La desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños en Haití ha convertido una operación multinacional contra las pandillas en una crisis militar y política para Nayib Bukele. Los soldados fueron emboscados el domingo 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe, cuando viajaban en un vehículo de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF). Desde entonces, el presidente salvadoreño ha ordenado reforzar la misión y ha presentado el rescate como una lucha entre el bien y el mal, aunque las dudas sobre el destino de los desaparecidos aumentan.
El episodio adquirió una nueva dimensión el 24 de octubre, cuando el diario The New York Times informó de la recuperación de cuatro cuerpos gravemente quemados. Según personas vinculadas a la misión internacional, los restos debían ser sometidos a pruebas forenses antes de confirmar su identidad. La noticia habría podido cerrar, de manera trágica, la búsqueda de los militares, pero Bukele la desmintió horas después: afirmó que los cuerpos recibidos no correspondían a sus hombres.
Una identificación que sigue sin resolverse
El mandatario explicó que entre los restos había un niño, un hombre de estatura considerablemente mayor que la de los aerotécnicos salvadoreños y una persona que llevaba parte del uniforme de un ejército extranjero. También difundió la imagen de documentos de identificación pertenecientes, según su versión, a un ciudadano de Chad. La información apunta a una confusión en el campo de batalla, pero no permite establecer qué ocurrió con los cuatro soldados ni quién controla actualmente la zona de la emboscada.
La reacción presidencial fue más allá de la aclaración técnica. Bukele exigió a las pandillas haitianas que liberaran sanos y salvos a sus compatriotas y advirtió de represalias. En una publicación en X, describió a los grupos armados como “satánicos”, aseguró que realizan sacrificios humanos y afirmó que Dios concedería la victoria a la misión salvadoreña. Ese lenguaje transforma un operativo de seguridad en una cruzada moral, con el riesgo de reducir el margen para una negociación o una evaluación sobria de las condiciones sobre el terreno.
Antes de la llegada del refuerzo salvadoreño, cuyo número no ha sido divulgado, la GSF ya había iniciado una operación de búsqueda con apoyo de las fuerzas haitianas. Más de 1.000 efectivos de El Salvador, Guatemala, Jamaica, Sri Lanka y Chad integran esta fuerza multinacional, autorizada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para combatir a las bandas que dominan amplias zonas del país. La escala del despliegue, sin embargo, no garantiza por sí sola capacidad de control en una capital fragmentada y con instituciones debilitadas.
El problema no se reduce a una ofensiva
La principal objeción de los especialistas haitianos es que la misión está intentando resolver mediante una lógica militar un conflicto cuya estructura es política, económica y territorial. El coronel retirado Himmler Rebu, antiguo comandante de una unidad de fuerzas especiales del Ejército haitiano, sostuvo que las fuerzas extranjeras deben abandonar la idea de que una guerra convencional puede acabar con el problema. A su juicio, el desconocimiento del terreno y el tiempo transcurrido desde la desaparición hacen improbable un rescate exitoso.
Rebu también señala que los jóvenes integrados en las pandillas no actúan necesariamente como una fuerza autónoma. Según su análisis, reciben armas y municiones de sectores de las élites económicas y políticas interesados en impedir la estabilización del país. Esa lectura modifica el diagnóstico: si las bandas son solo el brazo visible de redes de poder más amplias, capturar combatientes o recuperar barrios no desmantelará las condiciones que permiten su expansión.
La experiencia de Bukele en El Salvador explica parte de su confianza. Su Gobierno consiguió reducir drásticamente los homicidios mediante detenciones masivas y una política de confrontación directa, aunque su estrategia ha sido cuestionada por organizaciones de derechos humanos. Haití presenta un escenario distinto: no existe una autoridad estatal con el mismo nivel de control territorial, las alianzas entre grupos armados cambian con rapidez y la población civil queda atrapada entre las pandillas, las fuerzas de seguridad y los actores extranjeros.
La frontera dominicana entra en tensión
La desaparición de los militares también ha elevado la alerta en la República Dominicana. El Gobierno de Luis Abinader desplegó 10.000 efectivos a lo largo de los casi 300 kilómetros de frontera y envió convoyes a Jimaní, en el sur del país. Medios dominicanos informaron del desplazamiento de vehículos blindados y de un contingente de unos 40 soldados hacia una fortaleza militar.
Hasta ahora, las autoridades dominicanas no han reportado incidentes contra la seguridad del Estado. Pero el refuerzo revela que la crisis haitiana ya no se percibe únicamente como un problema interno. Cada operación fallida, cada desplazamiento de grupos armados y cada rumor sobre soldados desaparecidos puede aumentar la presión migratoria y militar sobre una frontera que Santo Domingo intenta mantener bajo control.
El caso de los cuatro salvadoreños condensa así las dificultades de la intervención internacional. Bukele necesita demostrar que puede proteger a sus hombres y obtener resultados en un entorno que no conoce; la GSF necesita credibilidad para operar; y Haití necesita seguridad sin que la respuesta externa sustituya indefinidamente a sus instituciones. Mientras no se confirme el paradero de los desaparecidos, la retórica de victoria seguirá enfrentada a una realidad más incómoda: en Haití, la fuerza puede abrir paso, pero difícilmente basta para reconstruir la autoridad perdida.
