Una nube de humo procedente de los incendios forestales registrados en la isla indonesia de Borneo lleva tres meses deteriorando la calidad del aire en amplias zonas del país y extendiéndose hacia Singapur y Malasia. La emergencia, agravada por la sequía y la quema de terrenos, ha provocado protestas en más de media docena de ciudades y ha colocado al Gobierno del presidente Prabowo Subianto bajo una presión creciente.
Las imágenes difundidas durante las últimas semanas muestran calles cubiertas por una densa calima amarillenta y anaranjada, con una visibilidad reducida y cielos ocultos por el humo. Greenpeace estima que unos 40 millones de personas han estado expuestas a la contaminación dentro de Indonesia. La magnitud exacta del área afectada sigue siendo objeto de disputa debido a las diferencias entre los cálculos oficiales y las mediciones de plataformas independientes.
Protestas contra la respuesta oficial
Las movilizaciones se intensificaron esta semana, coincidiendo con el segundo aniversario de la llegada de Prabowo a la Presidencia. Aunque la población comenzó a protestar en agosto, las concentraciones más recientes han reunido principalmente a jóvenes de la Generación Z, que reclaman la declaración de un desastre natural o de un estado de emergencia nacional.
En Yakarta y en otras ciudades, los manifestantes han coreado consignas como “Esto no es un desastre natural, sino político” y han mostrado carteles con mensajes como “Tenemos derecho a respirar”. También acusan al Ejecutivo de no haber prevenido una crisis vinculada, según sostienen, a prácticas agrícolas destructivas y a la expansión de actividades relacionadas con la industria del aceite de palma.
La coincidencia de las protestas con el aniversario presidencial ha convertido la gestión de los incendios en un balance político de los dos primeros años del mandato. Los manifestantes consideran que el Gobierno ha retrocedido en materia ambiental y que no ha actuado con suficiente rapidez ante una emergencia que afecta a la salud, la educación y las relaciones con los países vecinos.
Impacto sanitario y educativo
Las autoridades médicas han registrado 306.309 casos de enfermedades respiratorias agudas en las siete provincias más afectadas durante los dos últimos meses. Según los datos comunicados por el Ministerio de Salud, 146.037 correspondieron a menores de diez años. Médicos y especialistas advierten, no obstante, de que las cifras podrían no reflejar todos los casos, especialmente entre las personas que no han acudido a los centros sanitarios.
La exposición prolongada a partículas y gases procedentes de la combustión puede agravar enfermedades respiratorias previas y aumentar el riesgo de que algunos problemas se vuelvan crónicos. La población infantil es especialmente vulnerable, tanto por sus características fisiológicas como por la interrupción de sus actividades cotidianas.
La mala calidad del aire también ha obligado a cerrar unos 12.800 centros educativos en Sumatra y Borneo, de acuerdo con cifras gubernamentales. Save the Children calcula que más de 1,4 millones de estudiantes han tenido que seguir las clases a distancia. La organización considera que la emergencia no es únicamente ambiental o sanitaria, sino también una crisis de derechos de la infancia, debido a sus efectos sobre la educación y la protección de los menores.
Un despliegue que no convence
El Gobierno asegura que ha movilizado tropas terrestres, aeronaves y voluntarios para combatir el fuego. En su última rueda de prensa, el Ejecutivo afirmó que la extinción constituye su “máxima prioridad”. Prabowo, sin embargo, se ha resistido a declarar los incendios como desastre natural y ha señalado que, en última instancia, la lluvia es la única solución real.
Esta posición ha alimentado las críticas de quienes sostienen que la crisis no depende exclusivamente de la meteorología. Indonesia afronta incendios recurrentes durante la estación seca, que comienza habitualmente en abril, pero expertos citados en el debate público atribuyen la gravedad de este episodio a la combinación del calentamiento global, el fenómeno de El Niño, la escasez de precipitaciones y décadas de degradación forestal.
La quema de bosques para despejar terrenos agrícolas aparece como otro factor determinante. Estas prácticas pueden propagarse con rapidez en áreas degradadas y turberas, donde el fuego continúa bajo la superficie y resulta más difícil de detectar y extinguir. Por ello, los especialistas consideran que la respuesta inmediata debe complementarse con controles sobre el uso del suelo, prevención y responsabilidades empresariales.
La disputa por la superficie quemada
El alcance de los daños también ha generado controversia. En un recuento realizado en julio, el Gobierno calculó que habían ardido unos 2.020 kilómetros cuadrados. Plataformas de datos abiertos como Nusantara Atlas sitúan la superficie forestal destruida en torno a los 19.166 kilómetros cuadrados, una diferencia que refleja tanto la evolución de los incendios como el uso de metodologías distintas.
La falta de cifras actualizadas y homogéneas dificulta valorar la eficacia de las medidas oficiales y planificar la ayuda a las comunidades afectadas. La coalición Nafas Kalbar, integrada por organizaciones civiles de Kalimantan Occidental, presentó el mes pasado una demanda colectiva contra el Ejecutivo por presunta negligencia. Las organizaciones sostienen que el Gobierno no previno adecuadamente una temporada influida por El Niño, cuya llegada, afirman, era previsible.
Singapur eleva la presión regional
El humo ha cruzado las fronteras y ha deteriorado también el aire en Singapur y Malasia. Singapur anunció que estudia acciones legales contra empresas sospechosas de estar vinculadas a los incendios. La ministra de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Grace Fu, afirmó que una investigación oficial apuntaba a terrenos pertenecientes a siete compañías indonesias, principalmente dedicadas al suministro de madera.
Fu advirtió de que la contaminación podría persistir y fluctuar según las condiciones meteorológicas, incluso hasta alcanzar niveles peligrosos. Singapur prevé enviar notificaciones preventivas a las empresas y mantiene abiertas opciones que incluyen multas y procedimientos judiciales.
La disputa internacional añade una dimensión económica y diplomática a una crisis que comenzó como una emergencia local. Mientras persistan la sequía y los focos activos, la lluvia seguirá siendo un factor decisivo para aliviar la contaminación, pero la presión sobre Yakarta apunta a que la solución exigirá también una política más estricta de prevención, vigilancia forestal y rendición de cuentas.
