La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ordenó investigar y procesar a los militares y agentes de inteligencia que aportaron testimonios anónimos al documental Naza, galardonado con el Premio Especial del Jurado en el Festival de Cine de Venecia. La decisión abre un nuevo frente en la confrontación entre el Gobierno israelí y una producción que cuestiona los procedimientos utilizados durante la guerra en Gaza.
El comunicado oficial sostiene que la película difama al Estado de Israel y a sus Fuerzas de Defensa, además de causar un daño grave a la imagen internacional del país. Las autoridades alegan que los participantes pudieron haber cometido delitos relacionados con la divulgación de información altamente clasificada, la seguridad nacional, la difamación penal y el perjuicio de los intereses diplomáticos israelíes.
La investigación apunta al anonimato de las fuentes
Netanyahu encargó al jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir; al director del Shin Bet, David Zini, y a la fiscal general del Estado, Gali Baharav-Miara, que actúen para identificar a las personas vinculadas con el documental. La instrucción dirigida al servicio de inteligencia interior exige localizar “con urgencia” a los implicados o a quienes aparecen en la película, en referencia a 24 miembros del ejército y de organismos de inteligencia.
El anonimato fue una condición central para obtener esos testimonios. Las fuentes describieron desde dentro procesos de selección de objetivos, autorización de bombardeos y evaluación de posibles víctimas civiles. La amenaza de una investigación penal puede afectar no solo a quienes hablaron con los realizadores, sino también a futuros denunciantes que consideren revelar información sobre operaciones militares.
La medida también plantea una tensión jurídica difícil de resolver: el Estado puede proteger información operativa cuya divulgación ponga en riesgo a personas o unidades, pero esa protección no determina por sí sola si las prácticas denunciadas fueron legales. La investigación anunciada por el Gobierno se concentra, según el comunicado, en la filtración y sus efectos sobre la seguridad nacional; no ofrece una respuesta equivalente sobre la posible responsabilidad derivada de las operaciones descritas.
Qué expone el documental sobre la guerra en Gaza
Naza, cuyo título alude a un acrónimo militar empleado para estimar bajas civiles o “daño colateral”, presenta testimonios sobre ataques contra viviendas palestinas en las que se sospechaba que residían combatientes de Hamás. Según las fuentes, en algunos casos se esperaba que el objetivo regresara a dormir y se autorizaba el bombardeo aun sabiendo que su familia podía encontrarse dentro de la casa.
La película también aborda el uso de un sistema de perfilamiento basado en inteligencia artificial. De acuerdo con los testimonios recogidos, el sistema analizaba los números telefónicos con los que se comunicaba un individuo para calcular si podía ser un miliciano. El margen de error atribuido al método era del 15 por ciento, un nivel que, aplicado a un número elevado de personas señaladas, podía convertir a numerosos civiles en objetivos potenciales.
Otra de las afirmaciones más graves se refiere a ataques ejecutados en zonas sometidas a órdenes de evacuación. Los testimonios sostienen que los mandos sabían que parte de la población civil no había podido abandonar esos lugares. La existencia de órdenes de evacuación, por sí misma, no elimina las obligaciones de distinguir entre combatientes y civiles ni la exigencia de tomar precauciones proporcionales antes de un ataque.
El Gobierno defiende la seguridad; los productores reivindican la investigación
Las autoridades militares israelíes mantienen que sus normas prohíben los ataques deliberados contra civiles y cualquier procedimiento destinado a causarles daño. El comunicado de Netanyahu, sin embargo, presenta la película principalmente como una amenaza reputacional y de inteligencia. El eje de la respuesta oficial está en la supuesta filtración de secretos y en el impacto internacional de las acusaciones.
The Guardian, productor del documental, defiende el trabajo periodístico, construido a partir de tres años de entrevistas y de testimonios de más de un centenar de personas familiarizadas con los sistemas militares empleados en la guerra. Parte de las declaraciones ya había sido publicada por la revista israelí-palestina +972 y por el propio diario británico, lo que sitúa la controversia en un marco más amplio que el estreno cinematográfico.
La disputa no enfrenta únicamente a un Gobierno con una obra audiovisual. También contrapone dos relatos sobre la rendición de cuentas: el oficial, que prioriza el control de información sensible y la defensa de la reputación nacional, y el de los realizadores y sus fuentes, que considera indispensable examinar las decisiones que pudieron producir muertes civiles.
Una campaña que alcanza a los periodistas
Los realizadores Yuval Abraham y Rachel Szor han sido objeto de ataques y amenazas desde que el contenido del documental comenzó a circular. Entre las acciones denunciadas figuran propuestas para revocarles la ciudadanía israelí, pese a que ambos nacieron en el país y proceden de familias con vínculos prolongados con su sociedad, incluidos supervivientes y víctimas del Holocausto.
Seguidores de Netanyahu se concentraron frente a la vivienda de los padres de Szor, en Savyon, donde aparecieron pintadas con amenazas de muerte. Los episodios muestran que la presión no se limita a los canales institucionales: la denuncia pública de los informantes y la hostilidad contra los periodistas pueden generar un entorno de intimidación antes incluso de que exista una acusación formal.
El precedente de la exfiscal militar
La ofensiva recuerda el caso de Yifat Tomer-Yerushalmi, antigua fiscal general militar, quien reconoció haber filtrado videos clasificados sobre una presunta agresión sexual grave contra un prisionero palestino en un centro de detención. Fue arrestada brevemente, dimitió y afrontó arresto domiciliario y fuertes críticas de Netanyahu y del ministro de Defensa, Israel Katz. Durante el proceso intentó suicidarse.
En aquel episodio, Netanyahu calificó la filtración como uno de los golpes de relaciones públicas más severos sufridos por Israel desde su fundación, mientras Katz describió como “calumnias sangrientas” las peticiones de investigar a los militares involucrados. La comparación sugiere que el Gobierno interpreta la difusión de evidencias sobre abusos no solo como una cuestión judicial, sino también como una amenaza política y diplomática.
La investigación contra las fuentes de Naza deberá determinar si hubo una vulneración concreta de secretos protegidos y si esa vulneración causó un riesgo verificable. Pero la controversia más amplia dependerá de otra pregunta: si el Estado investigará con el mismo rigor las decisiones militares que, según los testimonios, pudieron poner deliberadamente en peligro a civiles. La respuesta marcará el alcance real de la rendición de cuentas durante la guerra en Gaza.
