La afirmación de Palantir de que nadie puede apagar remotamente Maven Smart System pretende cerrar una inquietud concreta, pero deja abierta una discusión mucho más amplia. La cuestión ya no es únicamente si una empresa estadounidense dispone de un interruptor oculto para desconectar la inteligencia artificial militar de la OTAN. El problema central es cuánto control conserva Europa sobre una capacidad de la que dependen sus decisiones operativas, sus datos sensibles y, en última instancia, su margen político en una crisis.
El debate adquirió urgencia después de las restricciones denunciadas por Ucrania en determinados servicios de Starlink y Starshield, operados por SpaceX. Aunque se trata de tecnologías distintas, ambas situaciones comparten una característica decisiva: el usuario militar puede emplear el sistema todos los días y, sin embargo, no controlar por completo la infraestructura, las actualizaciones, las condiciones de servicio ni las decisiones adoptadas por el proveedor o por su gobierno de origen. Esa asimetría es el núcleo de la preocupación europea.
Maven no es solo un programa, sino una arquitectura de decisiones
Maven Smart System fue concebido para procesar grandes volúmenes de información procedente de satélites, radares, drones y otros sensores. La plataforma integra datos dispersos, ayuda a identificar objetivos, ordena indicios y ofrece a los mandos una representación más completa del campo de batalla. La OTAN adquirió el sistema en 2025 para su cuartel general militar en Europa y anunció que había alcanzado su plena capacidad técnica operativa en junio de 2026.
La importancia de Maven no reside únicamente en sus algoritmos. Su valor militar surge de la combinación entre ingestión de datos, capacidad de cómputo, interfaces de mando, protocolos de seguridad y conexión con redes ya existentes. Si una plataforma de este tipo se sustituye, no basta con instalar otro software en los mismos ordenadores. Hay que conservar la compatibilidad con sensores, clasificaciones de información, sistemas de comunicaciones y procedimientos de las fuerzas armadas.
Louis Mosley, vicepresidente ejecutivo de Palantir para Reino Unido y Europa, declaró a Reuters que los clientes mantienen el control operativo de los sistemas adquiridos. Según su versión, ni Palantir ni el Gobierno estadounidense cuentan con un mecanismo que permita apagar Maven a distancia, y los países compradores pueden utilizarlo sin la intervención directa de empleados de la compañía. La afirmación es relevante, pero también tiene un alcance limitado: la ausencia de un botón de desconexión no equivale automáticamente a soberanía tecnológica.
Una dependencia puede aparecer en muchos puntos distintos. Puede estar en las claves de acceso, en los servidores donde se entrenan o actualizan modelos, en el soporte técnico, en los componentes de ciberseguridad, en la certificación de nuevas versiones o en los datos que alimentan el sistema. También puede manifestarse cuando una operación requiere integrar una fuente que solo controla un socio extranjero. El debate europeo, por tanto, debería pasar de la pregunta “¿pueden apagarlo?” a un examen completo de quién controla cada capa de la capacidad militar.
El precedente de Ucrania cambió el cálculo político
Las alarmas aumentaron durante octubre, cuando Ucrania informó de restricciones en terminales de Starshield instalados en plataformas que circulaban a más de 160 kilómetros por hora. La interrupción afectó operaciones militares, incluidas las relacionadas con drones interceptores empleados frente a ataques rusos. Una investigación de Reuters publicada el 15 de octubre señaló, a partir de tres fuentes, que la orden de limitar el servicio habría surgido dentro de la Casa Blanca, aunque no quedó establecido públicamente quién tomó la decisión ni cuáles fueron sus motivos.
El 24 de octubre, Ucrania comunicó que Starlink y Starshield habían recuperado conexiones estables en plataformas que circulaban a más de 400 kilómetros por hora. El anuncio redujo la incertidumbre inmediata, pero no confirmó que todas las capacidades hubieran quedado completamente restablecidas. Ese matiz es importante: una conexión que vuelve a funcionar no demuestra por sí sola que el usuario militar pueda garantizar su continuidad en la siguiente crisis.
Para los gobiernos europeos, el caso contiene una lección incómoda. La vulnerabilidad no necesita adoptar la forma de una orden política explícita. Puede surgir de una modificación técnica, de una condición contractual, de una actualización incompatible o de una decisión de priorizar determinados usuarios en momentos de saturación. En un entorno civil, esos problemas pueden traducirse en retrasos o pérdidas económicas. En una guerra, pueden afectar la observación, la coordinación de unidades y la supervivencia de plataformas.
Palantir sostiene que Maven no comparte necesariamente el mismo modelo operativo que los servicios satelitales de SpaceX. La distinción puede ser técnicamente válida y debe tomarse en serio. No toda dependencia tecnológica es idéntica ni toda capacidad de intervención remota existe por defecto. Sin embargo, para los planificadores militares el precedente modifica el umbral de riesgo: una posibilidad que antes parecía improbable pasa a considerarse dentro del conjunto de escenarios que deben probarse y mitigarse.
La primera conclusión: la soberanía no se compra con una licencia
La defensa de Palantir puede tranquilizar respecto a una pregunta concreta, pero no resuelve el problema de la autonomía. Comprar una licencia o adquirir el control operativo de una plataforma no significa dominar su ciclo de vida. Un ejército es realmente independiente solo cuando puede mantener una capacidad durante una crisis, auditarla, modificarla, sustituir sus componentes esenciales y operar sin autorización externa cuando las comunicaciones con el proveedor se interrumpen.
Este punto tiene una consecuencia directa para las compras de defensa. Los contratos futuros tendrán que incluir derechos de auditoría, acceso a registros, continuidad de servicio, portabilidad de datos, disponibilidad de repuestos digitales y procedimientos verificables de operación degradada. También será necesario saber qué ocurre cuando una empresa deja de prestar soporte, es adquirida por otro grupo o recibe instrucciones legales de su país de origen. La dependencia debe medirse en escenarios de fallo, no en la demostración comercial de un día normal.
Alemania ha expresado reservas sobre la utilización de Maven en sus propias fuerzas armadas porque sus responsables cuestionan la posibilidad de que empleados de una empresa privada accedan a bases de datos nacionales de defensa. Esa objeción no es meramente burocrática. La inteligencia artificial solo produce resultados fiables si los datos son suficientes, actualizados y correctamente clasificados. El proveedor que administra parte de la arquitectura puede acabar ocupando una posición privilegiada sobre información que el Estado considera estratégica.
Francia, por su parte, desarrolla capacidades propias de análisis e integración de datos, mientras empresas europeas como ChapsVision intentan posicionarse como alternativas. Dinamarca y España también han examinado su dependencia de proveedores extranjeros. Estas iniciativas pueden fortalecer la capacidad de negociación de Europa, aunque sería un error suponer que la sustitución automática de una compañía estadounidense por una europea elimina todos los riesgos. Una empresa del continente puede seguir dependiendo de chips extranjeros, servicios en la nube no europeos, sistemas operativos estadounidenses o componentes de ciberseguridad controlados desde otra jurisdicción.
El coste oculto de reemplazar a Palantir
La presión para construir alternativas europeas responde a una necesidad estratégica, pero enfrenta un problema de escala. Maven llega al cuartel general de la OTAN después de haber sido integrado en operaciones y procesos militares reales. Un competidor europeo no tendría que demostrar solamente que puede analizar imágenes o clasificar señales. Debería probar que coordina fuentes heterogéneas, mantiene el rendimiento bajo presión, protege información de distintos niveles de confidencialidad y ofrece resultados comprensibles para mandos que deben decidir con rapidez.
El reto se parece más a construir una red industrial que a desarrollar una aplicación. Se necesitan centros de datos seguros, enlaces resilientes, personal especializado, equipos de mantenimiento, protocolos comunes y una base jurídica para compartir información entre países. También hacen falta grandes volúmenes de datos de calidad para entrenar modelos y evaluar sus errores. Sin esa infraestructura, una solución soberana puede existir sobre el papel y fracasar en el momento en que deba conectarse a sistemas nacionales diferentes.
La ventaja de Palantir no procede solo de la inteligencia artificial. También está relacionada con la experiencia de integración, la rapidez de despliegue y la capacidad de adaptar el producto a organizaciones complejas. Por eso, la sustitución no debe plantearse como una decisión binaria entre dependencia estadounidense y autarquía europea. Una vía más realista sería desarrollar una arquitectura modular en la que varios proveedores puedan competir por componentes, con interfaces abiertas y reglas que permitan migrar datos y funciones sin reconstruir todo el sistema.
Esa estrategia reduciría el poder de bloqueo de cualquier proveedor. Si una empresa controla la totalidad de la cadena, el cliente puede quedar atrapado incluso cuando el contrato formalmente le reconoce amplios derechos. Si, en cambio, los sensores, el almacenamiento, los modelos analíticos y las herramientas de mando pueden intercambiarse mediante estándares verificables, la dependencia se vuelve más manejable. No desaparece, pero deja de concentrarse en un único actor.
La disputa enfrenta tres intereses legítimos
Los militares buscan velocidad, eficacia y una herramienta que funcione en el campo de batalla. Para ellos, retrasar una capacidad madura durante años con el fin de alcanzar una autonomía perfecta puede tener un coste operativo inmediato. Desde esta perspectiva, Maven ofrece una ventaja disponible y probada, mientras que muchas alternativas europeas todavía se encuentran en fases de desarrollo o consolidación.
Los gobiernos, en cambio, deben considerar la soberanía, la protección de datos y la libertad de acción en una crisis política. Un sistema puede ser muy eficaz y, al mismo tiempo, generar una exposición inaceptable si sus actualizaciones, claves o canales de soporte dependen de decisiones tomadas fuera del continente. La discusión alemana refleja precisamente esa tensión entre capacidad operativa inmediata y control estatal sobre información sensible.
Las empresas sostienen que la colaboración público-privada es indispensable porque el sector comercial innova con mayor rapidez que las estructuras militares tradicionales. Esa afirmación contiene parte de verdad. La inteligencia artificial, la computación en la nube y el análisis masivo de datos avanzan a un ritmo que los presupuestos y procedimientos de defensa no siempre pueden seguir. Pero el interés comercial no coincide automáticamente con el interés estratégico de los Estados. Los gobiernos deben exigir transparencia, mecanismos de salida y pruebas de continuidad sin confundir la confianza en un proveedor con la delegación permanente de una función soberana.
El siguiente campo de batalla será la continuidad
En los próximos años, la evaluación de sistemas militares de inteligencia artificial probablemente incorporará pruebas que hasta ahora recibían menos atención: funcionamiento sin conexión con el proveedor, operación con datos incompletos, recuperación tras un ciberataque, sustitución de modelos y degradación controlada del servicio. También ganarán peso las auditorías sobre los modelos, no solo para detectar sesgos, sino para saber qué ocurre cuando un adversario introduce información falsa o manipula las señales que alimentan el sistema.
La experiencia de Ucrania muestra que la resiliencia debe medirse en movimiento, bajo interferencias y con cambios constantes en el entorno operativo. Una plataforma que funciona correctamente en un cuartel general puede fallar cuando se despliega sobre vehículos, drones o redes sometidas a guerra electrónica. La promesa de conectividad permanente tendrá que ser reemplazada por diseños capaces de alternar entre servicios, conservar funciones esenciales localmente y reanudar operaciones después de una interrupción.
También es probable que aumente la fragmentación de las compras europeas. Algunos países priorizarán soluciones estadounidenses por su madurez y su integración con la estructura de la OTAN. Otros exigirán proveedores europeos para mantener control sobre datos y decisiones. Si cada Estado desarrolla una plataforma incompatible, Europa puede terminar con múltiples islas tecnológicas incapaces de compartir información con rapidez. La autonomía estratégica necesitará, por tanto, estándares comunes y una política industrial coordinada, no solo subvenciones nacionales para crear productos rivales.
El verdadero riesgo no es que Palantir haya reconocido un mecanismo secreto para apagar Maven, porque la empresa afirma lo contrario. El riesgo consiste en reducir una cuestión sistémica a la existencia o inexistencia de ese mecanismo. La capacidad militar depende de una cadena completa: datos, sensores, redes, centros de cómputo, modelos, mantenimiento, personal y decisiones políticas. Cualquier eslabón puede limitar la autonomía de un país.
Europa todavía puede convertir esta controversia en una oportunidad para negociar mejor, invertir con objetivos concretos y construir alternativas interoperables. Pero la ventana para hacerlo se estrecha a medida que la inteligencia artificial se incorpora a la planificación y a las operaciones cotidianas. La pregunta decisiva no será quién posee el software, sino quién puede garantizar que seguirá funcionando, bajo qué condiciones y con qué capacidad de reemplazo, cuando una crisis convierta la dependencia tecnológica en una decisión militar.
