La entrada de Lana Nusseibeh en la carrera para suceder a António Guterres modifica el equilibrio de una elección que hasta ahora avanzaba entre candidaturas conocidas, pero sin una favorita capaz de superar los vetos de las grandes potencias. La ministra de Estado y exembajadora de Emiratos Árabes Unidos ante Naciones Unidas llega con una ventaja evidente: conoce desde dentro los procedimientos, las alianzas y los límites políticos de la organización. Sin embargo, su candidatura también incorpora un riesgo central. La misma experiencia que puede convertirla en una negociadora eficaz puede ser interpretada por otros gobiernos como una señal de dependencia respecto de los intereses de Abu Dabi y de sus socios internacionales.
El nombramiento del secretario general no se decide mediante una elección abierta entre todos los Estados miembros. El Consejo de Seguridad debe recomendar a una persona que reúna al menos nueve votos y no reciba el veto de ninguno de sus cinco miembros permanentes: Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido. Después, la Asamblea General ratifica formalmente la designación. En la práctica, las llamadas “straw polls” permiten medir apoyos y rechazos antes de que los candidatos queden expuestos a una votación definitiva. Ese mecanismo favorece los acuerdos graduales, pero también convierte la carrera en una negociación opaca, vulnerable a intercambios políticos ajenos a las prioridades declaradas de la organización.
Una candidatura con capacidad para desbloquear el proceso
La principal consecuencia inmediata de la decisión de Nusseibeh es que introduce una opción con mayores posibilidades de ser aceptada por los actores que buscan un secretario general prudente, negociador y poco inclinado a confrontar públicamente con las grandes potencias. La falta de una candidata claramente dominante había dejado a Rebeca Grynspan y al resto de aspirantes atrapados entre apoyos parciales y posibles vetos. En ese contexto, una figura que no parezca asociada de forma exclusiva a un bloque puede convertirse en una salida de compromiso.
Su perfil también responde a una demanda política acumulada. Nusseibeh sería la primera mujer en ocupar la Secretaría General y la segunda persona procedente de Oriente Medio, después del egipcio Boutros Boutros-Ghali. La representación regional y de género no garantiza por sí sola una gestión más eficaz, pero sí podría reforzar la legitimidad de una institución que arrastra críticas por la lentitud de sus respuestas y por la desigual distribución de poder entre sus miembros. Para muchos países, especialmente los que reclaman una reforma del sistema internacional, esos símbolos tienen un valor político concreto.
La candidata ha presentado su propuesta en términos de urgencia, diplomacia y resultados verificables. Esa combinación puede atraer a gobiernos que desean que Naciones Unidas recupere capacidad operativa en conflictos donde las resoluciones se acumulan sin efectos suficientes. Una secretaria general con experiencia diplomática y acceso a distintas capitales podría facilitar canales de comunicación en crisis en las que los contactos oficiales están bloqueados. También podría desempeñar un papel útil en la coordinación humanitaria, la prevención de conflictos y la negociación de acuerdos limitados, aunque no exista consenso sobre las soluciones de fondo.
El precio de ser una opción aceptable para las potencias
El mismo atributo que puede favorecer su elección plantea una duda sobre el margen de independencia que tendría después. Las informaciones recogidas en el proceso apuntan a que Washington podría considerar a Nusseibeh una alternativa más cómoda que candidatos percibidos como demasiado cercanos a China, demasiado críticos con la administración estadounidense o demasiado vinculados a posiciones progresistas. También se especula con que Moscú no la vetaría y que Pekín podría mantener una actitud flexible. Nada de ello equivale a un acuerdo confirmado, pero sí dibuja una condición de origen: su candidatura puede prosperar porque resulta tolerable para varios centros de poder al mismo tiempo.
La Secretaría General necesita cooperación de las potencias, pero no puede reducirse a administrar sus límites. Si la persona elegida llega con la percepción de haber sido seleccionada para no incomodar a Washington, Moscú o Pekín, su autoridad moral quedaría debilitada desde el primer día. El riesgo no sería únicamente reputacional. En asuntos como las guerras de Sudán, Ucrania, Oriente Medio o las disputas territoriales, la organización necesita denunciar abusos aunque afecten a países influyentes. Una jefatura excesivamente cautelosa puede preservar el consenso en el corto plazo y perder capacidad de protección sobre el terreno.
La presión para rebajar el tono en materia de derechos humanos es especialmente relevante. Los miembros permanentes pueden bloquear resoluciones, limitar operaciones y condicionar recursos, pero el secretario general conserva capacidad para fijar prioridades, hacer visibles las violaciones y respaldar investigaciones independientes. Si la elección se interpreta como una señal de que la estabilidad diplomática importa más que la rendición de cuentas, los gobiernos implicados en abusos podrían concluir que el coste internacional será manejable. Esa lectura dañaría a las víctimas y a las agencias de Naciones Unidas que trabajan en escenarios de conflicto.
Sudán, la prueba que puede definir su credibilidad
El punto más delicado para Nusseibeh es la posición de Emiratos Árabes Unidos en la guerra de Sudán. Informes de la Misión de Establecimiento de Hechos de Naciones Unidas y de Human Rights Watch han señalado redes vinculadas a Emiratos como responsables de proporcionar armas, drones, apoyo logístico y mercenarios colombianos a las Fuerzas de Apoyo Rápido. Ese grupo ha sido relacionado con matanzas masivas, violaciones y crímenes contra la humanidad en Darfur. Emiratos ha rechazado las acusaciones, por lo que la cuestión sigue siendo objeto de disputa política y de investigación, pero el problema ya afecta directamente a la percepción de la candidatura.
La contradicción es evidente: una candidata que aspira a dirigir el sistema multilateral puede verse obligada a responder por las políticas del Gobierno que la propone. Nusseibeh podría argumentar que la Secretaría General no es una prolongación de la política exterior emiratí y comprometerse a respaldar investigaciones con independencia. Pero cualquier respuesta vaga sería utilizada por sus rivales como prueba de que no está dispuesta a cuestionar a su propio patrocinador. Por el contrario, una condena firme de los abusos podría fortalecer su credibilidad, aunque también generaría tensiones con Abu Dabi y con los Estados que prefieren evitar una escalada diplomática.
La gestión de esta controversia tendrá efectos más amplios que la elección personal. Si el Consejo de Seguridad prioriza la viabilidad política de la candidata y deja en segundo plano las denuncias sobre Sudán, las partes del conflicto pueden interpretar que las alianzas externas protegen a quienes suministran apoyo militar. Eso dificultaría los esfuerzos de mediación y debilitaría la confianza de la población sudanesa en Naciones Unidas. En cambio, si la cuestión se aborda mediante criterios transparentes, acceso a la información y respaldo a los mecanismos de investigación, la organización podría demostrar que la búsqueda de consenso no implica renunciar a la responsabilidad internacional.
La disputa también puede alterar la agenda de reforma
La candidatura llega en un momento en que Naciones Unidas afronta una crisis de eficacia y representación. Los Estados de África, Asia y América Latina reclaman mayor peso en la toma de decisiones, mientras que varios gobiernos occidentales exigen reformas administrativas, control del gasto y resultados medibles. Nusseibeh podría convertirse en un puente entre esas posiciones por su origen regional y su experiencia en capitales occidentales. Sin embargo, esa ventaja solo será real si consigue distinguir entre una diplomacia inclusiva y una política de acomodación permanente.
La elección podría influir asimismo en la discusión sobre la relación entre la organización y las potencias emergentes del Golfo. Emiratos ha ampliado su presencia diplomática, económica y militar en varios escenarios, y su candidatura refleja esa creciente capacidad de proyección. Para algunos países, que un Estado árabe impulse a una mujer con experiencia multilateral sería una señal de diversificación del liderazgo internacional. Para otros, existe el riesgo de que Naciones Unidas otorgue legitimidad adicional a un actor cuya política regional genera controversias.
El resultado dependerá menos del lanzamiento público de la candidatura que de las garantías que Nusseibeh sea capaz de ofrecer durante las entrevistas y las votaciones internas. Los Estados miembros deberán evaluar si su independencia será suficiente para investigar a aliados, si podrá mantener abiertas las operaciones humanitarias cuando las potencias discrepen y si estará dispuesta a utilizar la autoridad política del cargo frente a los abusos. También tendrán que considerar si la elección de una figura aceptable para todos produciría estabilidad real o simplemente aplazaría conflictos que la organización necesita enfrentar.
La irrupción de Nusseibeh no convierte automáticamente a la candidata en favorita ni resuelve los vetos que bloquearon a otros aspirantes. Sí desplaza la discusión hacia una pregunta más incómoda: qué tipo de Secretaría General buscan las potencias en una etapa de guerras prolongadas, rivalidad estratégica y debilitamiento de las reglas multilaterales. Una dirección capaz de negociar con todos puede abrir puertas cerradas, pero solo tendrá autoridad si conserva la capacidad de decir no cuando la negociación amenaza con ocultar crímenes. El equilibrio entre eficacia diplomática e independencia será, en última instancia, el criterio que determine si esta candidatura representa una renovación útil o una nueva forma de parálisis consensuada.
