La zona metropolitana de Guadalajara, con unos 5,2 millones de habitantes, lleva semanas recibiendo agua oscura y con mal olor; algunos vecinos aseguran haber encontrado insectos. El Gobierno de Jalisco reconoció que el suministro sucio llegó a 107 barrios. La población ha recurrido a purificadoras y garrafones, mientras las ventas de filtros domésticos aumentaron cerca de un 30%.
Las autoridades atribuyen la crisis a una posible contaminación industrial de los afluentes y a décadas de falta de actualización de las redes de agua y drenaje. La explicación apunta a un problema que no se limita a la calidad del suministro inmediato: también expone la vulnerabilidad de una infraestructura esencial y la dependencia de los hogares de alternativas que implican un coste adicional.
Protestas y detenciones
El reconocimiento oficial avivó las protestas. Al menos 12 personas fueron detenidas, aunque reportes extraoficiales elevaron la cifra a 39. La policía empleó agua y gas lacrimógeno; medios locales señalaron que la respuesta alcanzó también a manifestantes pacíficos, incluidos menores y adultos mayores. La Universidad de Guadalajara informó que tres de sus estudiantes fueron detenidos y pidió esclarecer los hechos. La Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió cinco quejas por presunto abuso de autoridad.
La presidenta Claudia Sheinbaum calificó lo ocurrido como una «lamentable represión» y dijo que la Fiscalía General de la República podría investigar si se presenta una denuncia formal. La crisis combina así dos exigencias urgentes: garantizar agua potable y esclarecer la actuación policial, mientras los vecinos denuncian que no pueden realizar tareas básicas sin comprar agua o esperar una solución oficial.
