La confrontación entre el Gobierno albanés y el movimiento de protesta entró este domingo en su sexto día consecutivo sin señales de desescalada. Cientos de personas volvieron a concentrarse frente al Ministerio de Educación en Tirana para exigir la salida del primer ministro, Edi Rama, y la policía respondió con gases lacrimógenos y cañones de agua. Varias personas fueron detenidas durante la intervención, según pudo constatar la AFP.
Rama descartó cualquier posibilidad de dimitir en un video de más de una hora difundido durante la jornada. El primer ministro sostuvo que las manifestaciones son la “obra de una mano externa”, una acusación que sitúa el conflicto más allá de las reivindicaciones universitarias y lo presenta como un desafío político dirigido contra su Gobierno. La negativa a abandonar el cargo confirma que el Ejecutivo pretende resistir la presión callejera, aunque la continuidad de las protestas está elevando el coste institucional y social de esa estrategia.
La protesta comenzó en las aulas, pero ya desborda ese origen
El movimiento se activó inicialmente por el malestar con las condiciones de estudio en las universidades, las elevadas tasas de matrícula y la corrupción. Sin embargo, la demanda de los manifestantes se ha ampliado hasta convertirse en una impugnación general de la relación entre el Estado y la ciudadanía. La concentración de este domingo reunió a personas que reclamaban no solo cambios en la educación, sino también la dimisión del primer ministro y una respuesta más firme frente a la criminalidad y el deterioro de las instituciones.
“Amo a mi país, pero mi gobierno no nos respeta; nos desafía”, declaró a la AFP la escritora y activista Lura Elezi, de 38 años. Su testimonio resume el desplazamiento del conflicto: las quejas concretas sobre el sistema universitario funcionan ahora como una puerta de entrada a un descontento más amplio, vinculado con la percepción de que las decisiones públicas no responden a las necesidades de la población.
La preparación de la ciudad mostró que las autoridades y los comercios esperaban nuevos episodios de violencia. Durante la mañana se desplegaron unidades policiales por las calles de la capital, mientras las tiendas y las instituciones del centro protegían puertas y ventanas con persianas metálicas. Los empleados municipales retiraron adoquines de las calles para impedir que fueran utilizados como proyectiles. Estas medidas reflejan una normalización preocupante de la lógica de enfrentamiento: la ciudad se organiza para resistir una protesta antes incluso de que empiece.
El sábado marcó un cambio en la intensidad de los disturbios
La jornada anterior había sido la más violenta desde el inicio del movimiento. Los manifestantes lanzaron piedras, cócteles molotov, objetos metálicos y artefactos pirotécnicos contra los agentes. También incendiaron vehículos y contenedores de basura, que fueron empleados como barricadas para bloquear el paso de la policía. Durante la noche, varios edificios, entre ellos un tribunal, bancos y una oficina de correos, fueron incendiados o sufrieron graves daños.
Por primera vez desde el comienzo de las movilizaciones, la policía utilizó balas de goma, según periodistas de la AFP. El departamento de policía informó de que 54 personas fueron retenidas en Tirana: 27 quedaron detenidas y otras 27 están sometidas a procedimientos penales. El Ministerio de Salud comunicó que 65 personas resultaron heridas el sábado, incluidos 37 policías, y que 12 necesitaron hospitalización.
La acumulación de víctimas hace que el conflicto deje de ser una sucesión de concentraciones y pase a constituir una crisis de seguridad pública. Desde el martes, 272 personas han resultado heridas, según el Gobierno, entre ellas 169 agentes. Estas cifras no permiten medir por sí solas la legitimidad de las demandas, pero sí muestran que cada nueva jornada incorpora un riesgo mayor de represalias, endurecimiento policial y pérdida de control sobre los grupos más violentos.
Una disputa política que viene de varios meses atrás
Los disturbios actuales se inscriben en una oleada de manifestaciones antigubernamentales que comenzó meses atrás. El detonante inicial fue un polémico proyecto para construir un complejo turístico en la isla de Sazan, vinculado a la familia del presidente estadounidense Donald Trump a través de su yerno, Jared Kushner. Las protestas fueron bautizadas como la revolución de los flamencos, una referencia asociada al proyecto y convertida en símbolo de oposición.
La conexión del plan turístico con figuras internacionales contribuyó a alimentar las sospechas sobre conflictos de intereses y falta de transparencia. Aunque las movilizaciones actuales se centran en la educación, la corrupción y el coste de la vida pública, su trasfondo es la desconfianza acumulada hacia la forma en que se toman decisiones que afectan a todo el país. La universidad aparece así como uno de los espacios donde se manifiestan problemas más profundos: desigualdad de oportunidades, falta de rendición de cuentas y distancia entre las instituciones y los ciudadanos.
El desafío para Rama ya no es solo resistir
La embajada de Estados Unidos en Tirana pidió el sábado por la noche “calma” y “contención por ambas partes”, e instó a los ciudadanos a ejercer su derecho a protestar pacíficamente. El llamamiento señala el doble riesgo que enfrenta Albania: una respuesta policial desproporcionada puede agravar la crisis, pero la tolerancia hacia los ataques contra edificios y agentes puede erosionar todavía más la autoridad del Estado.
Rama debe administrar ahora una contradicción difícil. Al atribuir las protestas a una intervención externa, preserva el discurso de firmeza ante sus seguidores, pero también reduce el espacio para reconocer las demandas internas que han mantenido a miles de personas en las calles. Del lado opositor, la extensión de las reivindicaciones puede ampliar el apoyo social, aunque la violencia amenaza con desplazar el debate sobre educación y corrupción hacia la seguridad y el orden público.
El rumbo de la crisis dependerá de si ambas partes logran separar la protesta legítima de los actos violentos. Sin una respuesta política verificable sobre las universidades, las tasas de matrícula y las denuncias de corrupción, la represión por sí sola difícilmente resolverá el malestar. Y sin un compromiso claro de los manifestantes para evitar ataques, incendios y barricadas, el movimiento corre el riesgo de perder la autoridad moral que le permitió transformar una protesta estudiantil en una demanda nacional de responsabilidad política.
