Más de siete millones de israelíes están llamados a votar el 27 de octubre en unas elecciones que pueden decidir mucho más que la continuidad de un gobierno. El resultado determinará si Benjamín Netanyahu conserva el poder después de cuatro años de guerra, si la oposición logra abrir un nuevo ciclo político y, sobre todo, cuánto margen tendrá el actual primer ministro para afrontar el proceso judicial por corrupción que arrastra desde 2020.
La votación llega en un momento excepcional: es la primera desde el inicio de la guerra en Gaza y la ofensiva contra Irán, y también desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Sin embargo, el factor decisivo no será necesariamente la fuerza de un partido, sino la capacidad de cada bloque para reunir apoyos suficientes en una Knesset fragmentada. En Israel, la mayoría absoluta se alcanza con 61 de los 120 escaños, y las encuestas anticipan que ninguno de los dos grandes espacios está cerca de garantizarla por sí solo.
Una elección que puede terminar sin ganador claro
Los sondeos dibujan una carrera extremadamente ajustada. La televisión pública Canal 11 concede alrededor de 50 escaños a la coalición de Netanyahu, frente a 52 para la oposición y 18 para fuerzas no alineadas. El Canal 12, de perfil centrista y con mayor audiencia, ofrece una fotografía distinta pero igualmente incierta: 56 diputados para la oposición, 50 para el bloque oficialista y 14 en manos de partidos que podrían convertirse en árbitros de la investidura.
El principal rival de Netanyahu es Gadi Eisenkot, antiguo jefe del Estado Mayor y líder de Yashar. Sus críticas a los fallos estratégicos que precedieron a los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 le han dado una posición destacada, aunque sus entre 20 y 22 escaños estimados están lejos de la mayoría. Su posible victoria electoral dependería, por tanto, de una negociación posterior con formaciones muy diferentes entre sí.
En el campo opositor se encuentran Juntos, la alianza vinculada a los ex primeros ministros Yair Lapid y Naftali Bennett, además de Los Demócratas, de centroizquierda, e Israel Beitenu, nacionalista y laico. Frente a ellos, el Likud encabeza una coalición que reúne desde el partido ultraortodoxo Shas hasta Otzma Yehudit, la formación de extrema derecha del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir. La coincidencia entre sus socios se apoya en el nacionalismo, el conservadurismo social y una visión sionista más rígida del Estado.
La llave puede quedar fuera de los dos bloques
La aritmética parlamentaria concede una importancia inusual a los partidos árabes. Según el Canal 12, la Lista Conjunta obtendría nueve escaños y Ra’am, otros cinco. Ninguna de estas fuerzas formaría necesariamente parte de un gobierno, pero su abstención o su apoyo en una votación de confianza podría permitir que la oposición superase a Netanyahu.
Ese posible escenario tiene una carga política especial. El Likud intentó impedir que los partidos árabes concurrieran a las elecciones, alegando que respaldaban la lucha armada de Hamás. La Corte Electoral aceptó inicialmente la petición, pero el Tribunal Supremo anuló después la prohibición. Ahora, aquellas formaciones a las que se intentó excluir podrían determinar quién recibe el encargo de formar gobierno y qué concesiones obtiene a cambio.
También será decisivo el umbral electoral del 3,5%. Los Reservistas, una fuerza de centroderecha que defiende el servicio militar universal y cuestiona la exención de los ultraortodoxos, se encontraba al límite de entrar en la Knesset al cierre de las encuestas. Unos pocos votos pueden convertir sus papeletas en escaños o dejarlas sin representación, alterando el reparto completo. Por eso, la noche electoral podría no ofrecer una respuesta definitiva y dar paso a meses de pactos, vetos y negociaciones.
El resultado también redefine el futuro de Netanyahu
Para Netanyahu, la elección tiene una dimensión personal que supera la disputa entre partidos. Ha dirigido Israel durante 19 años, con intervalos en la oposición, y los últimos cuatro han estado marcados por la guerra, la presión internacional y las críticas a la gestión de los ataques del 7 de octubre. Una derrota pondría fin a su actual mandato y reduciría su capacidad de influir sobre las decisiones que afectan a su defensa judicial.
El primer ministro está acusado de soborno, fraude y abuso de confianza en tres causas. El Tribunal de Distrito de Jerusalén escucha actualmente a los testigos, después de que Netanyahu terminara su declaración a comienzos del verano. El cargo no le concede inmunidad, pero sí una influencia política que podría facilitar la búsqueda de un indulto presidencial. La oposición ya ha anticipado que no respaldaría esa salida. Si fuese condenado, se enfrentaría a una pena superior a diez años de prisión.
Un gobierno opositor también ha prometido crear una comisión estatal de investigación sobre los fallos que condujeron al ataque de Hamás. Las informaciones sobre advertencias recibidas desde países vecinos han reforzado la acusación de que Netanyahu ignoró señales relevantes. La investigación podría convertirse en el mecanismo institucional para establecer responsabilidades, pero también en una amenaza política directa para el ex primer ministro si pierde el poder.
Un cambio de tono no garantiza un cambio de política
Desde fuera de Israel, la votación puede parecer un enfrentamiento entre el centro-derecha y la extrema derecha. Dentro del país, la disputa es más profunda: enfrenta dos concepciones sobre el carácter del Estado, el papel de la religión, la independencia judicial y la relación entre seguridad y control democrático. También vuelve a primer plano la exención militar de los ultraortodoxos, una cuestión que afecta a la distribución de cargas en una sociedad movilizada por la guerra.
La alternancia tampoco implicaría necesariamente una ruptura con la política hacia los palestinos. Eisenkot podría mostrarse más sensible a la presión internacional, permitir una mayor entrada de ayuda en Gaza y tratar de contener la violencia de los colonos en Cisjordania. Pero fue también el creador de la llamada Doctrina Dahiya, basada en el uso de una fuerza desproporcionada contra zonas civiles durante la guerra del Líbano de 2006, una referencia que limita las expectativas de un giro sustancial.
Lo mismo ocurre con Irán y Hizbulá: la oposición podría utilizar un lenguaje menos agresivo, pero no hay señales claras de que vaya a modificar las prioridades estratégicas del país. La verdadera incertidumbre está, por tanto, en la gobernabilidad interna. Una mayoría estrecha, dependiente de partidos árabes o de pequeños grupos bisagra, podría producir un gobierno débil y una nueva parálisis institucional. Israel no solo votará quién lo dirige; votará si puede salir de la crisis política que la guerra y el proceso judicial de Netanyahu han convertido en una sola disputa por el futuro del Estado.
