El intento de atentado registrado junto a la base militar de Fairford, durante la madrugada del 26 al 27 de septiembre, ha expuesto una transformación de la amenaza iraní en Reino Unido. Cinco personas fueron detenidas junto a tres furgonetas atravesadas en la carretera de acceso y varios bidones de gasolina. El primer ministro atribuyó la operación a Teherán, aunque la investigación continúa abierta y todavía no se ha demostrado que los arrestados pretendieran entrar en la instalación.
Para Stuart Crawford, teniente coronel retirado del Ejército británico, el objetivo pudo ser enviar una advertencia más que causar una destrucción directa. El mensaje, según su interpretación, equivaldría a decir que Irán conoce la ubicación y puede acercarse a objetivos sensibles cuando lo considere necesario. La importancia del episodio reside precisamente en esa ambigüedad: una acción limitada puede servir para intimidar, medir la respuesta de las autoridades y mantener la capacidad de negar la responsabilidad.
La amenaza ya no llega con uniforme de espía
El jefe del MI5, Ken McCallum, advirtió la semana pasada de que Irán se ha convertido en la principal amenaza para la seguridad británica después de Rusia. En el último año y medio, los servicios de inteligencia han frustrado más de veinte complots respaldados por Teherán y han detenido a más de cincuenta personas relacionadas con ellos. Los objetivos incluyen a la comunidad judía, periodistas iraníes exiliados e instalaciones militares.
El cambio más relevante no está solo en el número de operaciones, sino en el perfil de quienes las ejecutan. En lugar de depender exclusivamente de agentes formados, Irán estaría recurriendo cada vez más a militares vulnerables, delincuentes comunes y personas con problemas de drogadicción. La lógica es operativa: estos individuos son más difíciles de vincular formalmente con el Estado, pueden ser captados con rapidez y aceptan encargos que los servicios oficiales no querrían realizar de manera directa.
El caso de Daniel Abed Khalife ilustra una de las vías de penetración. El exsoldado británico, de 22 años y madre iraní, fue arrestado en 2023 acusado de recopilar información sensible de las Fuerzas Armadas, incluidos nombres de personal militar, para los servicios de inteligencia de Irán. El caso no prueba por sí solo una estrategia general, pero muestra el valor que Teherán atribuye a quienes ya conocen las estructuras y rutinas de seguridad británicas.
De las bandas del norte de Europa a los encargos en Londres
La conexión con el crimen organizado aparece con claridad en el caso de Johannes Natland, un ciudadano noruego de 18 años con problemas de drogadicción. En marzo de 2025 fue detenido en un hotel de Huddersfield con armas y munición. Había sido captado en Noruega mediante aplicaciones de mensajería por intermediarios vinculados a Foxtrot, una de las redes criminales más violentas del norte de Europa. La oferta: 25.000 euros por viajar a Reino Unido y matar a tiros a una persona cuya identidad no se ha hecho pública, posiblemente un disidente iraní.
Foxtrot está dirigida por Rawa Majid, conocido como el “zorro kurdo”, quien se refugió en Irán en 2023 para evitar una orden internacional de detención. Según la información citada en la investigación, los servicios iraníes y la Guardia Revolucionaria le ofrecieron protección a cambio de poner la infraestructura de su organización al servicio de atentados, sabotajes y labores de vigilancia contra intereses israelíes, instituciones judías y opositores en Europa. Natland fue condenado a veinte años de prisión.
El narcotráfico como infraestructura de operaciones
La cooperación no se limita a una banda. Otra red relacionada con el narcotráfico es la de Naji Sharifi Zindashti, un barón de la droga al que Teherán habría ofrecido refugio e impunidad. Expertos en seguridad sostienen que las redes de este tipo proporcionan acceso a personas endeudadas, dependientes de las drogas o dispuestas a asumir riesgos extremos a cambio de dinero.
El contexto financiero también importa. Sometido a sanciones occidentales, el régimen iraní necesita circuitos opacos para sostener a sus intermediarios en el extranjero. El contrabando de opio y heroína procedente de Afganistán no solo genera recursos: crea una red logística, reclutadores y mecanismos de intimidación que pueden reutilizarse para secuestros, asesinatos selectivos y operaciones contra opositores. La externalización permite a Teherán reducir costes políticos y dificultar la atribución de cada ataque.
Andrew Fox, comandante retirado del Ejército británico, resume esa ventaja en un principio sencillo: si una banda criminal ejecuta el encargo, Irán puede negar su participación directa. La frontera entre terrorismo patrocinado por un Estado y delincuencia organizada deja así de ser nítida. El criminal busca dinero; el Estado obtiene capacidad de presión; y ambos pueden beneficiarse de una investigación que empieza por los ejecutores y tarda más en llegar a los coordinadores.
Una presión que se extiende por tierra, aire y medios
Downing Street ha impuesto sanciones financieras y restricciones de viaje contra coordinadores de estas redes y altos mandos de la contrainteligencia iraní. También ha proscrito a la Guardia Revolucionaria. Teherán respondió declarando al Reino Unido un “objetivo legítimo”, una formulación que ha elevado la preocupación por el acoso a infraestructuras críticas y por las actividades de vigilancia.
En los últimos diez meses, más de cien drones han sobrevolado instalaciones militares y de defensa británicas, incluidas instalaciones nucleares, según Anthony Glees, experto en seguridad e inteligencia. El MI5 no ha identificado aparatos iraníes de largo alcance como los Shahed, sino drones comerciales sencillos. Su atractivo es evidente: un modelo FPV puede costar unas 500 libras y transportarse oculto en un vehículo corriente. La amenaza no depende de tecnología sofisticada, sino de la facilidad para repetir incursiones y obligar al Estado a proteger numerosos objetivos al mismo tiempo.
La presión alcanza de forma especialmente directa a los periodistas iraníes exiliados en Londres. Tres ciudadanos iraníes están siendo juzgados en Woolwich por presuntamente ayudar a los servicios de inteligencia de Irán a espiar a trabajadores de Iran International y preparar un ataque violento. En marzo de 2024, su presentador Pouria Zeraati fue apuñalado en una pierna cerca de su domicilio. Los agresores, de nacionalidad rumana, habrían recibido 95.000 euros mediante intermediarios vinculados a la Guardia Revolucionaria.
La dimensión más profunda de esta campaña no se mide únicamente por los atentados consumados. Se mide por el coste que impone a una sociedad abierta: periodistas que interrumpen el contacto con sus familias en Irán, instalaciones que necesitan defensas permanentes y policías obligados a vigilar a delincuentes contratados como brazos de una potencia extranjera. Reino Unido afronta una amenaza híbrida en la que la distancia entre espionaje, intimidación, narcotráfico y terrorismo se vuelve cada vez más difícil de separar.
