El Gobierno de la Ciudad de México mantiene pendiente la publicación de los lineamientos que deberán regular el nuevo modelo de verificación del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), anunciado como un esquema orientado a privilegiar la prevención antes que la clausura. La normativa no ha sido difundida después de más de dos semanas de que las autoridades capitalinas aseguraran que estaría disponible el lunes siguiente.
La falta de los lineamientos impide conocer con precisión cómo se aplicará el modelo, cuáles serán sus etapas y bajo qué criterios los verificadores deberán optar por una medida preventiva, una corrección administrativa o una clausura. Aunque el planteamiento oficial apunta a modificar la lógica de las inspecciones, el cambio todavía carece del documento operativo que permita traducir esa intención en procedimientos concretos.
Una promesa de publicación que no se concretó
Las autoridades capitalinas habían señalado que los nuevos lineamientos serían publicados el lunes posterior a su anuncio. Sin embargo, ese compromiso no se cumplió y, al 19 de octubre de 2026, el Gobierno local seguía sin hacer público el instrumento normativo. La demora supera las dos semanas, de acuerdo con la información disponible sobre el caso.
El retraso deja abierta una de las principales preguntas para establecimientos, responsables de actividades reguladas y personal encargado de las inspecciones: si el nuevo modelo ya debe aplicarse en campo o si las verificaciones continúan bajo las reglas anteriores mientras se emiten las disposiciones. Sin el texto oficial, tampoco es posible determinar si habrá un periodo de transición, mecanismos para subsanar incumplimientos o criterios diferenciados según el tipo de actividad y la gravedad de la falta.
Prevención antes que clausura
El nuevo esquema fue presentado por las autoridades como una transformación en la forma de ejercer la verificación administrativa. La prioridad declarada sería prevenir y corregir irregularidades antes de recurrir al cierre de un establecimiento. Ese enfoque supone que la inspección no se limite a detectar incumplimientos y sancionarlos, sino que incorpore oportunidades para que los responsables atiendan deficiencias dentro de plazos y condiciones previamente establecidos.
Para que esa orientación sea aplicable y verificable, los lineamientos tendrían que precisar al menos los supuestos en los que procede una prevención, los documentos o pruebas que podrán presentar los particulares, los tiempos para corregir una irregularidad y las circunstancias que justificarían una clausura inmediata. También sería necesario establecer quién supervisará el cumplimiento de esos criterios y cómo se evitarán decisiones contradictorias entre distintas visitas o equipos de verificación.
La ausencia de esas definiciones puede generar incertidumbre tanto para la autoridad como para los sujetos inspeccionados. Un modelo preventivo necesita reglas claras para no convertirse en un esquema discrecional: si los criterios no son públicos, los responsables de los establecimientos pueden desconocer qué deben corregir y los verificadores pueden enfrentar márgenes de interpretación distintos frente a casos similares.
El pendiente normativo y sus efectos
La publicación de los lineamientos no es un trámite menor, porque de ella depende que el anuncio político se convierta en una política administrativa con efectos concretos. El documento debe dar certeza sobre la relación entre las inspecciones, las medidas de seguridad, las sanciones y los procedimientos para impugnar o revisar una determinación. Sin esa información, resulta difícil evaluar si el nuevo modelo reducirá cierres innecesarios, agilizará la regularización o simplemente cambiará la secuencia de actuaciones de la autoridad.
El retraso también limita la rendición de cuentas. Una vez publicados, los lineamientos permitirían comparar las prácticas del Invea con los objetivos anunciados por el Gobierno capitalino y revisar si las decisiones de los verificadores se ajustan a parámetros uniformes. Antes de que eso ocurra, la ciudadanía y los sectores sujetos a inspección no cuentan con una referencia pública completa para valorar la implementación del modelo.
Hasta el momento referido en la información disponible, las autoridades no habían difundido los nuevos lineamientos pese al plazo que ellas mismas habían señalado. La definición pendiente será determinante para saber si la propuesta de priorizar la prevención representa un cambio sustantivo en la verificación administrativa de la Ciudad de México o permanece como un compromiso sin reglas públicas de aplicación.
