Brasil llegará al balotaje del 25 de octubre ante una disyuntiva que trasciende la disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro: mantener una política de control ambiental con avances verificables o abrir paso a un giro que podría flexibilizar la fiscalización y ampliar las actividades extractivas en la Amazonía.
Avances frágiles ante una crisis creciente
El Gobierno de Lula reivindica que la deforestación amazónica cayó entre agosto de 2025 y julio de 2026 a su nivel anual más bajo desde el inicio de los registros, en 1988. También defiende el objetivo de alcanzar la deforestación neta cero en 2030 y avanzar en la demarcación de tierras indígenas. Sin embargo, el balance está marcado por una contradicción central: mientras se redujo la tala, Brasil mantiene la expansión petrolera como fuente de financiación para la transición energética, una estrategia que puede agravar la crisis climática que afecta al propio bioma.
La urgencia aumentó tras el repunte de los incendios. Durante las dos primeras semanas de octubre se registraron más de 1.600 focos en el estado de Amazonas, un 253% más que en el mismo periodo de 2025. En todo el bioma, los incendios se triplicaron desde la primera vuelta electoral. El Gobierno sospecha que parte del aumento responde a acciones premeditadas, aunque la sequía, el calentamiento global y el regreso previsto de El Niño también elevan el riesgo.
Bolsonaro promete frenar la deforestación ilegal antes que Lula y ofrecer incentivos para conservar y restaurar bosques, pero no ha detallado mecanismos ni límites. Su propuesta de permitir que comunidades indígenas decidan sobre agricultura, arrendamiento o minería genera preocupación porque podría ampliar legalmente zonas hoy protegidas. Las dudas se apoyan en el legado de Jair Bolsonaro: durante su mandato, la deforestación aumentó cerca de un 60%, se debilitaron los controles y no se demarcó ninguna nueva tierra indígena.
La elección, por tanto, no solo definirá el tono de la política ambiental brasileña. También decidirá si la reducción reciente de la deforestación se consolida como política de Estado o queda expuesta a las presiones del agronegocio, la minería y el petróleo. En una Amazonía sometida simultáneamente a incendios, sequías y expansión extractiva, la diferencia entre ambos proyectos puede traducirse en consecuencias regionales y climáticas de largo alcance.
