La Casa Blanca pidió el 13 de octubre la dimisión de Kimberly Guilfoyle, embajadora estadounidense en Grecia, después de que varias informaciones periodísticas atribuyeran a la diplomática posibles conflictos de interés, viajes de lujo y amenazas de presión política sobre Atenas. Donald Trump confirmó que la decisión respondía a lo publicado: “No nos gustaba lo que leíamos”, dijo.
Entre las acusaciones, difundidas principalmente por The Wall Street Journal, figura que Guilfoyle habría pedido a un donante republicano el pago de una factura de 100.000 dólares y ofrecido facilitarle acceso a funcionarios de la Administración. También se le atribuye haber insinuado que Washington podía debilitar al Gobierno griego. Sus abogados niegan irregularidades y sostienen que el dinero reclamado correspondía a servicios profesionales anteriores a su nominación; sobre los vuelos privados, afirman que contó con autorización del Departamento de Estado.
Una salida sin resolución pública
Guilfoyle rechaza las acusaciones y afirma que defenderá su reputación. Legisladores demócratas han reclamado una investigación, mientras un funcionario citado por AP indicó que el Departamento de Estado examinaba las denuncias, sin confirmar una investigación formal. Hasta el anuncio de su salida no se había hecho pública ninguna conclusión oficial sobre posibles infracciones.
La dimisión solicitada no demuestra la veracidad de las denuncias ni establece responsabilidades. Sí revela que la acumulación de cuestionamientos se convirtió en un coste político para Washington en un puesto sensible: Grecia es un aliado de la OTAN y un socio estratégico en el Mediterráneo oriental. La controversia deja abiertas tanto la investigación sobre la conducta de Guilfoyle como las dudas sobre los controles aplicados a sus representantes diplomáticos.
