La Asamblea Nacional de Francia aprobó este martes 13 de octubre, por unanimidad, un proyecto de ley integral para combatir la violencia sexista y sexual. El texto, impulsado tras el asesinato de Lyhanna y ampliado durante seis días de debate, pasa ahora al Senado. Sus promotores temen que la cámara alta, de mayoría conservadora, reduzca algunas de las medidas antes de su aprobación definitiva.
La votación plenaria llegó después de que los diputados revisaran varias disposiciones en una segunda deliberación solicitada por el Gobierno. El Ejecutivo consideraba que los resultados previos no reflejaban adecuadamente la distribución de fuerzas en la cámara. El proyecto, que pasó de 69 a más de 110 artículos durante su tramitación, contó con el impulso de ocho grupos políticos, desde los comunistas hasta Los Republicanos. La posición final de Agrupación Nacional y La Francia Insumisa seguía en suspenso antes de la votación.
Más herramientas de investigación y atención
Entre las medidas previstas figuran unos requisitos mínimos de investigación para evitar que las denuncias se archiven con excesiva rapidez, la creación de unidades policiales especializadas y un tribunal especializado. El proyecto también contempla entrevistas obligatorias en los centros escolares para detectar situaciones de violencia, con periodicidad anual a partir de 2032, y un itinerario específico de atención para menores víctimas.
La ponente socialista Céline Thiébault-Martínez calificó la iniciativa de “un texto magnífico para luchar contra la violencia contra las mujeres y los niños”, aunque lamentó que se suprimieran artículos destinados a proteger a mujeres extranjeras, a las que describió como “entre las más vulnerables”. La ampliación del articulado refleja el alcance adquirido por el proyecto, pero también deja abierta la discusión sobre cómo se coordinarán las nuevas obligaciones y servicios.
El coste, otra prueba para la reforma
La aprobación parlamentaria no resuelve la cuestión de los recursos. Los debates sobre el presupuesto estatal de 2027 y el de la Seguridad Social, que comienzan esta semana, deberán aclarar qué financiación recibirá la ley. El ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, estimó que, en su configuración actual, la aplicación costaría a largo plazo entre 3.000 y 4.000 millones de euros anuales, además de los 1.500 millones que ya se destinan cada año a partidas existentes.
Amiel presentó la cifra como una estimación, no como un compromiso presupuestario. Thiébault-Martínez pidió al Gobierno que demuestre su voluntad de aplicar la reforma. La diferencia es relevante: la aprobación de nuevas estructuras y procedimientos no garantiza por sí sola que haya personal, cobertura territorial y financiación suficientes para hacerlos funcionar. La asignación efectiva de fondos será, por tanto, una medida concreta del alcance de la política anunciada.
El Senado y el calendario legislativo
El proyecto será examinado por el Senado, donde se prevé un debate en enero. La coalición que impulsó la iniciativa ha llamado a mantener la “vigilancia” durante esta segunda etapa, en palabras de Anne-Cécile Mailfert, de la Fundación de las Mujeres. El Gobierno afirma que busca adelantar la fecha, pero un calendario demasiado ajustado podría dificultar tanto el examen parlamentario como la conclusión del proceso antes de las elecciones presidenciales.
La revisión senatorial y la negociación presupuestaria serán dos pruebas distintas para la reforma: una determinará qué medidas sobreviven al trámite legislativo; la otra, si pueden aplicarse con los recursos necesarios. El consenso alcanzado en la Asamblea constituye un respaldo político significativo, aunque no elimina esas incertidumbres. El resultado final dependerá de que el texto conserve sus disposiciones centrales y de que la financiación acompañe las obligaciones que establece.
