Ciudad de México, 17 de octubre de 2026. Ante las inquietudes expresadas por vecinos y especialistas sobre la densificación prevista en el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México (POZMVM), el subsecretario de Ordenamiento Territorial, Urbano y Vivienda, Alfonso Iracheta, defendió el enfoque del instrumento y sostuvo que puede ayudar a evitar que más habitantes sean desplazados hacia las zonas periféricas.
El funcionario planteó que el debate sobre la densidad urbana no debe limitarse al número de viviendas que podrían construirse en determinadas áreas. A su juicio, la discusión también debe considerar la manera en que el crecimiento metropolitano ha generado largos desplazamientos, mayores costos para las familias y una ocupación cada vez más distante de los centros de empleo, servicios y equipamiento público.
Una respuesta al crecimiento disperso
La posición de Iracheta parte de un problema estructural de la Zona Metropolitana del Valle de México: la expansión urbana hacia la periferia. Durante décadas, el desarrollo habitacional se ha extendido hacia municipios alejados de las zonas con mayor concentración de empleos y servicios, lo que ha incrementado la dependencia del automóvil y del transporte público, además de presionar nuevos territorios.
Desde esta perspectiva, promover una mayor concentración de población en áreas ya urbanizadas podría permitir un uso más eficiente de la infraestructura existente. La lógica del programa consiste en acercar a los habitantes a redes de transporte, escuelas, centros de salud, espacios públicos y fuentes de trabajo, en lugar de mantener un modelo que amplía continuamente la mancha urbana.
Sin embargo, el argumento enfrenta una condición decisiva: la densificación sólo puede cumplir ese propósito si está acompañada de servicios suficientes, vivienda accesible y reglas claras para evitar que el aumento del valor del suelo expulse a los residentes actuales. Sin esos elementos, una política orientada a contener la expansión podría convertirse en un factor adicional de presión inmobiliaria.
Vecinos y especialistas piden revisar los efectos
Las preocupaciones planteadas por vecinos y especialistas se concentran en los efectos concretos que tendría la densificación sobre las colonias y municipios donde se aplique. Entre los puntos de debate se encuentran la capacidad de las redes de agua y drenaje, la movilidad, la disponibilidad de áreas verdes, la calidad del aire y la posibilidad de que el crecimiento inmobiliario rebase la capacidad de los servicios públicos.
También existe una dimensión social. Cuando una zona adquiere atractivo para nuevos desarrollos, el encarecimiento de las rentas y de la vivienda puede modificar la composición de sus comunidades. Para los hogares con menores ingresos, permanecer cerca de sus empleos o de sus redes familiares puede volverse cada vez más difícil. Por ello, el efecto de una política de densificación no puede evaluarse únicamente por la cantidad de viviendas adicionales, sino por quiénes podrán habitarlas y bajo qué condiciones.
El cuestionamiento ciudadano también refleja una demanda de mayor claridad sobre la aplicación del POZMVM. La aceptación de un proyecto metropolitano depende, en buena medida, de que las comunidades conozcan los cambios previstos, sus plazos, las autoridades responsables y los mecanismos para corregir impactos. Sin información verificable y participación efectiva, la densificación puede percibirse como una decisión impuesta, incluso cuando busca resolver un problema real.
Planeación y ecosistemas
Iracheta lamentó además que, históricamente, la planeación territorial se haya desarrollado al margen de los ecosistemas que rodean a las ciudades. Su señalamiento incorpora otro elemento central al debate: la expansión metropolitana no sólo transforma el mercado de suelo y las condiciones de movilidad, sino que también modifica áreas naturales, zonas de recarga, cuerpos de agua y espacios agrícolas.
La integración de criterios ambientales resulta especialmente relevante en una región sometida a estrés hídrico y a una fuerte presión urbana. Concentrar población en zonas consolidadas puede reducir la ocupación de nuevos terrenos, pero no elimina por sí mismo los riesgos. La infraestructura urbana existente debe tener capacidad para atender a más habitantes, y los nuevos proyectos deben respetar las restricciones ambientales y la disponibilidad real de agua.
El desafío consiste en vincular la política de vivienda con la protección territorial. Una planeación que sólo autorice más construcciones sin evaluar el impacto acumulado sobre el suelo, el agua y la movilidad podría reproducir los problemas que pretende resolver. Del mismo modo, una estrategia ambiental que ignore la necesidad de vivienda y empleo puede empujar a las familias hacia asentamientos más alejados o irregulares.
El reto de convertir el planteamiento en resultados
La defensa del subsecretario coloca al POZMVM ante una disyuntiva de implementación. Frenar el desplazamiento hacia la periferia requiere ofrecer alternativas habitacionales dentro de la ciudad y en zonas metropolitanas conectadas, pero también establecer límites sobre la intensidad de los desarrollos y garantizar que las inversiones públicas acompañen el crecimiento.
La eficacia del programa se medirá, por tanto, más allá de sus criterios de densidad. Será necesario observar si disminuyen los tiempos de traslado, si mejora el acceso a servicios, si se conserva la población residente y si la vivienda producida resulta asequible para los hogares que hoy enfrentan mayores dificultades. También será fundamental verificar que las decisiones territoriales incorporen información ambiental y que las autoridades metropolitanas coordinen sus acciones.
La discusión abierta por el POZMVM enfrenta dos riesgos igualmente relevantes: mantener un patrón de expansión que aleja a la población de sus oportunidades, o densificar sin las salvaguardas necesarias para proteger a las comunidades y los ecosistemas. La propuesta defendida por Iracheta busca atender el primero; las objeciones de vecinos y especialistas recuerdan que evitar el segundo dependerá de la calidad de la regulación, de la inversión pública y de la participación de quienes habitan las zonas donde se aplicarán las medidas.
