Najmeh Amini, estudiante iraní de Contabilidad de 23 años, ha sido condenada a muerte por blasfemia a raíz de una actividad en redes sociales. Permanece en la prisión de Vakilabad, en Mashhad, donde también cumple una pena de doce años, seis meses y un día impuesta por un tribunal revolucionario por cargos relacionados con la seguridad nacional y propaganda contra el régimen. La sentencia capital aún puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo y no es firme.
Dos procesos y una prueba que no se ha divulgado
El caso se tramitó en dos causas distintas: un tribunal penal dictó la condena a muerte y otro impuso la larga pena de prisión. Human Rights Activists in Iran (HRAI), que atribuye la información a una fuente cercana a la familia, señala que la acusación de blasfemia se basa en sab ol-nabi, delito referido a las ofensas contra el profeta Mahoma. La Policía Cibernética, conocida como Fata, detectó la actividad de Amini en internet, pero las publicaciones concretas que originaron su detención no se han hecho públicas. Esa falta de acceso al contenido dificulta evaluar de forma independiente la acusación y la proporcionalidad de la respuesta judicial.
Según el diario iraní Khorasan, durante el juicio Amini sostuvo que escribió los comentarios mientras sufría alucinaciones, después de consumir hongos psicodélicos con amistades. Sus abogados alegaron que no actuó conscientemente y pidieron que se considerara esa circunstancia. El juez rechazó el planteamiento y cuestionó que, en ese estado, no hubiera dirigido expresiones ofensivas contra países como Estados Unidos o Israel. La versión de la defensa y la respuesta judicial sitúan la intención y la capacidad de la acusada en el centro de una disputa que podría ser relevante para la apelación.
La ley contempla excepciones, pero no despeja la incertidumbre
El artículo 262 del Código Penal Islámico iraní establece la pena capital para los insultos al profeta Mahoma y a determinadas figuras veneradas por el islam chií. El artículo 263 contempla excepciones si las declaraciones se realizan sin intención deliberada o bajo ciertos estados de alteración; en algunos supuestos, la legislación prevé castigos corporales de hasta 74 latigazos. La existencia de esas disposiciones hace que la evaluación de la intención no sea un aspecto secundario: puede determinar tanto la pena aplicable como el desenlace del recurso. Por ahora, no se conoce una decisión definitiva del Tribunal Supremo.
El llamamiento desde prisión y el contexto de las protestas
Amini fue detenida durante las protestas multitudinarias que comenzaron en enero, inicialmente vinculadas al deterioro económico y después dirigidas también contra las autoridades. Organizaciones de derechos humanos atribuyen miles de muertes a la respuesta de las fuerzas de seguridad. Hrana, agencia vinculada a HRAI, informó de que más de 50.000 personas fueron detenidas durante la represión. El mes pasado se difundió una grabación atribuida a Amini en la que pedía ayuda a Naciones Unidas, abogados y organizaciones internacionales. “No quiero convertirme hoy en una heroína. Solo quiero una cosa: que seáis mi voz”, decía, y describía la angustia de sus padres ante la posibilidad de que no regrese a casa.
Las cifras elevan la preocupación internacional
Iran Human Rights, organización con sede en Oslo, sostiene que Irán ha realizado más de 600 ejecuciones desde comienzos de año. Su director, Mahmood Amiry-Moghaddam, advierte de que una pena de muerte por publicaciones en internet podría ampliar el uso de la pena capital contra expresiones pacíficas. Las condenas por blasfemia siguen siendo menos habituales que las impuestas por otros delitos, pero el precedente de Yousef Mehrad y Sadrollah Fazeli-Zare, ejecutados el 8 de mayo de 2023 tras ser condenados por blasfemia ligada a su actividad en redes, muestra que ese riesgo no es abstracto.
La decisión pendiente tendrá consecuencias inmediatas para Amini, pero también servirá para medir cómo se aplican las excepciones legales y qué límites impone el sistema judicial a la vigilancia de la expresión digital. Mientras las autoridades refuerzan el control de las redes y se impulsan medidas contra contactos con medios extranjeros, el recurso ante el Supremo concentra la atención de quienes temen que una publicación en internet pueda convertirse en motivo de una condena irreversible.
