El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena acordó este lunes aplicar la ley de amnistía al expresidente catalán Carles Puigdemont y a los exconsejeros Antoni Comín y Lluís Puig. La decisión deja sin efecto las órdenes nacionales de búsqueda, captura y detención que pesaban sobre los tres dirigentes independentistas y elimina, en principio, el impedimento judicial más inmediato para su regreso a España.
La resolución, sin embargo, no equivale todavía al cierre definitivo de la causa. Llarena precisa que su auto se limita a levantar las órdenes y que aún quedan recursos pendientes, además de una decisión final sobre la extinción de la responsabilidad penal y el sobreseimiento del procedimiento. Esa última determinación corresponde a la Sala de enjuiciamiento del Supremo.
Una orden retirada, una causa todavía abierta
El alcance práctico de la medida es relevante. Puigdemont reside en Bélgica desde 2017, cuando abandonó España tras la declaración unilateral de independencia aprobada por el Parlamento catalán. Durante años, la orden de detención impidió que regresara sin exponerse a ser arrestado y volvió su situación judicial uno de los principales puntos de fricción entre las instituciones españolas y el movimiento independentista.
El Supremo ya había dejado sin efecto la orden nacional contra Puigdemont el pasado 6 de octubre. El nuevo auto revalida esa decisión y la extiende al marco derivado de la aplicación de la amnistía. En términos jurídicos, el expresidente puede volver sin que opere automáticamente la orden que hasta ahora condicionaba sus movimientos; en términos políticos, la medida modifica el equilibrio de una disputa que ha marcado la política española durante casi una década.
El Constitucional fija el marco que el Supremo debe aplicar
Llarena fundamenta su decisión en la doctrina establecida recientemente por el Tribunal Constitucional al conceder amparo a la exconsejera Dolors Bassa. Esa interpretación avaló la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación atribuido a dirigentes del proceso independentista catalán, entre ellos Puigdemont.
El magistrado deja constancia de que no comparte los argumentos del Constitucional. En su opinión, los responsables del movimiento independentista pudieron obtener un beneficio personal de los fondos públicos empleados durante el proceso de secesión, una circunstancia que, según su interpretación anterior, impedía aplicarles la amnistía. Su discrepancia no desaparece, pero reconoce que una sentencia del órgano constitucional obliga al Supremo a ajustar sus decisiones a la doctrina fijada.
La tensión entre ambas posiciones revela una característica central del caso: la resolución no nace de un cambio de criterio personal del juez instructor, sino de la obligación de acomodar el procedimiento a una interpretación constitucional vinculante. Llarena afirma que está convencido de su lectura previa, aunque admite que esa convicción no permite mantener sus efectos jurídicos frente a la nueva doctrina.
El regreso queda abierto, pero no decidido
Desde Waterloo, donde tiene establecida su residencia, Puigdemont calificó la decisión como el final de una etapa de “represión política” que, según dijo, se prolonga desde hace más de nueve años. También celebró lo que definió como una “victoria de la amnistía”, aunque evitó precisar cuándo regresará a España.
Su cautela responde a una razón concreta: el levantamiento de la orden no equivale al archivo definitivo. Puigdemont ha señalado que prevé esperar a que el Supremo cierre formalmente la causa antes de volver. Esa diferencia entre libertad de movimiento y finalización del proceso puede parecer técnica, pero tiene consecuencias políticas evidentes: un regreso sin el archivo completo mantendría abierta la posibilidad de nuevas actuaciones judiciales vinculadas al expediente.
Además, el propio Puigdemont advirtió de que la decisión no resuelve la relación entre Cataluña y el resto de España. La amnistía puede desactivar responsabilidades penales concretas y reducir la presión judicial sobre los dirigentes del proceso independentista, pero no elimina el desacuerdo político que originó la crisis ni fija una solución para las demandas soberanistas.
La normalización judicial no equivale a reconciliación política
En 2017, Puigdemont presidía la Generalitat cuando el Parlamento catalán aprobó una fallida declaración de independencia. Varios dirigentes fueron detenidos, juzgados y encarcelados; otros, como Puigdemont, Comín y Lluís Puig, salieron de España y mantuvieron sus causas pendientes desde el extranjero. La ley de amnistía fue concebida para cerrar ese ciclo penal, pero su aplicación ha provocado una disputa institucional sobre sus límites y sobre la interpretación del delito de malversación.
La decisión de Llarena reduce uno de los obstáculos formales para la vuelta del expresidente, pero no borra las consecuencias de la crisis constitucional ni las divisiones que la amnistía ha generado. Tampoco transforma automáticamente la posición de los partidos que defienden la independencia, ni la de quienes consideran que la medida supone una concesión política incompatible con la responsabilidad pública.
El contexto añade presión al desenlace. El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, convocó este lunes elecciones generales anticipadas para el 29 de noviembre, en un momento de elevada intensidad política. El caso Puigdemont, que durante años ha condicionado alianzas parlamentarias y debates nacionales, vuelve así a coincidir con una campaña electoral. La orden de detención deja de ser el centro inmediato del conflicto; la cuestión que permanece es si el cierre judicial de la causa permitirá abrir una etapa política distinta o simplemente trasladará la disputa a otro terreno.
