos: si una compañía de combustibles fósiles puede ser obligada a contribuir económicamente a la reparación de un desastre ocurrido en un territorio concreto en función de la participación histórica de su empresa matriz en las emisiones globales. La fiscalía sostiene que Shell debe responder proporcionalmente a esa contribución, estimada en el 2% de las emisiones históricas mundiales de gases de efecto invernadero.
Una reclamación dividida entre daños materiales y climáticos
La suma exigida se distribuye en dos partes iguales. La primera, de 270 millones de reales, corresponde a daños ambientales y “morales” relacionados con el clima. La segunda reclama otros 270 millones por daños materiales. Esta separación refleja la doble dimensión del caso: por un lado, la recuperación de bienes, infraestructuras y actividades afectadas; por otro, el reconocimiento de un perjuicio colectivo asociado a la alteración del clima y a la responsabilidad de quienes han contribuido de manera significativa a ese proceso.
En el documento judicial, la fiscalía vincula la responsabilidad de la petrolera con toda la cadena de los combustibles fósiles: exploración, producción y comercialización. El argumento no se limita a una conducta concreta durante las inundaciones ni a una supuesta negligencia operativa en el estado brasileño. Se centra en la contribución histórica y continuada de Shell al volumen mundial de emisiones, una tesis que intenta trasladar al terreno jurídico la lógica de la responsabilidad proporcional.
El primer gran desafío será probar la relación causal
La importancia de la demanda no implica que la indemnización esté asegurada. La fiscalía deberá demostrar varios vínculos sucesivos: que las emisiones asociadas a la actividad de Shell contribuyeron al calentamiento global; que ese calentamiento aumentó la probabilidad o la intensidad de las lluvias extremas; que esa alteración tuvo un peso identificable en las inundaciones de Rio Grande do Sul; y que la proporción atribuida a la empresa puede traducirse en una obligación económica concreta.
Ese recorrido constituye el principal desafío técnico y jurídico. La atribución climática permite analizar con creciente precisión cómo las emisiones de determinados productores han contribuido al aumento de la temperatura y a cambios en la frecuencia o intensidad de ciertos fenómenos. Sin embargo, convertir esa evidencia científica en una regla de indemnización exige definir criterios aceptables para calcular el daño, evitar duplicidades entre demandas y establecer qué periodo de emisiones debe ser considerado.
También será decisivo determinar el alcance de la responsabilidad de la filial brasileña frente a las actividades de la compañía matriz. Shell Brasil declaró a la AFP que no había recibido una notificación formal sobre el proceso mencionado. La respuesta deja abierta una disputa previsiblemente central: si una entidad local puede responder por una contribución climática atribuida en gran medida a un grupo empresarial global y bajo qué fundamento jurídico podría exigírsele ese pago.
Un caso que llega después de otras disputas internacionales
La acción brasileña se incorpora a una cadena de litigios que buscan que las grandes empresas contaminantes indemnicen a personas o comunidades afectadas por el cambio climático. Shell ya fue demandada en el Reino Unido por víctimas del tifón Odette, que golpeó Filipinas en 2021. En Suiza, cuatro habitantes de la isla indonesia de Pari demandaron al fabricante de cemento Holcim por los efectos de la subida del nivel del mar.
En Alemania, agricultores pakistaníes afectados por las inundaciones de 2022 impulsan acciones contra RWE y Heidelberg Materials. El antecedente más relevante es el proceso promovido por el campesino peruano Saúl Luciano Lliuya contra la energética alemana RWE. Aunque los tribunales rechazaron una indemnización en su caso particular, el proceso abrió la posibilidad de examinar judicialmente la responsabilidad proporcional de una empresa por los riesgos climáticos que contribuye a generar.
La diferencia del expediente brasileño está en la escala institucional del demandante y en la naturaleza del desastre. No se trata únicamente de una persona o de un pequeño grupo de propietarios, sino de una fiscalía nacional que reclama reparación por daños colectivos tras una emergencia que afectó a una extensa parte de un estado. Maria Antonia Tigre, del Centro Sabin de Derecho sobre el Cambio Climático de la Universidad de Columbia, consideró que es la primera vez que un fiscal nacional demanda a una gran petrolera por una catástrofe climática.
La disputa sobre quién debe pagar la reconstrucción
El abogado Thales Miola, del Instituto Preservar, sostiene que los costos de los daños climáticos no deben recaer exclusivamente sobre la sociedad y sobre quienes perdieron sus bienes. Su razonamiento apunta a una tensión cada vez más visible: los Estados y las comunidades soportan los gastos inmediatos de rescate, reconstrucción y adaptación, mientras las empresas que han obtenido beneficios de los combustibles fósiles pueden quedar al margen de la reparación directa.
La posición de la industria energética previsiblemente se apoyará en la complejidad de las causas de las inundaciones y en la dificultad de atribuir un fenómeno meteorológico individual a una empresa determinada. Una tormenta o una crecida también dependen de factores naturales, urbanísticos, ambientales y de planificación pública. La cuestión, por tanto, no será demostrar que Shell provocó por sí sola la tragedia, sino decidir si su contribución parcial basta para activar una obligación proporcional.
Una posible referencia para futuras demandas
Si la fiscalía brasileña consigue avanzar, el caso podría influir en nuevas reclamaciones en países expuestos a inundaciones, sequías, incendios o aumento del nivel del mar. Una decisión favorable no resolvería automáticamente todos los litigios, pero ofrecería un precedente para vincular datos científicos sobre emisiones con mecanismos de reparación colectiva. También presionaría a las empresas para mejorar la transparencia de sus emisiones históricas y de sus previsiones sobre riesgos climáticos.
Si el proceso fracasa, el resultado tampoco sería irrelevante. Los tribunales podrían precisar qué pruebas faltan, qué grado de causalidad es exigible y cómo debe distinguirse entre responsabilidad climática, responsabilidad ambiental y responsabilidad por la gestión de emergencias. En cualquiera de los dos escenarios, la demanda convierte la reconstrucción de Rio Grande do Sul en una prueba para una pregunta que ya no pertenece solo al debate político: hasta dónde puede llegar la responsabilidad legal de los grandes emisores frente a los daños de un clima más extremo.
