Para las familias con hijos menores de 15 años en Grecia, la propuesta supondría un cambio concreto: desde el 1 de enero de 2027, los niños que no hayan alcanzado esa edad no podrían acceder a servicios como Instagram, TikTok o Facebook. El cambio no se limitaría a una recomendación dirigida a padres e hijos. Las plataformas tendrían que comprobar la edad y aplicar el límite, bajo las obligaciones previstas en la legislación.
La medida todavía debe completar su trámite parlamentario. El proyecto está previsto que llegue a las comisiones el 13 de octubre y se debata y vote en el pleno el día 22. Por tanto, el calendario y las obligaciones definitivas dependen de la aprobación y de las disposiciones de aplicación. La fecha anunciada da a las empresas tiempo para preparar sus sistemas, pero para las familias también abre un periodo para entender cómo se verificará la edad y qué servicios quedarán incluidos.
Para los padres, menos vigilancia individual no significa menos acompañamiento
El argumento del Gobierno es que poner la responsabilidad en las plataformas puede ayudar a los padres, que hoy se enfrentan a servicios diseñados para mantener a los usuarios conectados. Si se aplica de manera efectiva, la regla podría reducir el acceso de los menores a redes sociales antes de los 15 años sin depender únicamente de que cada familia supervise cuentas, fechas de nacimiento y ajustes de privacidad.
Pero una restricción legal no resuelve por sí sola los conflictos cotidianos: qué hacer si un hijo utiliza la cuenta de otra persona, accede desde un servicio no cubierto o se encuentra con contenido dañino fuera de las redes incluidas. La propuesta establece obligaciones para las plataformas, no sustituye la conversación familiar ni ofrece, por sí misma, una solución a los problemas de sueño, concentración o acoso digital que preocupan a las autoridades. Para los padres, su efecto práctico dependerá de la calidad de los controles y de que exista información clara sobre cómo reclamar si el sistema falla.
La verificación debe comprobar una edad sin revelar una identidad
Una de las cuestiones más relevantes para los usuarios es qué datos tendrán que entregar para demostrar que cumplen el límite. Grecia señala Kids Wallet y Gov.gr Wallet como posibles herramientas, pero el proyecto adopta un principio de neutralidad tecnológica: no obligaría a todas las plataformas a utilizar una aplicación concreta. Sí exige que los métodos sean adecuados, fiables y proporcionales, y que procesen solo los datos imprescindibles.
La idea de las insignias digitales de edad busca separar dos cosas que con frecuencia se confunden: confirmar que alguien supera una edad mínima y conocer quién es esa persona. En teoría, una plataforma podría recibir una confirmación de edad sin acceder a todos los datos de identidad del usuario. Esa diferencia importa tanto a los menores como a los adultos, porque cualquier sistema de verificación puede convertirse en un nuevo punto de recopilación de información si se diseña o gestiona mal.
La prueba decisiva será que el control sea suficientemente difícil de eludir y, a la vez, no obligue a entregar más datos personales de los necesarios. Si la verificación excluye a usuarios legítimos por errores o les exige revelar información sensible, el coste de la política recaerá también en quienes intenta proteger. El texto plantea esos principios, pero su cumplimiento real solo podrá evaluarse cuando se conozcan los métodos concretos y las garantías técnicas exigidas.
Si una plataforma incumple, la vigilancia cruza fronteras
Para los usuarios, reclamar no dependería exclusivamente de una oficina nacional. La Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Correos de Grecia coordinaría la supervisión dentro del marco europeo de servicios digitales; también participarían las autoridades competentes en protección de datos y otras áreas. Cuando una plataforma esté supervisada en otro país de la UE, el caso podría remitirse a la autoridad de ese Estado. Para las plataformas en línea muy grandes, puede intervenir además la Comisión Europea.
Ese mecanismo responde a una realidad práctica: una persona puede vivir en Grecia y utilizar un servicio cuya supervisión corresponda a otro país. La cooperación europea permite encauzar denuncias, aunque también puede hacer que la resolución dependa de autoridades distintas. El incumplimiento podría dar lugar a sanciones según la infracción y la competencia aplicable; el proyecto no elimina la necesidad de que las autoridades aclaren cómo se tramitarán las quejas.
La edad mínima es solo una parte de la protección
El Gobierno presenta la iniciativa como prevención frente a riesgos para la salud mental, el descanso, la concentración y las relaciones sociales. Esa justificación conecta con una inquietud reconocible para muchas familias, pero la prohibición no demuestra por sí misma que esos problemas vayan a desaparecer ni permite anticipar su magnitud. Su eficacia dependerá de la aplicación del límite, de la respuesta de las plataformas y de las medidas de protección que sigan disponibles para los adolescentes de 15 años o más.
Para quienes viven fuera de Grecia, la noticia es también una señal de hacia dónde se dirige el debate europeo: cómo fijar límites de edad comunes para servicios digitales que operan entre países, sin convertir la protección infantil en una vigilancia generalizada. La propuesta griega pretende ajustarse al Reglamento de Servicios Digitales y contribuir a futuras reglas europeas. Para las familias, conviene distinguir entre el anuncio y una norma ya en vigor: primero debe concluir el proceso legislativo; después habrá que comprobar qué plataformas están cubiertas, cómo se verifica la edad y qué opciones tendrán los usuarios si el sistema se equivoca.
