Miles de habitantes del área metropolitana de Guadalajara marcharon este domingo para exigir una alerta sanitaria por el agua que llega a sus hogares con coliformes fecales, bacterias y metales pesados. La protesta, que reunió a cerca de 10.000 personas, refleja una crisis que dejó de ser únicamente ambiental: afecta la salud, el suministro doméstico y servicios esenciales como escuelas, comercios y hospitales.
Una contaminación que se extiende
Según el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo y organizaciones ciudadanas y científicas, al menos 320 colonias reciben desde marzo agua con olor a cloaca, sin cloración adecuada y con rastros de heces, mercurio y cadmio. El deterioro, presente desde hace tres años, se intensificó durante las últimas tres semanas y ha sido atribuido por los manifestantes a presuntas descargas ilegales en la presa de Las Pintas.
La exposición ya tiene consecuencias visibles. Vecinos reportan dermatitis, urticaria, irritación ocular y problemas gastrointestinales, especialmente entre niños. Algunas familias deben comprar agua embotellada incluso para lavarse la cara, limpiar alimentos o lavar los platos. El gasto adicional puede alcanzar 500 pesos semanales, una carga que obliga a muchos hogares a seguir bañándose con agua contaminada.
Respuesta oficial y nuevo impacto
El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció el cierre temporal de la presa, una medida que podría reducir hasta un 30 % el agua disponible y provocar cortes de uno o dos días cada semana. La decisión busca contener el riesgo, pero también confirma la fragilidad de una red marcada por infraestructura obsoleta, presunta corrupción y deficiencias financieras.
La emergencia alcanzó además a una clínica pública: pacientes sometidos a hemodiálisis denunciaron la suspensión de sus terapias porque el agua no podía utilizarse. La marcha terminó con al menos nueve detenidos, cuatro personas no localizadas y decenas de heridos después de que policías antimotines bloquearan el avance hacia la residencia del gobernador. El conflicto combina una amenaza sanitaria inmediata con una respuesta institucional que, hasta ahora, no ha restablecido la confianza pública.
