La Cámara de Diputados debatirá el jueves si rechaza el DNU 70/2023, el decreto que puso en marcha buena parte de la desregulación económica de Javier Milei. Una eventual votación en contra podría dejar sin efecto las disposiciones que todavía dependen de esa norma, con consecuencias para actividades como los alquileres, la medicina privada y el comercio exterior. El desenlace importa tanto por las reglas que podrían cambiar como por la incertidumbre sobre cuáles regirían después.
El efecto no sería igual para todas las reformas
El decreto, firmado el 20 de diciembre de 2023, contiene 366 artículos que modificaron o derogaron normas en distintos sectores. Pero su anulación no borraría automáticamente todas las reformas asociadas al programa de Milei: varias fueron incorporadas después en leyes aprobadas por el Congreso y cuentan con una base jurídica independiente. Entre ellas figuran la reforma laboral, las privatizaciones de empresas estatales y cambios en el sistema energético.
Por eso, la votación se concentra en las medidas que permanecen sostenidas por el DNU y no han sido reemplazadas por legislación posterior. Un informe de Zentrix Consultora identifica entre los ámbitos más expuestos los contratos de alquiler, los servicios de salud privada y las operaciones de comercio exterior. También podrían verse afectadas ciertas reglas de compras gubernamentales y las aplicables a supermercados.
La disputa volvió a activarse por la Ley de Tierras
El impulso opositor cobró fuerza después de que la Corte Suprema convalidara, el 29 de septiembre, la disposición del DNU que derogó la Ley de Tierras de 2011, que establecía límites a la venta de terrenos a extranjeros. El artículo 154 había estado suspendido por una decisión judicial. El fallo reabrió el conflicto político y alentó a sectores opositores a buscar el rechazo integral del decreto en Diputados.
La disputa tiene un antecedente clave: en marzo de 2024, el Senado ya había rechazado el DNU, pero esa decisión no bastó para anularlo. La legislación argentina exige el rechazo de ambas cámaras. Desde entonces, además, algunas disposiciones perdieron vigencia práctica por leyes posteriores y otras quedaron suspendidas por la Justicia. El capítulo laboral, por ejemplo, fue invalidado tras una demanda sindical antes de que el Congreso aprobara una reforma propia.
El problema decisivo podría estar en la transición
Para hogares y empresas, una derogación abriría preguntas concretas: qué reglas aplicar a un alquiler nuevo, a un contrato de medicina privada o a una exportación, y cómo tratar acuerdos que ya están en curso. La respuesta dependería de qué normas anteriores vuelvan a regir y de si el Congreso establece cómo hacerlo. Sin una transición definida, las partes podrían enfrentarse a interpretaciones distintas y buscar una solución en los tribunales.
Zentrix advierte que el mayor riesgo puede surgir del intervalo entre el fin de una regla y la aplicación de otra. Esa incertidumbre no se limita a una discusión jurídica: puede retrasar contratos, decisiones de inversión y operaciones comerciales. Así, el debate del jueves enfrenta dos cuestiones distintas: la continuidad de las medidas que siguen dependiendo del DNU y la necesidad de dar previsibilidad a quienes deban actuar mientras se determina el marco aplicable.
