Convertir los municipios guantanameros en territorios capaces de generar más ingresos que gastos se ha convertido en una prioridad económica y política de la provincia. En la actualidad, solo el municipio de Guantánamo alcanza la condición de superavitario, mientras los restantes todavía dependen en gran medida del presupuesto estatal para sostener sus servicios y actividades fundamentales.
La meta no consiste únicamente en cerrar las cuentas con saldo positivo. El superávit municipal se presenta como una medida de la capacidad real de cada territorio para producir, recaudar, ordenar sus gastos y financiar parte de su propio desarrollo. En un contexto nacional marcado por carencias, restricciones externas y limitaciones productivas, avanzar hacia esa autonomía resulta tanto una necesidad financiera como una prueba de la eficacia de las transformaciones económicas emprendidas en el país.
El punto de partida: producir más y gastar mejor
La situación provincial revela la magnitud del desafío. Durante décadas, los territorios han funcionado con una fuerte dependencia de los recursos distribuidos por el Estado y, con frecuencia, han gastado por encima de lo que producen. Esa dinámica reduce el margen para invertir, limita la capacidad de respuesta local y convierte cualquier interrupción en los ingresos en una presión adicional sobre los servicios públicos.
El cambio exige controlar con mayor rigor el presupuesto asignado y orientar cada partida hacia actividades que generen bienes, servicios o nuevas fuentes de ingreso. No basta con ejecutar los fondos disponibles: la calidad del gasto dependerá de si contribuye a ampliar la producción, recuperar capacidades instaladas o fortalecer sectores que puedan sostenerse con sus propios resultados.
El caso de Baracoa ilustra la contradicción entre potencial y desempeño. El municipio dispone de infraestructura industrial y riquezas naturales que podrían respaldar una economía más dinámica, pero esas ventajas no se traducen automáticamente en superávit. Para que los recursos del territorio se conviertan en ingresos públicos, deben existir empresas eficaces, encadenamientos productivos, mercados activos y decisiones capaces de conectar la producción con las necesidades de la población.

Los ingresos no aparecen sin una economía que funcione
La primera vía para elevar los ingresos municipales es aumentar las producciones físicas y cumplir el plan de circulación mercantil. Esto supone que las entidades estatales y los actores no estatales participen de manera articulada en las actividades comerciales, cumplan sus responsabilidades y creen relaciones estables de suministro. Cuando cada sector opera de forma aislada, se pierden oportunidades de transformar materias primas, ampliar la oferta y retener valor dentro del municipio.
Los encadenamientos productivos son decisivos en ese proceso. Una empresa puede incrementar sus resultados no solo vendiendo más, sino también comprando localmente, utilizando capacidades ociosas y generando servicios para otras entidades. La descentralización de empresas provinciales hacia los territorios abre posibilidades, pero también eleva la exigencia sobre sus administraciones. Si no mejoran su eficiencia, el traslado de responsabilidades puede reproducir las pérdidas a una escala más cercana, sin resolver el problema de fondo.
En Guantánamo, 13 entidades reportan pérdidas económicas. El dato advierte que la condición municipal no se alcanza únicamente mediante una mejor recaudación: también requiere empresas capaces de sostener sus operaciones, aprovechar sus activos y responder a la demanda. Una estructura empresarial deficitaria termina absorbiendo recursos que podrían destinarse a inversiones, mantenimiento o servicios.
Recaudar lo pendiente también es una forma de producir
Otro frente crítico es la contribución territorial. Al cierre de septiembre, los municipios guantanameros acumulaban 37 millones de pesos del presupuesto sin ejecutar. Ese dinero no puede considerarse irrelevante: representa capacidad financiera aprobada que no llegó a convertirse en obras, servicios o acciones de desarrollo. La demora en su utilización puede reflejar problemas de planificación, contratación, gestión o control.
También deben fortalecerse los tributos sobre ingresos y los aportes del sector no estatal. Persisten actividades que no se cobran y negocios que no tributan de acuerdo con sus ganancias. La ampliación de la base tributaria no debería entenderse como una persecución indiscriminada, sino como una condición de equidad: quienes obtienen ingresos de la actividad económica deben contribuir de manera proporcional al sostenimiento del territorio donde operan.
La provincia inicia octubre con cerca de 34 millones de pesos pendientes de recaudar por cuentas por cobrar, cuentas por pagar y multas. Recuperar esos recursos puede ofrecer resultados más rápidos que la creación de nuevas capacidades productivas, aunque no sustituye la necesidad de producir. La recaudación atrasada sirve para aliviar tensiones inmediatas; el crecimiento sostenible depende de que las nuevas obligaciones no vuelvan a acumularse.
La transformación dependerá de cómo se gobierne
Reducir los gastos en el sector presupuestado y social es otra parte de la ecuación, siempre que se haga de forma ordenada y sin deteriorar servicios esenciales. Ahorrar no significa recortar indiscriminadamente, sino eliminar ineficiencias, evitar pagos innecesarios y asignar los recursos según prioridades verificables. Un gasto mejor administrado libera fondos para inversiones que pueden ampliar la capacidad económica local.
La dificultad principal, por tanto, no es solo contable. Requiere que jefes y decisores desarrollen conocimiento económico, utilicen indicadores para corregir problemas y vinculen las decisiones presupuestarias con resultados concretos. También exige debate con la población y control popular, porque las transformaciones afectan el empleo, los servicios, los precios y las oportunidades de cada comunidad.
El superávit municipal será sostenible únicamente si deja de ser una cifra aislada y se convierte en el resultado de una economía territorial más integrada. Para Guantánamo, el desafío consiste en transformar potencialidades naturales, empresariales y humanas en ingresos regulares, al tiempo que se protege la calidad de vida. Cambiar los resultados exige cambiar los mecanismos de producción, recaudación, control y participación que los generan.