Las elecciones israelíes del próximo 27 de octubre se celebrarán bajo una certeza y varias incógnitas. La certeza es que ningún partido alcanzará por sí solo los 61 escaños necesarios para controlar la Knéset, formada por 120 diputados. La incógnita principal será quién consiga articular una coalición suficiente para gobernar y qué precio político deberá pagar por ello. Las encuestas describen un empate técnico entre los dos principales candidatos, pero el resultado final dependerá en gran medida de las negociaciones posteriores y del comportamiento de las formaciones pequeñas.
Una legislatura excepcionalmente larga, pero no estable
El hecho de que Israel haya llegado a las urnas tras aproximarse al final completo de una legislatura constituye una anomalía en su historia reciente. Durante 38 años, los gobiernos se habían visto obligados con frecuencia a adelantar las elecciones por crisis internas, rupturas de coalición o imposibilidad de aprobar los presupuestos. La duración del mandato no implica, sin embargo, estabilidad institucional: el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu ha sobrevivido mediante acuerdos frágiles entre partidos nacionalistas, ultraderechistas y ultraortodoxos, unidos más por sus objetivos compartidos que por una visión común de Estado.
Netanyahu llega a la campaña con un balance contradictorio. Es el primer ministro que más tiempo ha permanecido en el cargo, con 19 años acumulados, y ha encabezado el gobierno considerado más extremista de la historia de Israel. Al mismo tiempo, su figura quedó asociada al fracaso de seguridad del 7 de octubre de 2023, cuando Hamás y la Yihad Islámica Palestina lanzaron sus ataques. Su continuidad política, pese a ese antecedente, revela hasta qué punto la seguridad, la identidad nacional y el miedo a una alternativa han pesado más que la exigencia de responsabilidades.
La justicia y la guerra entran en la papeleta
La campaña tampoco puede separarse de los procedimientos judiciales que afectan al primer ministro. Netanyahu está imputado en tres causas que se encuentran ante el Tribunal Supremo y afronta además una orden de detención de la Corte Penal Internacional por acusaciones de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Estas denuncias no han eliminado sus posibilidades electorales, pero sí han convertido la elección en una disputa sobre la relación entre poder político, responsabilidad penal y protección institucional.
La dimensión internacional añade otra capa de presión. La Corte Internacional de Justicia ha abierto una causa por posible genocidio en Gaza, mientras Israel mantiene operaciones militares y ha sido acusado de vulnerar normas fundamentales del derecho internacional. El debate electoral, sin embargo, no parece orientarse hacia una revisión de esa estrategia, sino hacia la competencia por presentarla como insuficiente o demasiado moderada. En ese marco, la guerra funciona simultáneamente como cuestión de seguridad, instrumento de movilización electoral y mecanismo de cohesión interna.
La exclusión de los ciudadanos árabes expone la fractura
Uno de los episodios más reveladores de la campaña fue la decisión del Comité Electoral Central de prohibir la participación de los partidos árabes Ra’am y Lista Conjunta. La medida afectaba a formaciones que suman diez diputados y representan políticamente a una parte de la población árabe palestina, que constituye aproximadamente una quinta parte de los ciudadanos de Israel. El Tribunal Supremo revocó finalmente la prohibición, pero el intento dejó planteada una cuestión que excede la disputa electoral: quién puede participar plenamente en la definición del futuro del país.
Los ciudadanos árabes israelíes podrán votar, pero su capacidad para formar parte de una mayoría de gobierno continúa limitada por la tradición política y por el rechazo de los principales partidos a depender de sus escaños. La paradoja es evidente: sus votos pueden ser decisivos para inclinar el reparto parlamentario, pero las fuerzas que los representan siguen siendo tratadas como socios ilegítimos. El resultado es una democracia electoral con una frontera interna que reduce el pluralismo efectivo.
La carrera por demostrar quién es más duro
La competencia entre los candidatos se ha desplazado hacia el terreno de la confrontación permanente. Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir y Avigdor Liberman acusan a Netanyahu de mantener una posición demasiado favorable a los palestinos, pese a que su gobierno ha impulsado una política de expansión territorial y ha rechazado la creación de un Estado palestino. La acusación muestra cómo se ha movido el centro de gravedad del debate: la pregunta ya no es si habrá una solución política, sino quién promete aplicar con mayor contundencia la vía militar.
Gadi Eisenkot, antiguo jefe de las Fuerzas de Defensa de Israel y principal rival de Netanyahu al frente del nuevo partido Yashar, ofrece una alternativa de estilo y gestión, pero no una ruptura sustancial en la cuestión palestina. Promete eliminar militarmente a Hamás en Gaza en un plazo de 18 meses, considera inviable la defensa actual de la solución de dos Estados y rechaza un Estado binacional con plenos derechos para todos. Una eventual derrota de Netanyahu, por tanto, podría cambiar el liderazgo sin modificar la orientación estratégica dominante.
El voto que no incluye a todos los afectados
Unos 7,3 millones de israelíes mayores de 18 años podrán votar, incluidos los aproximadamente 750.000 colonos establecidos en el territorio palestino ocupado. En cambio, los más de tres millones de adultos de Gaza y Cisjordania no participarán en unos comicios cuyas consecuencias afectan directamente a sus movimientos, su seguridad, su economía y su acceso a los servicios básicos. Esa asimetría cuestiona la idea de que Israel pueda ser descrito sin matices como la única democracia de Oriente Próximo.
La misma contradicción se proyecta sobre la política regional. Mientras los candidatos compiten por exhibir dureza frente a Palestina, Israel mantiene operaciones contra Líbano y Siria, ha atacado Irán y continúa la ofensiva en Gaza. Además, cualquier futuro primer ministro necesitará probablemente el respaldo de los partidos ultraortodoxos, cuyas exigencias pueden profundizar el carácter confesional y excluyente de la coalición. La elección puede decidir quién ocupa el despacho de primer ministro, pero difícilmente resolverá la fractura que atraviesa el sistema. Sin un cambio en las alianzas parlamentarias y en la relación con la población palestina, el resultado más probable seguirá siendo un gobierno dependiente de pactos estrechos y una política definida por la escalada.
